Natalidad, inmigración y productividad: no vamos bien

Apuntaré con concisión dos cuestiones vitales y de gran dimensión, que resumen bastante bien el fracaso actual de España. Una es la demografía. La otra, la productividad. Dos hechos auspiciados por la cultura dominante y las políticas públicas desarrolladas.

La tasa de fecundidad (1,19) está por debajo de la de Europa (1,53), que es mejor pero que tampoco alcanza la cifra de remplazo de 2,1 hijos por mujer (de 15-45 años), pero al menos en ellos existe un esfuerzo creciente para conseguirlo mediante políticas de ayuda a la familia. Es el caso de Suecia, Francia o, más recientemente, Hungría e Italia, como más destacados. No es el caso español. No solo estamos peor, también vivimos ajenos al problema.

España dedica solo el 1,3% del PIB a las ayudas a la familia y a la infancia. Mientras que la media europea es del 2,2%. Esto significa que España invierte un 40% menos que la media europea en política familiar. De cada 18 euros que España dedica a gastos sociales, solo 1 euro se dedica a la familia.

En comparación con otros países de Europa, España se encuentra a la cola en ayudas a la maternidad y a la crianza. Por ejemplo, Francia es el país de la unión que más PIB dedica a gastos sociales, alrededor del 4%, seguido de Dinamarca y Finlandia. El resultado son ayudas que superan los 900 euros por hijo y que el 92% de las plazas de las guarderías sean gratuitas. Otros países como Suecia, Italia o Alemania también ofrecen prestaciones más generosas y flexibles que las españolas. Italia más recientemente, con el gobierno Meloni, ha desarrollado un amplio abanico de medidas, entre las que destacan:

-una ayuda universal de entre 50 y 180 euros por hijo al mes, en función de la renta, hasta que el hijo cumpla 21 años o más si está estudiando o tiene discapacidad;

-una reforma de los permisos de paternidad para favorecer el empleo femenino y la conciliación familiar;

-la eliminación de impuestos a las familias con al menos dos hijos.

Estas medidas se enmarcan dentro del llamado Family Act, un proyecto de ley integral que busca relanzar la natalidad y mejorar la calidad de vida de las familias italianas.

El problema de la insuficiencia de nacimientos se ha agravado en España desde 2015, cuando el balance vegetativo, la diferencia entre nacimientos y defunciones, comenzó a ser  negativo, y alcanzará según el INE [Instituto Nacional de Estadística] un saldo negativo de mas de 122.000 personas en 2022.

¿Es la inmigración la respuesta?

Tal y como se plantea en España, la inmigración, lejos de formar parte de la solución, agrava el problema año tras año. Una inmigración masiva en un marco de déficit vegetativo importante y en una sociedad de envejecimiento galopante es, por mucho que la palabra desagrade a algunos, un proceso imperfecto de sustitución. Y esto tiene consecuencias muy negativas. Y es imperfecto, y esta cuestión es muy relevante, porque esta sustitución es ficticia en términos de productividad.

Un recién llegado tiene una productividad un 19% inferior a la de un autóctono, dado que su inversión en capital humano ha sido menor,  y cuando no es así, dado que un inmigrante tiene un capital social tendente a cero, su posibilidad de optar a trabajos más productivos se ve muy limitada a pesar de su calificación. La única excepción son los inmigrantes europeos, pero su número es reducido comparado con el resto.

Según Fedea [Fundación de Estudios de Economía Aplicada, Inmigración y políticas migratorias en España] y Funcas [Fundación de las Cajas de Ahorros, La inmigración en España], la persistencia de un nivel tan bajo de fecundidad en una población cada vez más longeva supone un reto para la sostenibilidad del estado del bienestar y, en particular, para el sistema de pensiones y la organización social de provisión de cuidados. Además, la baja fecundidad implica que muchas personas y parejas no pueden cumplir sus deseos reproductivos, lo que afecta a su bienestar personal y familiar. La avanzada edad de la mujer en la gestación del primer hijo y la tardanza en la emancipación de los jóvenes, son factores determinantes que nos remiten a múltiples causas: la precariedad laboral, la falta de apoyo institucional a la crianza...

Pero también es evidente que hay un potente factor cultural: la corriente que sostiene que no se deben llevar hijos a un mundo en crisis. También el marco de referencia de un determinado feminismo, que ve en la maternidad una supeditación al hombre, sería una poderosa causa del desapego hacia la posibilidad de ser madre. Otra sería la conversión del aborto en un «derecho», que liquida toda trascendencia al engendrar y del hijo engendrado.

La baja fecundidad también tiene efectos sobre la economía, como la reducción del mercado laboral, el aumento de la dependencia y la presión sobre el sistema de pensiones.

