El Ministerio de Educación, o Saturno devorando a sus hijos

Son frecuentes las noticias donde, curiosamente, el principal enemigo del derecho de los niños a la educación y la obligación de los padres a educar proviene del Estado, del Ministerio de Educación. Recientemente, por ejemplo, leíamos en Religión en Libertad que “el Gobierno plantea una normativa para ahogar la libertad de los centros concertados”, y en otro artículo, monseñor Cañizares pedía en estas misma páginas un pacto escolar que ayude a resolver “la gran cuestión sobre quién educa, a quién corresponde el derecho y el deber primario de la educación: a los padres o al Estado”. Noticias similares se pueden encontrar por toda la prensa.  

 

¿Qué se puede hacer ante la amenaza que supone el Estado en materia de educación? La respuesta que nadie la espere de los poderes públicos. Está tendrá que venir de la sociedad civil, como contrapoder entre el Estado y el mercado. Para ello puede que sea necesario empezar un debate crítico sobre la intervención del Estado en materia de educación, con el fin de proceder al desmantelamiento gradual del Ministerio de Educación antes de que acabe devorando a nuestros propios hijos.
 

 

No soy experto en educación, pero como padre, contribuyente y economista, no veo ninguna razón para que exista un ministerio de educación, más allá de una función pública muy reducida para hacer cumplir una ley simple pero clara que obligue a todo padre o tutor a escolarizar a los niños a su cargo, pero dejando libertad a padres y tutores sobre el modo en que esta escolarización se lleva a cabo y con qué contenidos.

 

Después de tantos años de intervencionismo, la idea de que el Estado se retire totalmente de la gestión de la educación en favor de los individuos, las familias y sus asociaciones intermedias puede producir vértigo. Incluso gente de buena voluntad puede ver “peligroso” que se deje la educación a la libertad de los individuos. El Estado debe estar ahí para proteger el derecho fundamental de los niños a la educación.

 

En efecto, el Estado debe proteger el derecho a la educación, porque es uno de los pilares fundamentales en que se apoya el progreso material y moral de toda sociedad, pero no debe proveer la educación. No es su función establecer cómo se debe educar a los niños. Mejor dicho, no tiene nada que decir al respecto. Sería una intromisión inaceptable en la esfera más intima de la vida de las familias.

 

Escolarizar a los niños es una obligación de los padres, y como tal son los padres quienes deben llevarla a cabo y responder ante la sociedad y la justicia en caso de que falten a tan grave obligación. Por ser un deber y una responsabilidad de los padres, el principio de subsidiariedad relega cualquier intervención del Estado a un último lugar. Si los padres no pueden escolarizar a sus hijos deberán ser las asociaciones intermedias las encargadas de proveer esta escolarización obligatoria. La función del Estado debe ser asegurar que esta obligación se cumple.

 

Pero, además, si esto no fuera suficiente, la experiencia práctica de España de unaa educación en manos del Estado muestra una reducción en la calidad de la enseñanza, un deterioro en la presentación del servicio y ya, últimamente, un abuso en las atribuciones y una inculcación de los derechos fundamentales de los ciudadanos que hablan a voces de la necesidad de superar este vértigo de ver cómo se retira el Estado.

 

Tampoco habría justificación desde un punto de vista de teoría económica. En general, los teóricos del intervencionismo justifican la intervención del Estado cuando se detecten “fallos de mercado” que requieran dicha intervención para solucionarlos o cuando se provean los llamados “bienes públicos”. En el caso de la educación, ninguno de los dos argumentos justifica la intervención y la ruptura del principio de subsidiariedad.
 

 

En cuanto a la educación como “bien público”, la teoría económica dominante entiende que todo bien económico será un bien público, en contraposición con los bienes privados, si el consumo por parte de un individuo no reduce la cantidad disponible para otros, lo que no sucede en el caso de la educación, y si no se puede evitar, por medios físicos o legales, que un tercero que no haya contribuido a producirlo se beneficie de dicho bien, lo que tampoco es el caso en la educación. El ejemplo típico de bien público es la defensa nacional, ya que una vez que se produce ningún ciudadano queda excluido del beneficio que da dicha defensa, y el hecho que un individuo se beneficie de ella en nada merma el beneficio del que disfrutan el resto de los consumidores/ciudadanos. Nadie hasta ahora con cierto rigor intelectual ha definido que la educación sea un bien público.

