Más vueltas de tuerca

Durante la celebración del Comité Federal del PSOE el pasado 19 de septiembre de 2009, el secretario general de dicho partido, que es, a la sazón, presidente del Gobierno de todos los españoles (y que debería, por tanto, gobernar para todos), repetía una vez más, dentro de su largo discurso, lo que muchos tenemos claro hace tiempo: «Sabéis que tenemos un proyecto político que (…) es un proyecto exigente, ambicioso, de transformación y de cambio de la sociedad.(…) Y por supuesto, que lo vamos a llevar adelante». Antes de llegar a ese punto del discurso, ya había desgranado los hitos de ese proyecto, hitos que todos tenemos en mente.

 

Sabemos lo que ya han hecho…e intuimos lo que van a hacer a partir de ahora, porque generalmente no sueltan prenda hasta tenerlo todo atado y bien atado (ahí está, por ejemplo, la Ley de Libertad Religiosa de la que aún no se ha filtrado nada). A partir de ese momento, apoyándose en que «aquí lo único sagrado es la mayoría parlamentaria», como dijo Leire Pajín hace unos días, a golpe de mayoría agarran la apisonadora y pasan por encima de los derechos y de las libertades que no les gustan para plantar en su lugar lo que llaman nuevos derechos: «Pero en el campo de los derechos y libertades no hemos terminado. Un proyecto progresista nunca termina de extender derechos y libertades y de reconocer situaciones. En muy pocos días remitiremos al Parlamento la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. (…) Por ello, permitidme que haga una referencia a la ministra de Igualdad, porque ha hecho la tarea muy bien y ha soportado tantas críticas inasumibles en democracia. Tras la Ley que regula una nueva regulación de la interrupción voluntaria del embarazo, remitiremos al Parlamento la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, que será una nuevo avance en los derechos y libertades; (…) todas ellas tienen el mismo sentido, responden al mismo hilo conductor de un proyecto político (…)  Por eso, también remitiremos al Parlamento una Ley de libertad religiosa».

 

Llamativo el guiño a la ministra de Igualdad. No hay duda de que está haciendo la tarea que le han encomendado muy bien. Dicha tarea es llevar adelante ese proyecto de transformación de la sociedad, y en él se está empeñando a fondo, con gusto, sin importarle las críticas que son calificadas por el presidente del Gobierno de inasumibles en democracia. ¡Lo que nos faltaba por oír! ¡Ahora resulta que, en democracia, las críticas son inasumibles! Puede que lleguen a ser incluso delito. Aprovechando la Ley de Igualdad de Trato y no discriminación, ya se escuchan voces, como la de IU, que proponen tipificar como delito las «declaraciones manifiestamente homófobas», (y ya se encargará ellos después de definir qué es eso que llaman homófobo). Veremos si se atreven a dar esa vuelta de tuerca.

 

Como convertir en derecho el asesinato de niños no nacidos en el vientre de sus madres es algo tan brutal, parece que el apartado de la ley que corresponde a la educación sexual de los niños había quedado en un segundo plano. Ahora se está empezando a oír hablar del tema con más fuerza. Que nadie dude de que van a tener a los padres enfrente, impidiendo algo que sí es inasumible: convertir los colegios en centros de corrupción de menores. A partir de ahora, habrá que ponerse enfrente no sólo del Ministerio de Educación, sino también del de Sanidad. Las pocas cosas que se van filtrando, de momento, son absolutamente inaceptables. De entrada, tendrán que cumplir lo que dijo el Tribunal Supremo en una sentencia que tanto les gustó a este Gobierno y a los de CIVES (que hasta le han dedicado un libro que quieren que sea, ¡vano empeño por su parte!, el «acto final» al conflicto de Educación para la Ciudadanía). La famosa sentencia, que conviene recordar, dice que «el Estado no puede llevar sus competencias educativas tan lejos que invada el derecho de los padres a decidir sobre la educación religiosa y moral de sus hijos» y que el hecho de que una asignatura sea ajustada a derecho «no autoriza a la Administración educativa -ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores- a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas».

