Crucifijos que salen…y preservativos que entran

La maquinaria sigue en marcha. Y venga más vueltas de tuerca… apretemos un poco más, a ver hasta dónde aguanta la ciudadanía… ¡y vaya si aguanta!

 

De momento, con la proposición no de ley aprobada este miércoles en el Congreso, el Gobierno ya tiene una excusa (si es que le hacía falta alguna) para incluir la retirada de los crucifijos de las escuelas en la futura Ley de Libertad Religiosa. Da lo mismo que la «demanda social» venga por parte de un grupo minoritario, ERC, que se apoya en una sentencia particular del Tribunal de Estrasburgo que nada tiene que ver con España. Todo eso da igual. A las pretensiones de cualquier grupo minoritario se les da categoría de demanda social y, vía ley del embudo, se invocan determinadas sentencias cuando interesa y se olvidan otras cuando no sirven a los fines de este Gobierno. Se está convirtiendo en una costumbre esta perversión de la democracia que sirve para imponer a todos los postulados minoritarios de feministas de género, laicistas furibundos, abortistas, y lobbies varios.

 

Aunque algunos han intentado matizar que la retirada se refiere sólo a los centros públicos, lo único cierto es que ese término, público, se sacó de la proposición, que quedó finalmente redactada de la siguiente forma: «Insta al Gobierno a que impulse la retirada de los crucifijos de las escuelas».  A pesar de las matizaciones, de momento, y por si acaso, la Federación de Religiosos de la Enseñanza (FERE) ya se ha pronunciado con toda rotundidad. José Antonio Poveda, abogado de Escuelas Católicas, ha dicho en el blog de dicha entidad en Periodista Digital que «los crucifijos no van a salir de los centros católicos, estén o no concertados». Por su parte, Manuel de Castro, secretario general de FERE ha dicho que «el crucifijo es un elemento más de ese carácter propio confesional» y que «estamos ante una nueva prueba de intolerancia». Está muy bien que FERE haya dejado oír su voz rápidamente en este tema. No podía ser de otra manera.

 

La razón de ser de los colegios católicos es el derecho de los padres a elegir la formación moral de sus hijos, como viene recogido en el artículo 27.3 de la Constitución. «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que este de acuerdo con sus propias convicciones». Por eso, porque los poderes públicos han de garantizar ese derecho, no pueden imponer la retirada de los crucifijos de las escuelas… pero lo cierto es que tampoco pueden imponer la entrada de principios morales e ideologías ajenas a las convicciones de los padres, y sin embargo ya lo han hecho. Lo han hecho con la imposición de Educación para la Ciudadanía y lo van a seguir haciendo con la imposición de la educación sexual obligatoria.

 

En ambos casos, muchos hemos echado de menos afirmaciones tan rotundas como las de Poveda en el caso de los crucifijos. Tanto la imposición de EpC como la de la educación sexual que prepara el Gobierno van contra el artículo 27.3 de la Constitución, y hubiera bastado una postura tan clara por parte de FERE para frenar las pretensiones totalitarias de este Gobierno.

 

También se ha echado en falta alguna aclaración por parte de los responsables de FERE cuando los propios impulsores de EpC han desvelado el importante papel desempeñado por esta Federación  para imponer con facilidad las polémicas asignaturas, desactivando el movimiento objetor en sus centros. La pasada semana muchos medios se hacían eco de las palabras de varios ideólogos de EpC, recogidas por Profesionales por la Ética durante la presentación del libro de CIVES, La sentencia. Gómez Llorente afirmó que «la habilidad con que Alejandro (Tiana) consiguió separar las posiciones de FERE de las de la CEE fue maravillosa». Nada se hay dicho desde FERE; silencio absoluto.

 

También guardaron silencio cuando la prensa nacional del pasado 2 de agosto recogió las palabras de Rodríguez Zapatero durante  la entrevista mantenida por el presidente del Gobierno y el presidente de la Conferencia Episcopal Española. En dicha entrevista  se habló de EpC, y ante la sugerencia del cardenal Rouco de modificar algunos de sus contenidos, Rodríguez Zapatero afirmó que «existe un acuerdo cerrado sobre  esta asignatura (EpC) con la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE)». A pesar de la importancia de lo revelado por el presidente del Gobierno, desde FERE se guardó silencio, incluso cuando más de 40 plataformas de padres objetores enviaron una carta a Manuel de Castro solicitándole que confirmara o desmintiera si ese acuerdo se había producido.

 

Parece que en FERE han estado cómodos hasta ahora en su campana de cristal, aferrándose a esa falsa posibilidad de «adaptación», mirando hacia otro lado; hay demasiados silencios por parte de FERE que no nos ayudan a aclarar la situación. Ahora que se confirma que el Gobierno va a seguir apretando, atacando más la libertad de los padres y avanzando imparable en su proyecto ideológico, parece que no van a poder seguir en silencio. Con el tema de los crucifijos ya han hablado: «Los crucifijos no van a salir de los centros católicos, estén o no concertados». Esperemos que se oiga pronto, con la misma rotundidad, que «el personal sanitario contratado por el Ministerio de Sanidad no va a entrar en los centros católicos a imponer la visión de la sexualidad del Ministerio de Igualdad». Y, de paso, deberían reconsiderara su equivocada postura respecto a EpC. En cualquiera de estas batallas no estarán solos; estarán con los padres que han elegido libremente los colegios católicos para educar a sus hijos según su ideario. Estarán con los que siempre debían haber estado.