La urgente reforma del aborto

El Gobierno debería acometer con urgencia y coraje la reforma de la ley del aborto anunciada, trascendiendo el atávico complejo de inferioridad cultural que arrastra frente a la izquierda en la sociedad española. Y debería hacerlo ahora, en el tiempo oportuno, precisamente cuando las amenazas son mayores por parte de aquellos que, con un inmenso superávit de intolerancia, se ensañan contra la intención de restituir legalmente el carácter inviolable y sagrado de toda vida humana.

Todo empezó hace unos días con las declaraciones del secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba: si se cambian las leyes hechas por nosotros, plantearemos la revisión de los Acuerdos entre el Estado español y el Vaticano. Como la estúpida seguridad biempensante, narcisista y enojada, de quien se cree más libre por no profesar ninguna fe, Rubalcaba se retrataba a sí mismo en su pública confesión, revelaba el ideal y el estilo del socialismo que preconiza, la imagen del petulante laicismo que acompañará cada una de sus actuaciones, en una variante totalitaria que, lejos de envanecerse en defender la libertad, no respeta ya siquiera otras formas de vida distintas a la suya.

Si como dice Rubalcaba, “la única moral oficial está en la Constitución”, ¿no es una intimidación ideológica deslegitimar el Estado de Derecho desde el intento barriobajero y chulesco de una propuesta unilateral de revisión de los Acuerdos, donde lo esencial es la imposición ideológica de criterios partidistas? ¿Es ésta la ética del diálogo y del consenso, la ética comunitaria, cívica o de mínimos, una ética precedida por el chantaje partidista del “patriotismo constitucional”, reclamando para sí la función del valor y del bien como hacen los estados totalitarios? Es evidente que lo éticamente bueno no se reduce a lo permitido por la Constitución. Lejos del marco constitucional, Rubalcaba rechaza cualquier pretensión de carácter vinculante, tanto en el terreno cognitivo, como en el ético y religioso. Es lo que Spaemann denominaba como nihilismo banal.

Todavía peor: Rubalcaba escenificaba con esas declaraciones su propio exilio personal del ámbito constitucional. Superar el marco de las relaciones Estado-Iglesia es una vieja aspiración laicista, un plan ideologizante que consiste en la obstrucción máxima al cumplimiento de los Acuerdos hasta su derogación. Pero esa ambición se quiere resolver no ya desde la laicité ouverte, sino reduciendo a la Iglesia al ámbito de lo privado, silenciándola con el fin de salvar al Estado de cualquier intento de interferencia de la vida pública por parte de la Iglesia. En lugar de cooperación constitucional, se busca la amenaza y la confrontación, es decir, la propuesta de algo inconstitucional, de una axiomática desobediencia a la Constitución.

A las declaraciones de Rubalcaba, donde se mostraba que la hegemonía ideológica de la izquierda no está dispuesta a ceder ni un ápice en sus conquistas sociales “progresistas”, se han sucedido otras actuaciones, como la información de que el partido socialista se reunirá con colectivos abortistas para “intentar frenar” la reforma de la ley del aborto, que califican de “regresiva”. No olvidan la formidable aspiración de Gramsci, en su pretensión de crear el Club de vida moral, un cambio antropológico y cultural, un cambio moral donde el país se jugaría el futuro.

Ahora, sin duda, es el tiempo propicio para ese cambio, pero con una distinta dirección a la asignada hasta la fecha por la izquierda, y con la meta de la defensa de la vida humana como auténtico y único progreso. La verdadera regresión consistiría en mantener sine die un mal objetivo, haciendo incomprensible el bien, la síntesis perfecta de ser y de valor que significa la vida. ¿Quién en su sano juicio puede calificar el derecho al aborto como un progreso y el derecho a vivir como una regresión?

Y finalmente, los abortistas solicitan la publicación de los nombres de médicos objetores para garantizar el “derecho” al aborto. Piensan que detrás de la objeción de conciencia está la Iglesia. Otra coacción totalizante más con el fin de discriminar a quien disienta de sus planteamientos inmorales, teniendo como objeto bélico fundamental a la Iglesia. La objeción es la mejor alternativa posible cuando la ley obliga a practicar abortos. El hombre no puede obedecer a una ley inmoral en sí misma. ¿No es propio de estados totalitarios que los médicos o cualquier otro agente sanitario se vean obligados a practicar abortos, teniendo que elegir entre la ley de Dios y su situación profesional?

El PSOE proviene de una tradición laicista y anticlerical, moduladora de modo pragmático, según convenga a los tiempos, de una cultura que desprecia la Iglesia y la religión católica, consciente de que ésta no negociará jamás con el carácter sagrado de la vida. Si es verdad que para el PSOE la “cuestión católica” como cuestión cultural y sociopolítica nunca ha sido una cuestión importante, no es menos cierto que la Iglesia -como advirtieron con sagacidad Juan Manuel de Prada y Contreras Peláez en estos días- se ha convertido en el auténtico enemigo para el socialismo destructor del valor inviolable de la vida.

El único Estado de Derecho será aquel que reconozca el principal de los derechos humanos, el primer derecho de una persona humana, como es el derecho a la vida, la abolición de la ley que despenalice el aborto, la eliminación de aquellas leyes que permitan el asesinato directo de un hombre inocente, calificado por la madre Teresa como “el principal destructor de la paz en el mundo de hoy”, y por Juan Pablo II en la encíclica Evangelium vitae como “el asesinato intencionado de un hombre inocente”.

Existe la grave obligación de rehabilitar a la conciencia colectiva el carácter delictivo del aborto en lugar de su asunción como derecho, denunciar la “conjura contra la vida” y “la cultura de la muerte” promovida por numerosos gobiernos y fuertes corrientes económicas y culturales. No pertenece a la autoridad pública ni a la sociedad, ni tampoco a la familia o a los agentes sanitarios, conceder o suprimir este derecho a vivir, en la medida en que es un derecho anterior a la misma sociedad, siendo el Estado quien tiene la misión de preservar los derechos de los más débiles y el actual Gobierno el compromiso asumido de una urgente reforma del aborto.

Roberto Esteban Duque, sacerdote y profesor de Teología Moral