Morín, Sendín y la deontología
Un auténtico médico no mata conscientemente ni facilita que otros lo hagan.
El pasado lunes el diario LA RAZON, bajo el título “abortos con deontología” publicaba una noticia sobre el caso Morín, acusado de haber cometido abortos ilegales durante el tiempo en el que regentaba las clínicas ginecológicas Ginemedex, CB Medical y EMECE. La Razón asegura haber tenido acceso a un escrito presentado por el letrado que defiende al Licenciado en Medicina, en el que sostiene que «En dichas clínicas, y bajo la supervisión del Instituto Catalán de la Salud, se practicaron interrupciones voluntarias del embarazo y bajo el consentimiento de las pacientes, ajustadas a la más absoluta deontología profesional, siguiendo los protocolos médicos establecidos y con la diligencia debida que todo profesional de la medicina»
En los años en los que el Sr. Morín se dedicaba a destruir vidas humanas como medio para interrumpir embarazos, estaba vigente el Código Deontológico de 1999 y la ley de aborto aprobada por el gobierno de Felipe González bajo la que vio la luz. Ley que consiguió que en España dejaran de nacer millón y medio de bebés durante los años que estuvo en vigor; una parte no despreciable en los establecimientos del empresario del aborto el Sr. Morín.
Sin embargo, la actuación de Morín nunca fue acorde a la deontología. Si bien es cierto que la Organización Médica Colegial permitió el sometimiento de la deontología a la ideología ya en 1999 al renunciar a perseguir disciplinariamente a aquellos licenciados en Medicina que ejecutaran abortos dentro de límites de la ley González confundiendo ley con ética médica, el aborto, en tanto que implica una acción homicida, nunca ha sido un acto médico. De hecho el artículo 23 del citado código decía textualmente: "El médico es un servidor de la vida humana. No obstante, cuando la conducta del médico respecto al aborto se lleve a cabo en los supuestos legalmente despenalizados, no será sancionada estatutariamente". Pero el artículo 27.3 establecía que: "El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste" y se contaba con un artículo, derogado en el nuevo código deontológico aprobado durante el zapaterismo bajo la ley Aido en julio de 2010, que obligaba a tratar al ser humano en desarrollo bajo las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente; era el art 24.1, que rezaba: "Al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes".
Por tanto, el Sr. Morín podrá alegar que se ganaba la vida dedicando sus conocimientos técnicos a destruir seres humanos en gestación y que ello era legal, pero en ningún caso puede sostener que su actuación fuera acorde a la ética y a la deontología médica. Un auténtico médico no mata conscientemente ni facilita que otros lo hagan. Será misión de los jueces decidir si todos los homicidios de nasciturus que cometió Morín se ajustaban a los supuestos de despenalización de la anterior ley.
No entenderemos bien el problema del aborto mientras no estemos dispuestos a analizar la responsabilidad y el papel que los médicos, ejecutores o facilitadores que consienten, desempeñan en él. No lo entenderemos si no se analiza el papel que juegan las poderosas organizaciones sanitarias como la Organización Médica Colegial (OMC) o la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la propia OMS. Por eso muy importante que quien regule el aborto no sea el Ministerio de Sanidad sino el de justicia, idea que no gusta demasiado a los empresarios del aborto según las declaraciones de ACAI a Europa Press. Son los industriales del aborto los que están interesados en hacer del aborto una cuestión médica, y lo hacen con el pretexto de la seguridad haciendo creer que legalizar el aborto ,por arte de magia, lo convierte en seguro. Para ello siempre han mentido exagerando el número de abortos clandestinos como confesó Bernard Nathason. Pero el aborto disminuye si se persigue a todos los aborteros, sean estos licenciados en medicina o curanderas, cometan el crimen de forma clandestina o a la luz del día, en una clínica o en un apartamento, sean los matarifes o los burócratas que lo facilitan como en Nurenberg. Si de verdad proteger la vida penalmente aumentara el número de delicuentes que hagan abortos clandestinos no quedará otro remedio que dedicar un mayor contingente policial a perseguir a los médicos que consienten ejecutar a un ser humano si una mujer lo demanda.
Pero lo más lamentable del asunto no es que un empresario de negocios sanitarios acusado de destruir vidas de manera ilegal con ánimo de lucro quiera ser presentado por su abogado como un médico ejemplar y altruista, no. Lo verdaderamente triste es la cuestión de fondo; que los órganos de la OMC hayan consentido que desde la política se regule la deontología profesional renunciado, de hecho, a Hipócrates y que estas concesiones puedan ser la excusa y la coartada para un presunto criminal.
