Terrorismo y abortismo

Estos días hemos asistido en España a la puesta en escena de algo que estaba en la hoja de ruta de la negociación de aquellos que han estado destruyendo vidas de inocentes para conseguir un fin ideológico-político. Hemos visto cómo tres encapuchados con el puño en alto nos perdonaban la vida diciéndonos, a cara tapada y una vez más, que terminaban no la lucha, sino la lucha armada. Se ha hecho antes de las elecciones y cuando se había legalizado la sección política de su movimiento. Ahora nos llaman a seguir la negociación para conseguir el fin de su lucha eterna; romper España con la secesión de las Vascongadas  e imponer "democráticamente" un Estado socialista vasco independiente. Los dos partidos principales se han felicitado por ello, uno porque tomó la iniciativa de la sumisión pactada y el otro porque no se atreve -salvo honrosas excepciones- a defender a las únicas víctimas de la intolerancia, curiosamente por miedo a ser tildado de intolerante y de no querer "la paz" por separatistas y negociadores. Su ausencia en la última manifestación de las víctimas fue muy preocupante.
 
Algo muy parecido ha ocurrido con la hoja de ruta que el abortismo ha tomado en España. Miles de homicidios de inocentes se habían venido cometiendo en España al margen de la ley- ya fraudelenta de por sí- bajo un interés comercial e ideológico. Una parte selecta de la sociedad había comenzado a llamar la atención sobre esta injusticia que tanto daña a las mujeres y los empresarios abortistas empezaron a temer por sus negocios. Se pusieron especialmente nerviosos cuando  las denuncias, contra Morín, la Dator, y la Isadora, comenzaron a llegar a los juzgados. Empezaron a querer negociar con el gobierno socialista -ideológicamente afín a sus intereses- con el objetivo de que los legalizara y que se excarcelara a los abortistas presos. No se necesitó mucho para  aceptar sus reivindicaciones históricas, al fin y al cabo aquí no era necesario, en principio, poner a un Peces Barba para tener controladas a las víctimas. Los muertos no se pueden defender y las mujeres, con su sentimiento de culpa, nunca suelen denunciar la vejación a las que se ven abocadas. Así se creó por primera vez un Ministerio con el objetivo de satisfacer las reclamaciones de ACAI ( Asociación de Clínicas Autorizadas para la IVE) y una jovencita, dócil y  sin experiencia , ahijada de Manuel Chaves, fue sacada de Alcalá de los Gazules para imponer ese feminismo tan poco femenino que no solo no ha conseguido disminuir la violencia contra la mujer sino que la eleva a rango de ley mediante la violencia que supone que una mujer, presa del terror, no vea otra salida que pedir la destrucción de su hijo inocente en aras de su autonomía para decidirlo.
 
Pero una parte de la sociedad reaccionó de igual manera que contra el terrorismo y en defensa de sus víctimas. Cientos de miles de españoles se dieron cuenta de la treta planeada entre abortistas y socialistas para legalizar los pretendidos derechos históricos de independencia o autodeterminación de la Mujer a la hora de decidir destruir la vida del Hijo antes de nacer de manera gratuita y a cargo de los funcionarios de la medicina.
 
Ahora sí que había necesidad de neutralizar a los defensores de las víctimas y la propaganda se puso manos a la obra. Se trataba de desacreditar a las víctimas y a sus defensores: las víctimas son seres vivos pero no son seres humanos, el sd postaborto no existe, la mujer no sufre sino que se libera, sus defensores son remilgados meapilas, opuestos al progreso, que quieren encarcelar a las mujeres, el aborto es un derecho y la maternidad una imposición machista... y demás soflamas del laicismo abortista que reinventaba la lucha de clases en la lucha de géneros.
 
 Ahora también era necesario neutralizar a los médicos, tradicionales defensores de la vida humana y de la salud de la mujer. En especial a obstetras y médicos de familia sobre los que debía de caer la obligación de facilitar el homicidio ante el deseo de la mujer de no asumir la maternidad. Era necesario un cambio en su código deontológico para controlar a los disidentes. Con esa intención, y siguiendo la hoja de ruta, a pesar de no figurar en el programa electoral, se crean unos sesgados comités de expertos que van desfilando por las subcomisiones parlamentarias a puerta cerrada. Era como la autorización que el Gobierno solicitó al parlamento para negociar con ETA tras la primera tregua trampa y que nunca ha sido derogada a pesar de demostrarse el timo con el atentado de la T4. Finalmente, con el apoyo de minoritarios grupos comunistas y  nacionalistas, el partido socialista aprueba la ley, que no llevaba en su programa pero reclamaban los abortistas, legalizando su actividad para que puedan entrar las instituciones sanitarias con todas las bendiciones democráticas y cobrando del contribuyente, algo muy parecido a lo que pasó con el PCTV y luego con BILDU. El Tribunal Constitucional tuvo que intervenir, extralimitándose en sus funciones, para enmendar la sentencia del Tribunal Supremo que vinculaba a BILDU y ETA. Con la ley abortista, a pesar de estar recurrida ante el Constitucional, éste no solo denegó la suspensión cautelar, sino que lleva casi dos años sin actuar en dejación de funciones y permitiendo la masacre institucionalmente financiada de cientos de miles de inocentes.