La baja natalidad implica una menor demanda interna, una menor innovación y competitividad. Además, afecta a la distribución de la renta y la riqueza entre generaciones, ya que las familias con hijos deben asumir unos costes que no se ven compensados por las políticas públicas. La menor natalidad entre el máximo decil de renta tiende a favorecer la concentración del capital y aumentar la desigualdad.

La relación entre baja natalidad, inmigración y productividad es compleja y depende de diversos factores, como el nivel de educación, la integración laboral y social, y las políticas públicas de los países receptores. La inmigración puede estimular el crecimiento económico y la productividad en las economías avanzadas al aumentar la oferta y la diversidad de la mano de obra, el capital humano y la innovación, en la medida que la estructura productiva del país lo favorezca y la inmigración posea altos niveles de preparación. En este supuesto, lo que acaece en sentido negativo es una descapitalización humana de los países de emigración.

Sin embargo, también puede generar presiones sobre los salarios, el empleo y los servicios públicos, especialmente si los inmigrantes tienen dificultades para adaptarse al mercado laboral y a la sociedad de destino, y también si su efecto en el país receptor es favorecer el crecimiento de los sectores de baja productividad e intensivos en mano de obra. El ejemplo paradigmático es la hostelería y el turismo.

Por otra parte, la baja natalidad puede tener efectos negativos sobre la productividad al reducir el tamaño y la calidad de la población activa, y aumentar la carga fiscal y el gasto público en pensiones y salud. No obstante, también puede tener efectos positivos al incentivar el ahorro, la inversión y la mejora de las condiciones laborales de las mujeres.

Pero, ¿en qué casos  es un factor favorable o por el contrario contraproducente, como ha funcionado en España? 

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En cualquier caso, las consecuencias en el inicio de la tercera década del siglo XXI y después de distintas oleadas de inmigración están a la vista. Las cifras lo evidencian:

El 95% de los lugares de trabajo creados este último año en España (primer trimestre de 2022 a primer trimestre de 2023), han sido ocupados por personas que no han nacido en el país. Estos son los datos que proporciona el estudio La inmigración en el mercado laboral en España, del observatorio demográfico de la Universidad San Pablo CEU, realizado a partir de la explotación de los microdatos de la Encuesta de Población Activa (EPA). Si lo consideramos en función de si tienen la nacionalidad extranjera o la doble nacionalidad, la cifra se sitúa en el 77%. Esto significa 348.600 puestos de trabajo en el primer caso. Y en el segundo, 284.400 sobre el total de 368.100 ocupados nuevos en aquel período de tiempo.

Economistas de referencia como Joan Oliver y Miguel Puig, quien ha tratado con detalle el tema de la inmigración y la renta, y el coordinador del Observatorio, Alejandro Macarrón, coinciden en señalar que la economía española se ha especializado en generar lugares de trabajo de bajo valor añadido. Puig ha llegado a escribir que los españoles solo pueden aspirar a lugares de trabajo que liberen otros empleados que se jubilan, y no los nuevos lugares, que básicamente corresponden al sector turístico y en menor medida a la construcción y a la agricultura. Macarrón subraya este aspecto: “Los españoles hemos dejado de ser competitivos en España”.

Esta afluencia y ocupación masiva de lugares de trabajo tiene consecuencias graves que se pueden resumir en estos términos:

-Un creciente impacto social y cultural que puede llevar a reacciones políticas, como las que se han producido en las elecciones locales en Ripoll.

-Saturación de los servicios públicos gratuitos, como la educación y la sanidad. De hecho, el doctor en economía y catedrático de la Universidad Pompeu Fabra especializado en el sector público, López Casanovas, considera que el actual colapso de la sanidad pública es debido a la gran cantidad de extranjeros con enfermedades  graves que deben ser atendidos. Llega a postular un sistema de carencia temporal para evitar esta saturación. Esta saturación de los servicios públicos genera una reacción en cadena. Por ejemplo, disminuye el rendimiento escolar si no aumentan los recursos educativos. También en el caso de la sanidad pública, desvía  hacia las mutuas y la asistencia privada una porción importante de población de quien puede pagárselo, a causa de las demoras y listas de espera, de manera que uno de cada cinco habitantes tiene un seguro privado, cifra que en Madrid alcanza el 38% y en Cataluña el 33%. Según el presidente de Federación de Asociaciones por la Defensa de la Sanidad Pública, Marciano Sánchez Bayle, por cada día de demora en conseguir cita en atención primaria 289.000 personas se pasan a la sanidad privada. Al margen de la exactitud y significado preciso de la cifra, lo que es evidente es que el incremento de seguros privados desde 2020 ha crecido un 3%.

