Asesinar la verdadera historia de la persecución religiosa de 1936

Me impregnó la sensación de encontrarme ante un gran fraude cuando, por considerarme interesado y algo experto en el tema, varios amigos me reenviaron cada uno por su lado la información publicada en el diario El País acerca de una investigación realizada por cuatro politólogos de diversas universidades sobre las matanzas de sacerdotes y religiosos en el territorio republicano durante la Guerra Civil de 1936-1939, informe pagado por el Memorial Democrático.

El estudio, dicen sus autores, es resultado de diez años de trabajo, y concluyen que aquella violencia anticlerical “no fue ciega ni indiscriminada, sino que obedecía a cálculos políticos”, y que los asesinatos no estuvieron motivados por el odio a la religión, sino que tuvieron “carácter estratégico”. Fueron principalmente, según los autores del estudio, dirigidos a “impedir la formación de una resistencia contra la República” y contra los clérigos que tenían poder e influencia civil.

En síntesis, que aquellos miles de asesinatos fueron organizados “desde arriba” y perfectamente programados. Descartan, por tanto, la argumentación que históricamente han mantenido los sectores de izquierda, que tales crímenes fueron realizados por “incontrolados” que actuaban por su cuenta sin recibir órdenes desde arriba, e incluso contra los dictados del propio Gobierno de la República (o en el caso catalán, de la Generalitat).

Flaco favor a la izquierda

Con respeto, pero con energía, me gustaría dirigirme a estos supuestos “estudiosos” de la Memoria Democrática. Supongo que Pedro Sánchez, Yolanda Díaz y sus adláteres en el Gobierno y en sus partidos les pegarán una bronca monumental y descartarán futuros encargos, porque de su trabajo sale una acusación contra la izquierda mucho mayor que la anterior.

Grave era lo sucedido, pero siempre tenían a su favor la defensa -parcialmente verdadera, aunque a menudo los “incontrolados” son los más “controlados”- según la cual los gobernantes se vieron desbordados por las hordas revolucionarias y no supieron o no pudieron frenar tal desvarío, pero mucho peor es decir que eran ellos quienes ordenaron las matanzas y seleccionaban a las víctimas que consideraban peligrosas. Son acusaciones directas a José Giral, Francisco Largo Caballero, Indalecio Prieto, Santiago Carrillo, Lluís Companys... y hasta al propio presidente Manuel Azaña, así como a sus ministros y altos cargos institucionales y de partidos de izquierda.

José Javier Esparza entrevista al historiador Juan Ernesto Pflüger sobre las matanzas de Paracuellos del Jarama.

Porque, démonos cuenta, hay una distancia abismal entre decir que una persona no ha estado a la altura para impedir unos asesinatos porque le ha faltado capacidad, habilidad o entereza de carácter para poner la carne en el asador y jugársela, que haber sido quien ordenó realizarlos. Aunque no falte culpabilidad en el primer caso, lo último es letal.

La persecución religiosa, una línea de acción general

Al margen de la oportunidad política de las conclusiones, antes de analizar el contenido del informe en sí mismo, permítanme los autores del informe, que espero lean este artículo, que me presente acerca de estudios míos que guardan relación con el tema.

He publicado libros como Católicos del bando rojo, Entre la Cruz y la República y, en catalán, Jesús en guerra, 100 Consells de Guerra” (franquistas) o La repressió franquista a Tortosa i el Delta de l’Ebre, todos ellos de muchos cientos de páginas, y aportando datos no precisamente condescendientes con la represión y formas de actuar del bando franquista. Ello aparte de conferencias, artículos y de otros libros sobre la guerra civil no referidos a la persecución religiosa o la represión.

Me parece necesario aclararlo, por la experiencia de que, por contradecir a algunos que reescriben la historia manipulándola según intereses, seré de entrada calificado por algunos de “fascista” y defensor del franquismo.

Sea cual fuere la convicción política, nadie con un mínimo de conocimiento del tema o una superficial observación puede obviar que el asesinato de 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 religiosos y 283 monjas, así como las circunstancias en que sucedieron la mayoría de ellos, no fue consecuencia de una selección estratégica uno a uno desde el poder, lo cual, incluso de ser cierto, podría afectar a poquísimos, como mucho a unas docenas.

Fue una decisión y línea de acción general por parte de anarquistas, comunistas, socialistas, el POUM y otros grupos, con condescendencia, colaboración o rechazo, según los casos, de miembros de partidos de la izquierda “burguesa”.

Por ejemplo, entre los matones hubo algunos de Esquerra Republicana de Catalunya, pero otros del mismo partido procuraban salvar a perseguidos.

Tales acciones se produjeron en territorio que quedó republicano (por tanto, algo más de la mitad del país) en los inicios de la guerra. Hay que aclarar que, aunque hubo asesinatos de este tipo a lo largo de todo el conflicto, la mayoría se produjeron en los tres o cuatro primeros meses. Luego fueron pocos, en primer lugar porque tampoco quedaban tantos curas a los que matar, ya que o estaban muertos o los supervivientes se habían escondido o huido, y, de otro lado, los dirigentes de la República pudieron controlar mucho mejor la situación.