Sin embargo, los médicos fieles a sus obligaciones sociales y deontológicas no iban a dejar de defender a las víctimas y su derecho a no ser convertidos en cómplices facilitadores necesarios de estos crímenes de Estado. Para ello se nombró a su Peces Barba particular, era el Comité de Bioética de España (CBE)  creado por el Gobierno socialista en 2007 cuya misión era la elaboración de informes afines a la ideología gubernamental para persuadir a la profesión de que es conforme a la ética la destrucción de aquellas vidas humanas que iban a ser discriminadas por razones de edad o de salud en la ley que se aprobaría en junio de 2010.
 
La primera organización científica o institución sanitaria que pica el anzuelo y también quiere sacar su tajada del negocio de la “muerte sanitarizada” es la SEGO (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia) y su Comité de Bioética. Unos meses después de la entrada en vigor de la ley,  hace llamamientos para implantar la selección eugenésica y saca un listado de pacientes que pueden ser exterminados mediante el aborto eugenésico subsiguiente al diagnóstico prenatal, supuesto que resultó ampliado con respecto a la ley de Felipe González y mediante el que se vienen ejecutando más 3000 individuos cada año. Con esta declaración la SEGO vino a tratar de solventar, sin que nadie se lo ordenara, las imprecisiones de la ampliación contenida en la ley asumiendo el lenguaje de los políticos para definir “anomalías incompatibles con la vida” y “enfermedades graves e incurables en el momento del diagnóstico.” Algunos ginecólogos no quisieron ser cómplices y ya denunciaron en su día esta iniquidad.
 
Un año después, en julio de 2011, la Organización Médica Colegial (OMC), tras dos años de trámites secretos,  también sucumbe y se somete a la ideología de los "derechos reproductivos" y de la necesidad de "regular la conciencia del médico" que se oponga a facilitar la destrucción de la vida humana, plasmando dichas ideologías en un nuevo Código de Deontología Médica. En el cual, casi como los encapuchadossecuestrando información a los interesados, consideran el aborto como acto médico en contra de su doctrina y nos “perdonan la vida” a los médicos fieles a Hipócrates, siempre y cuando aceptemos que si no hacemos los legrados homicidas no estamos directamente implicados, no oponiéndonos a seleccionar fetos y a facilitar, en trámite informativo, que otros licenciados en medicina puedan  ejecutar a los hijos indeseables ( seleccionados por su discapacidad, corta esperanza de vida o grado de dependencia) o indeseados cuando las mujeres así lo autodeterminen. Anteponiendo los derechos constitucionales de una categoría de ciudadanos españoles vinculados por una profesión común a los intereses de independencia del separatismo ultra feminista que han quedado plasmados en una ley ideológica -contraria a la deontología médica- que convierte en legal el uso del poder que tenemos para matar a inocentes que no se pueden defender. Tan solo el Colegio de Médicos de Toledo y un ramillete de médicos de conciencia han denunciado esta pretensión totalitaria. 
 
La puesta en escena final ha venido de parte del Comité de Bioética de España que con su  tercer informe desde que se creó por Zapatero, ha  declarado esta semana otro fingido cese definitivo de la lucha violenta contra los médicos objetores a matar y a facilitar la muerte, dictaminando, en contra de la resolución 1763 del Parlamento Europeo, que la objeción no puede ser institucional ni colectiva y que los derechos fundamentales de los médicos deben quedar supeditados a los derechos de menor rango que Bibiana Aido decidió conceder graciosamente a las mujeres para complacer a sus compañeros de ruta. Lo último, una entrevista concedida por uno de los "padres de la deontología española" en la que lava la cara de los autarcas de la OMC diciendo que "las críticas no están justificadas "y que el código supone un "notabilísimo progreso". La guinda la pone la OMC  con la contratación de Teresa.P.Alfageme como directora de prensa y comunicación porla Organización Médica Colegial para defender la “imagen de marca” y tratar de controlar las críticas y a una parte de la prensa española que generalmente no estaba por la labor de callar a las victimas ni de dejar de denunciar a sus opresores.

Una vez más se necesita la complicidad del TC para agredir a los médicos defensores de las víctimas del abortismo y decretó ayer la improcedencia del recurso planteado por unos diputados frente a una orden foral del parlamento navarro que ordena la creación de listas de objetores, a los que se obliga a declarar sobre sus convicciones en contra de lo establecido en los artículos 16 y 18 de la Constitución.

 
Los dos partidos principales se han felicitado por los avances, uno porque tomó la iniciativa de la sumisión pactada y el otro porque, a pesar de haber presentado otro recurso de inconstitucionalidad, no se atreve -salvo honrosas excepciones- a defender a las únicas víctimas de la intolerancia (hijos, madres y médicos), curiosamente por miedo a ser tildado de intolerante por abortistas, negociadores y pusilánimes de las organizaciones científicas.

El PP, por miedo a perder el voto comprometido con la defensa de los derechos fundamentales de los seres humanos más débiles, ahora anuncia una modificación de la regulación con el caramelo de hacer una ley de apoyo a la maternidad, ¿pero qué pasa con la justicia a las victimas pasadas y futuras? ¿Qué pasa con la memoria de millones niños ejecutados por el Estado? ¿Qué pasa con la dignidad de los médicos fieles a sus obligaciones éticas desterrados a las catacumbas de la objeción y a los que a pesar de ello se les pretende obligar a facilitar los homicidios?
 
¡Qué fácil resulta matar inocentes cuando políticos, tribunales, científicos y expertos en ética se alían con los intereses de los mercenarios!
 

¡Qué rentable resulta en España matar y olvidarse de las víctimas! 

Esteban Rodríguez es portavoz de Ginecologos DAV (Derecho a vivir).