 

De la educación sexual (que algunos preferimos llamar educación en sexualidad y afectividad) se pueden decir muchas cosas, pero no se puede sostener que no invade el ámbito de la moral o que se trata de una cuestión que no es controvertida. Creo que nuestra ministra de Sanidad, que parece que va a encargarse del tema, comparte la idea de que es una cuestión controvertida, porque se cura en salud y quiere evitar el debate no dando voz a los de siempre: a los titulares del derecho a elegir la formación moral de los niños, o sea, sus padres. Ante la pregunta de si va a ser  una asignatura obligatoria en los colegios, ya sean públicos, privados o concertados, responde de la siguiente manera: «No querría entrar en detalles que pudieran generar polémica. Quiero ver cómo queda la estrategia, que aún no está terminada (…) No quiero adelantar nada porque lo último que quisiera es introducir polémica antes de que la estrategia se complete».

 

Esa parcela profundamente íntima, de tanta trascendencia para la vida de nuestros hijos, para Trinidad Jiménez es una estrategia que no quiere adelantar para evitar la polémica hasta dejarlo todo atado y bien atado, por ley, por esas leyes que están para cumplirse, como dicen prepotentes y amenazantes. Se inventan leyes, se inventan la falsa dicotomía moral pública-moral privada, y ahora se inventarán que enseñar lo que decidan Leire Pajín, Bibiana Aido, Pedro Zerolo, Zapatero, Trinidad Jiménez, la FELGTB con la indigna complicidad de la CEAPA, la presidenta de la Federación de Planificación Familiar Estatal, Isabel Serrano (defensora del aborto libre y de la píldora del día después, llegando, incluso, a negar sus efectos secundarios), o   el portavoz de la Asociación Estatal de Profesionales de la Sexología, Iván Rotella, es una cuestión de salud pública a la que no podremos negarnos. El portavoz de los sexólogos (que quieren  tener acceso libre a los niños a partir de los tres años) lo ha dicho muy claro: «Estamos trabajando para que la educación sexual se imparta de forma explícita y exclusiva en las aulas». ¿Qué les quedará, por tanto, a los padres? Empiezo a imaginarme que por ahí irán los tiros para haber sacado este tema del Ministerio de Educación, tan presionado por los padres objetores, y haberlo pasado al de Sanidad. ¿Qué harán con los padres que se nieguen a poner a sus hijos, de tres años en adelante, en manos de sexólogos o de enfermeros convenientemente programados por el Ministerio y los asesores de sus lobbies? ¿Los acusarán de atentado a la salud pública?

 

Desde luego una cosa pueden dar por seguro. Más tarde o más temprano, la polémica estará servida. A lo mejor esta vuelta de tuerca despierta de su letargo a muchos que se han acomodado como si el tema de EpC no fuera con ellos, sin querer ver la realidad…o sin querer asumir las dificultades que conlleva enfrentarse radicalmente a esta dura realidad. Ya empiezan a oírse de nuevo cada vez más voces llamando a los padres a evitar «por todos los medios a su alcance» la imposición de criterios éticos estatales. Efectivamente hay cosas en las que hay que emplear todos los medios a nuestro alcance. Y cuando el cerco se cierra…cuando la estrategia es atarlo todo con algo que llaman ley, aunque no sea más que un sucedáneo injusto e inmoral…cuando ya no se puede hacer nada… no olvidemos que entre esos medios siempre hay uno que no nos pueden quitar: la objeción de conciencia. Que la Ministra de Sanidad vaya estableciendo sus estrategias conjuntamente con el Ministro de Educación: al fin y al cabo, me parece que los dos tendrán que vérselas con los mismos padres y parece que son de los que están dispuestos a hacer. Todo por los hijos.