Una nueva vuelta de tuerca es lo que ha supuesto el nuevo código deontológico de la era del Dr. Rodriguez Sendín, actual presidente de la OMC, al que con desmedida cursilería han llamado la "Constitución" de los médicos ( a pesar de no habernos permitido votarlo en referedum como cualquier constitución democrática). El ya conocido como Código Sendín persiste en el error de confundir ética y ley renunciando a sancionar a los médicos abortistas a la par que obliga a declararse objetores a aquellos que quieran seguir fieles a la ética médica, con el agravante de sancionarlos si se niegan a participar en el trámite informativo o consultivo. En este nuevo código el aborto no ha sido excluido de la definición de acto médico y bajo el dogma de la “obligación de informar” se convierte al médico-incluso al objetor-, en facilitador consciente, convirtiendo al sistema sanitario en el principal suministrador de clientes de los centros abortistas.
Para hacernos una idea de esta nueva deontología del “talante” en la que se escuda Morín basta ver la declaraciones del presidente de la OMC, Dr. Sendín a Europa Press, que se muestra muy favorable a que los médicos receten píldoras potencialmente abortivas al impedir la implantación del concebido causando su muerte y que no pone reparos a que los médicos ejecuten o faciliten abortos si las menores son acompañadas por sus padres o si son mayores de edad. Aceptando, como Morín, que la destrucción de la vida humana es necesariamente una función del médico moderno acorde a la deontología.
Ambos parecen creer la premisa de que el bien y el mal no existen sino que sólo existe el poder, como discurria el malo de "Harry Poter y la Piedra Filosofal". Creen en la autodeterminación de la mujer para eliminar al hijo antes del parto y que el médico a la fuerza ha de complacer estando obligado a delatar al inocente si pudiera ser hallado culpable de ser indesable por no haber sido planificado o habersele detectado algún defecto en su desarrollo. Algo que Al Pacino denunciaba en su explendida interpretación en la escena final de "Esencia de Mujer" en defensa del joven que estaba dispuesto a jugarse su futuro por no acceder al soborno para delatar a sus compañeros aunque fueran culpables de una travesura. Han olvidado algo muy importante en la profesión médica: la integridad.
Esteban Rodíguez Martín es presidente de la Comisión Deontológica de Ginecólogos DAV
www.ginecologosdav.org
En los años en los que el Sr. Morín se dedicaba a destruir vidas humanas como medio para interrumpir embarazos, estaba vigente el Código Deontológico de 1999 y la ley de aborto aprobada por el gobierno de Felipe González bajo la que vio la luz. Ley que consiguió que en España dejaran de nacer millón y medio de bebés durante los años que estuvo en vigor; una parte no despreciable en los establecimientos del empresario del aborto el Sr. Morín.
Sin embargo, la actuación de Morín nunca fue acorde a la deontología. Si bien es cierto que la Organización Médica Colegial permitió el sometimiento de la deontología a la ideología ya en 1999 al renunciar a perseguir disciplinariamente a aquellos licenciados en Medicina que ejecutaran abortos dentro de límites de la ley González confundiendo ley con ética médica, el aborto, en tanto que implica una acción homicida, nunca ha sido un acto médico. De hecho el artículo 23 del citado código decía textualmente: "El médico es un servidor de la vida humana. No obstante, cuando la conducta del médico respecto al aborto se lleve a cabo en los supuestos legalmente despenalizados, no será sancionada estatutariamente". Pero el artículo 27.3 establecía que: "El médico nunca provocará intencionadamente la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste" y se contaba con un artículo, derogado en el nuevo código deontológico aprobado durante el zapaterismo bajo la ley Aido en julio de 2010, que obligaba a tratar al ser humano en desarrollo bajo las mismas directrices éticas que a cualquier otro paciente; era el art 24.1, que rezaba: "Al ser humano embriofetal enfermo se le debe tratar de acuerdo con las mismas directrices éticas, incluido el consentimiento informado de los progenitores, que se aplican a los demás pacientes".