-También incide sobre la vivienda la llegada masiva de inmigrantes: aumenta la demanda de inmuebles, que ya se encuentra tensionada. Para el economista Joan Oliver, los crecientes incrementos de precio en las grandes ciudades receptoras de inmigración no se explican sin el aumento que esta ha venido registrando. En esta misma línea, el investigador de la Reserva Federal de San Francisco, Joan Monrás, escribe en Papeles de Economía Española del mes de junio, dedicado a la inmigración, que “los inmigrantes están limitando la capacidad de los trabajadores nativos para trasladarse a las grandes ciudades” por la presión que ejercen sobre el precio de la vivienda.

Miquel Puig, por su parte, se refiere a que la obsesión por crear puestos de trabajo en España sin atender a sus características está llevando a estas consecuencias no deseadas, que van a tener resultados muy graves y crecientes con el paso del tiempo. El propio Instituto Nacional de Estadística (INE) prevé que se mantendrá a lo largo de las futuras décadas un balance neto de inmigrantes cercano al medio millón hasta el 2026 y desde este año hasta 2037 de algo más de 300.000 al año.  El INE ha establecido una previsión de inmigración y emigración a largo plazo en el marco de las Proyecciones de Población 2022-2072. Entre 2022 y 2026 se prevé un flujo de inmigrantes cercano al millón y una emigración por encima de los 500.000.

Mientras todo esto sucede, la situación de la natalidad española es terrible. De tal manera que la revista The Lancet ha publicado un trabajo del Instituto de Métricas y Evaluación de la salud (IHME) de la  Universidad de Washington que señala a 23 países del mundo que se encuentran en grave crisis demográfica en el presente siglo. De ellos, tres destacan por sus pésimas previsiones. Son Japón, Italia y el tercero es España. Su población sin inmigración, considerando su dinámica vegetativa, se reduciría casi a la mitad de aquí a 2100. La tasa de fecundidad española se encuentra entre las peores del mundo (1,19) y todavía es inferior entre las mujeres autóctonas.

La cuestión de la productividad

Esta apelación masiva a la inmigración en el marco de una población en déficit vegetativo tiene un fuerte impacto en la productividad. La inmigración de sustitución acentúa la baja productividad, que es uno de los grandes problemas clave de España.

Con datos referidos a Cataluña (pero la situación española no es ciertamente mejor), su Productividad Total de los Factores (PTF), según el informe de la Secretaria de Economía de la Generalitat, solo se ha incrementado 0,3 puntos en los últimos 18 años, si bien, como es lógico ha fluctuado según las condiciones a lo largo del periodo. Pero la conclusión no puede ser más evidente, y también su reflejo en la renta de las personas. Si el PIB per cápita en paridad de poder de compra en relación con la UE era del orden del 125% en los primeros años del siglo, en 2020 Cataluña había perdido posiciones hasta bordear la igualdad, en un proceso continuado de decrecimiento.

La pérdida ha sido muy importante, y en parte se debe al factor demográfico apuntado antes: entre 2000-2016, y sobre todo hasta 2007, Cataluña ha experimentado una de las tasas de crecimiento de la población más elevadas de las economías comparadas durante aquellos años, del orden del 1,03% a. ac. [anual acumulativo], superior incluso a la dinámica demografía de los Estados Unidos, cuyo crecimiento fue del 0,86% a. ac., mientras que el de la zona euro quedó reducido a 0,38% a. ac.

Cataluña, España, crece en PIB a base de incorporar población, y decrece en renta per cápita de poder adquisitivo equivalente, porque la mayoría de las nuevas aportaciones al trabajo son de baja productividad. De esta manera, además, se expanden los sectores que poseen esta característica, relegando a la excepción el desarrollo de los sectores más productivos y de mejor PTF [Productividad Total de los Factores], y ella es el factor determinante de la renta  y nos dice  cómo combinamos  los recursos, capital, trabajo, progreso técnico y también otras cuestiones, como la educación y formación, las infraestructuras, la I+D y su aplicación al proceso productivo, la competencia efectiva y el grado de acierto de las políticas públicas.

La mejora de las condiciones de vida de España pasa necesariamente por tres factores:

-una reducción de la inmigración y un carácter más selectivo y una mejor acogida de ésta, lo cual exige más y mejores ayudas a los países que se caracteriza por su necesidad emigratoria;

-una política familiar integral y bien dotada de recursos a semejanza de la Family Act italiana, unido a un cambio en la cultura dominante sobre la consideración de la maternidad y la familia; y

-una acción integral también para mejorar la PTF.

Publicado en La Vanguardia en dos partes: una y dos.