Que echen a las monjas

Y a los frailes y a los curas. Que les cierren los colegios... Es lo único que les falta pedir. Y el hecho de que no lo digan me hace pensar de forma más crítica, ya que el tono de sus reclamaciones es tan negativo y tremendista. Me refiero a la campaña “Por una sociedad laica. Por una escuela laica”, promovida en Zamora por varios colectivos políticos y sociales. A la vista del tríptico que nos dan en la calle, con el lema “Religión fuera de la escuela” se me ocurren muchas cosas, como ciudadano y creyente católico (si se me permite serlo simultáneamente, claro). Señalo algunas de ellas a modo de síntesis. 1. La escuela no ha de ser un lugar de exclusión, se dice. Totalmente de acuerdo. Por eso, y basándose en el artículo 27.3 de nuestra Constitución, existe la Enseñanza Religiosa Escolar que, si aún no lo saben, no es obligatoria. Sería conveniente aplicar de verdad algo que afirma el folleto: “el deseo de unos no puede atentar contra la libertad y los derechos de otros”. ¿Por qué me da la impresión de que se está identificando de forma partidista a esos “unos” y “otros”? ¿No son los creyentes –católicos o no– sujetos de la libertad religiosa y del derecho a la educación de sus hijos según sus propias convicciones? La escuela pública ¿no es de todos? Hasta lo que yo sé, a nadie se impone la clase de religión, ni es elemento de discriminación. 2. Se equipara la solicitud de la enseñanza confesional con la obligación a declarar las propias creencias, que vulneraría un derecho constitucional (16.2 CE). Esto no es verdad. Solicitar la clase de religión es solicitar la clase de religión, nada más. Hay padres que quieren esa educación para sus hijos sin pertenecer a la confesión de que se trate. 3. Por lo que se ve, los padres católicos –supongo que también los judíos, musulmanes y evangélicos– se dedican a exigir, imponer, discriminar, confundir, obligar... Además, quieren educar en dogmas y verdades únicas y excluyentes. Cualquier día algún rebotado del álgebra y la geometría alzará el dedo acusador exigiendo la salida de las matemáticas del horario lectivo, por su imposición de datos y teoremas. 4. Si mis conocimientos son correctos (fruto de tres cursos en la escuela concertada y once en la pública), el régimen político anterior acabó hace tiempo. Tenemos desde 1978 una Constitución que reconoce la libertad religiosa (no nos la otorga, porque es un derecho humano anterior a toda legislación positiva) y desde 1980 una Ley Orgánica que la regula. Tenemos desde 1979 unos Acuerdos con la Santa Sede y desde 1992 unos Acuerdos de cooperación con las confesiones de notorio arraigo (judíos, musulmanes y evangélicos). Tenemos un Estado aconfesional en el que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones” (16.3 CE). Que no nos vendan la moto de que hay imposición doctrinal. Un Estado que reconoce de esta manera la libertad religiosa no sólo tolera o tutela este derecho, sino que asume el compromiso de la promoción de las diversas confesiones, para que sea real y efectivo el ejercicio de esta libertad de los individuos y de los colectivos, en público y en privado. Detrás de todo esto hay una concepción sumamente negativa de lo religioso que puede llevar a restricciones de la libertad religiosa y de conciencia intolerables en un Estado democrático moderno. Si la religión es tan mala, que no sólo la saquen de la escuela pública. Que cierren tantos colegios que tienen un ideario confesional y lavan el cerebro a nuestras pobres criaturas indefensas con el cuento de que hay verdades absolutas. Que los integrantes de la campaña “Por una escuela laica” les eduquen en su presunta neutralidad. Y, por supuesto, que echen a las monjas. Luis Santamaría del Río, diácono