El aborto como valor fundamental

El pasado domingo, con motivo de la Jornada por la Vida, el Cardenal Cañizares recordó “que el mayor ataque contra la vida sigue siendo la práctica del aborto”, con más de un millón de “seres humanos débiles e indefensos aplastados” en los últimos veinte años en España “en su derecho fundamental a la vida”. Para el Cardenal primado de España, no tardará en llegar el día en que el hombre se avergüence, como antes lo hizo ya con la esclavitud, de esta lacra y de “esta cultura de muerte legalmente establecida”. La ley sobre el aborto se ha convertido en lo que Robert Spaemann denomina como el peligro significado en la tendencia a sustituir el discurso sobre los derechos fundamentales por el discurso sobre los valores fundamentales. Existe una gran contingencia allí donde el poder estatal – alegando valores más elevados, entre los cuales se encontraría la dogmática y relativista tolerancia – se considera legitimado para prohibir algo a los hombres sin fundamentación legal. ¿Qué quiero decir con esto? El Estado no hace derivar su legitimidad de la verdad de las convicciones, sino de la political correctness, de la corrección procedimental de sus mecanismos políticos. Es aquello mismo que afirmaba Thomas Hobbes: non veritas sed auctoritas facit legem. Sin embargo, de la verdad de las convicciones sólo se puede prescindir en la medida en que la vida constituya un valor absoluto, innegociable, sagrado. Los procedimientos legales producirán legitimidad cuando generen una praxis conforme a la justicia. En una comunidad de valores, es decir, en una dictadura de opiniones políticas donde sólo existe una ponderación de valores, la vida sólo es eso, un mero valor parangonable a cualquier otro, y que es necesario sacrificar en determinadas circunstancias. El ejemplo más abyecto no es sólo el celebrado triunfo postmoderno de la libertad de investigación como derecho fundamental incondicional (habría que recordar aquí al legislador que no se deben matar seres humanos al comienzo de su existencia con el fin de que otros seres humanos puedan vivir mejor), sino la misma absolutización de la libertad del hombre sobre el derecho inviolable a la vida. Así estamos. Poco o nada hemos avanzado. El parlamento sigue siendo el mayor exponente de la intolerancia, del relativismo moral y político, en la medida en que no se respeta el derecho fundamental a la vida. Hay siempre circunstancias en las que los hombres se obstinan en que no vale la pena conservar la paz. Una de ellas es preferir eliminar el discurso sobre la vida buena, aquello mismo que llevó a Bertold Brecht a afirmar: “hemos decidido temer más nuestra mala vida que la muerte”. Los valores no se eligen, sino que preceden a cualquier elección y fundamentan esa misma elección, aquello en lo que se cree, el mismo ordenamiento jurídico. Sólo el respeto a la vida, como bien asevera el Cardenal Cañizares, “puede fundamentar y garantizar los bienes más preciosos y necesarios de la sociedad, como la democracia y la paz”. Aquí la Iglesia constituye un excelente activo, aunque no es su principal interés la protección y el derecho a la vida, algo que compete y que es una misión de Estado. Eso sí, la Iglesia “no cejará en la defensa del hombre amenazado”, para que “resuene en nuestra sociedad el Evangelio, confirmación del valor de la vida humana y de su carácter inviolable”.