En justicia hay que decir también que no faltaron dirigentes republicanos que procuraron salvar religiosos de la masacre, y en bastantes casos lo consiguieron. Y que incluso en la etapa final de la guerra desde el Gobierno de Negrín hubo intentos de regularizar la situación religiosa y dar cierta libertad de culto en algunos de los pocos templos que quedaban en la zona republicana. A esto último se negaron los sacerdotes que estaban en la clandestinidad, por considerarlo una maniobra interesada.

Objetivo: la aniquilación total de la Iglesia

Sigamos con el informe. Es bueno que sus autores sepan -parece que no se enteraron- que la persecución fue implacable, a muerte y a cualquier religioso por el simple hecho de serlo, desde el obispo hasta el vicario del último pueblecito, dirigida de forma radical a extinguir hasta el menor vestigio cristiano.

Además de matar a los sacerdotes y religiosos, decenas de miles de templos fueron destruidos o incendiados, con un enorme patrimonio cultural desaparecido. Ciudades en las que había docenas de templos no se salvó ni uno. En todos los pueblos las imágenes e iglesias fueron pasto de las llamas, y muchos convertidos en almacenes. Hasta las ermitas situadas en lugares recónditos a lo largo y ancho del país fueron saqueadas, quemadas y destruidas.

En cientos de iglesias, las tumbas fueron profanadas y los cadáveres vandalizados y expuestos.

Además, miles de civiles fueron también asesinados a causa de su fe, simplemente porque iban a misa o en su casa se encontró alguna imagen religiosa, aunque en estos sea más difícil afirmar en todos los casos que los mataron por motivos religiosos, puesto que se pueden aducir otras causas, tales como ser militantes o votantes de partidos de derechas, o empresarios, o propietarios de tierras. A los particulares se les ordenó bajo amenaza incluso de muerte que destruyeran estampas, medallas o imágenes religiosas que tuvieran. Pueden ustedes encontrar fácilmente las proclamas en tal sentido, que se hacían públicas.

Por odio a la fe

Por tanto, nada de selección de algún sacerdote en concreto que pudiera tener “influencia política”. Como en toda situación, pudieron darse casos puntuales, pero incluso de ser ciertos, reitero, son insignificantes ante el volumen total de asesinatos. Hagan los autores del informe un pequeño análisis: ¿creen que los cientos y cientos de curas de pueblos rurales asesinados tenían gran poder político? ¿O los 51 jóvenes seminaristas claretianos asesinados en Barbastro eran peligrosos dirigentes sociales? En esta misma diócesis de Barbastro, muy pequeña y poco poblada, ¿consideran que debían tener un gran peso político para asesinar al 84% de los sacerdotes de la diócesis? Y en diócesis como las de Tortosa y Lérida, tampoco capitales importantes, asesinaron a dos tercios de todo el clero. En muchos otros lugares los datos son similares. O que los cientos de monjes de clausura asesinados, que ni siquiera salían del convento y se dedicaban a rezar, eran peligrosos activistas. A no ser, claro, que rezar se considere acción política.

Los 51 mártires claretianos de Barbastro (Huesca), muchos de ellos aún seminaristas. Son solo una pequeña porción del clero de la diócesis que fue asesinado: un 84% del total.

Por si fuera poco, en una gran cantidad de casos los asesinatos estuvieron precedidos de terribles torturas y de sádicas mutilaciones. En bastantes ocasiones, de otro lado, a los sacerdotes, religiosos o seglares detenidos se les decía que si apostataban blasfemando, destrozaban un crucifijo o realizaban un acto sexual con una mujer les dejarían libres. Y se profanaron y robaron cálices y otros objetos litúrgicos, se profanaron sepulcros de monjas haciendo escarnio con los esqueletos o momias…

Todas estas acciones no se hacen si lo que se pretende es descabezar un poder “político”, porque se centraría en liquidar a unos posibles dirigentes. En el centro de todo estuvo el odio a la fe. Unos incitaban, otros ejecutaban. Comprendiendo que muchos de los anticatólicos veían a la Iglesia como parte de un sistema injusto.

Cosas muy evidentes

Y otro aspecto relacionable con el estudio, aunque no directamente en él, que es bueno que sepan tales “estudiosos”: en la sublevación militar no intervino el clero ni la Iglesia en general, solo con la excepción a título personal de algún sacerdote en Navarra. La implicación de la Iglesia en el bando nacional o franquista fue posterior, tras haberse desatado en el bando republicano la feroz persecución.

Siento decírselo a estos cuatro profesores-investigadores: el más elemental trabajo de investigación de fin de curso de un chico de bachillerato llegaría a conclusiones más serias y próximas a la realidad que ustedes, porque lo sucedido con la persecución religiosa de 1936 es extremadamente evidente. Si ustedes se hubieran limitado a decir que hubo algún caso de lo que afirman… siempre puede darse, pero no cambia lo global.

Un estudio que desprestigia la investigación histórica

Supongo que los rectores de sus universidades o los decanos de sus respectivas facultades los llamarán al orden porque han desprestigiado la investigación histórica en función de unos intereses o posiciones ideológicas. Otra vez sean más serios.

Investigar es indagar y dar como resultado lo que se encuentre a partir de los datos. No valen los resultados a priori ni el seleccionar un aspecto y sacar de ello conclusión global. Me han recordado ustedes a diversas auditorías de empresa que se hicieron públicas hace unos años. Mostraban resultados económicos muy favorables, y solo semanas después la empresa presentaba suspensión de pagos o quiebra. Todo estaba manipulado.