Por tanto, el Sr. Morín podrá alegar que se ganaba la vida dedicando sus conocimientos técnicos a destruir seres humanos en gestación y que ello era legal, pero en ningún caso puede sostener que su actuación fuera acorde a la ética y a la deontología médica. Un auténtico médico no mata conscientemente ni facilita que otros lo hagan. Será misión de los jueces decidir si todos los homicidios de nasciturus que cometió Morín se ajustaban a los supuestos de despenalización de la anterior ley.
No entenderemos bien el problema del aborto mientras no estemos dispuestos a analizar la responsabilidad y el papel que los médicos, ejecutores o facilitadores que consienten, desempeñan en él. No lo entenderemos si no se analiza el papel que juegan las poderosas organizaciones sanitarias como la Organización Médica Colegial (OMC) o la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y la propia OMS. Por eso muy importante que quien regule el aborto no sea el Ministerio de Sanidad sino el de justicia, idea que no gusta demasiado a los empresarios del aborto según las declaraciones de ACAI a Europa Press. Son los industriales del aborto los que están interesados en hacer del aborto una cuestión médica, y lo hacen con el pretexto de la seguridad haciendo creer que legalizar el aborto ,por arte de magia, lo convierte en seguro. Para ello siempre han mentido exagerando el número de abortos clandestinos como confesó Bernard Nathason. Pero el aborto disminuye si se persigue a todos los aborteros, sean estos licenciados en medicina o curanderas, cometan el crimen de forma clandestina o a la luz del día, en una clínica o en un apartamento, sean los matarifes o los burócratas que lo facilitan como en Nurenberg. Si de verdad proteger la vida penalmente aumentara el número de delicuentes que hagan abortos clandestinos no quedará otro remedio que dedicar un mayor contingente policial a perseguir a los médicos que consienten ejecutar a un ser humano si una mujer lo demanda.
Pero lo más lamentable del asunto no es que un empresario de negocios sanitarios acusado de destruir vidas de manera ilegal con ánimo de lucro quiera ser presentado por su abogado como un médico ejemplar y altruista, no. Lo verdaderamente triste es la cuestión de fondo; que los órganos de la OMC hayan consentido que desde la política se regule la deontología profesional renunciado, de hecho, a Hipócrates y que estas concesiones puedan ser la excusa y la coartada para un presunto criminal.
Una nueva vuelta de tuerca es lo que ha supuesto el nuevo código deontológico de la era del Dr. Rodriguez Sendín, actual presidente de la OMC, al que con desmedida cursilería han llamado la "Constitución" de los médicos ( a pesar de no habernos permitido votarlo en referedum como cualquier constitución democrática). El ya conocido como Código Sendín persiste en el error de confundir ética y ley renunciando a sancionar a los médicos abortistas a la par que obliga a declararse objetores a aquellos que quieran seguir fieles a la ética médica, con el agravante de sancionarlos si se niegan a participar en el trámite informativo o consultivo. En este nuevo código el aborto no ha sido excluido de la definición de acto médico y bajo el dogma de la “obligación de informar” se convierte al médico-incluso al objetor-, en facilitador consciente, convirtiendo al sistema sanitario en el principal suministrador de clientes de los centros abortistas.
Para hacernos una idea de esta nueva deontología del “talante” en la que se escuda Morín basta ver la declaraciones del presidente de la OMC, Dr. Sendín a Europa Press, que se muestra muy favorable a que los médicos receten píldoras potencialmente abortivas al impedir la implantación del concebido causando su muerte y que no pone reparos a que los médicos ejecuten o faciliten abortos si las menores son acompañadas por sus padres o si son mayores de edad. Aceptando, como Morín, que la destrucción de la vida humana es necesariamente una función del médico moderno acorde a la deontología.
Ambos parecen creer la premisa de que el bien y el mal no existen sino que sólo existe el poder, como discurria el malo de "Harry Poter y la Piedra Filosofal". Creen en la autodeterminación de la mujer para eliminar al hijo antes del parto y que el médico a la fuerza ha de complacer estando obligado a delatar al inocente si pudiera ser hallado culpable de ser indesable por no haber sido planificado o habersele detectado algún defecto en su desarrollo. Algo que Al Pacino denunciaba en su explendida interpretación en la escena final de "Esencia de Mujer" en defensa del joven que estaba dispuesto a jugarse su futuro por no acceder al soborno para delatar a sus compañeros aunque fueran culpables de una travesura. Han olvidado algo muy importante en la profesión médica: la integridad.
Esteban Rodíguez Martín es presidente de la Comisión Deontológica de Ginecólogos DAV
www.ginecologosdav.org
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