 

Si la educación es un bien privado, entonces el mecanismo más eficaz para proveerlo es el libre mercado. Otra cosa es que al ser un bien esencial y un derecho de todo niño, se introduzca la obligación de todo padre a proveer este bien a sus hijos, le guste o no, y obliga al resto de la sociedad a responder a este deber de forme solidaria, siendo de nuevo el Estado el último recurso social.

 

Desmantelar la asfixiante intervención del Estado en materia de educación no es algo que se pueda hacer de la noche a la mañana. Es otro gran “muro” a derribar que llevará tiempo. Puede que si se empezase hoy con determinación, muchos de los que hoy leen este artículo no verían un sistema con verdadera libertad de enseñanza en vida. Pero hay que empezar y tomar los primeros pasos. Esto lo dejo a los expertos en educación, pero una primera medida acertada puede que sea el cheque escolar.

 

El objetivo final sería reducir la función del Estado en materia de educación a un grupo muy reducido de funcionarios, cuyo objetivo único fuese hacer cumplir la ley de la escolarización obligatoria, aplicando para ello toda la autoridad y recurso a la violencia que la sociedad le ha conferido al Estado. Pero precisamente por esa capacidad de recurso a la violencia, este grupo de funcionarios debería contar con fuertes controles democráticos que aseguren que no crecen y se extralimitan en sus funciones.

 

¿Y los planes de estudio, y la calidad de la enseñanza?, ¿no requeriría de intervención estatal? Solo viendo la realidad de hoy en España podemos decir que no.  Un mínimo grado de confianza en la capacidad organizativa de la sociedad, una vez que se han eliminado las distorsiones que introduce el Estado, nos puede hacer pensar que surgirán asociaciones de centros educativos que promuevan planes de estudios y controles de calidad, que por estar en libertad y en competencia unos con otros, los mejores irán desplazando a los menos acertados, mejorando la calidad de la enseñanza. La intervención del Estado imponiendo planes de estudio coercitivos y controles de calidad desde arriba son solo frenos para el progreso de la enseñanza y un adocenamiento a la iniciativa social.

 

Una última reserva puede venir de que puede ser utópico obligar por ley a todos los padres a la escolarización de sus hijos sin la ayuda económica del Estado. Muchas familias no podrán, ¿no será entonces necesario que el Estado intervenga, recaude impuestos y cree escuelas públicas? Esto es otro gran engaño del Estado providente, engaño que nace del concepto de las Naciones Unidas de una educación obligatoria y “gratuita”. ¿Gratuita? Nada en este mundo se consigue gratis, y la enseñanza tiene un coste que alguien tendrá que pagar. La única educación gratuita es la que nos regala nuestro Divino Maestro cuando en oración le pedimos que nos enseñe a vivir e ilumine nuestras conciencias.

 

La enseñanza estatal gratuita es una mentira corruptora de la sociedad, y una puerta por la que el Estado va expandiendo su poder. La enseñanza pública o las subvenciones a la enseñada no son gratis, salen de los impuestos (o lo pagamos con inflación). Si Ud ha sentido vértigo al pensar que el Estado se retira de la enseñanza y por tanto puede perder el privilegio de la "enseñanza gratuita”, ¡cuidado! puede que Ud ya haya sido corrompido por la lógica del Estado providente, y entienda que "el Estado es la gran ficción a través de la cual todo el mundo trata de vivir a costa de todos los demás", según lo caracterizó el célebre economista francés Frédéric Bastiat (1801 –1850).

 

Pero aún recaudando menos impuestos y disponiendo las familias de más dinero, seguirá habiendo familias que no podrán escolarizar a todos sus hijos. En este sentido hay que recordar que la iniciativa privada ha ido por delante en promover iniciativas de escolarización. Salesianos, escolapios, adoratrices, ursulinas, hermanos de la Salle, marianistas, claretianos y un largo sin fin de iniciativas privadas han surgido, cuando ha habido necesidades educativas y recursos sociales, y en muchas ocasiones en oposición al Estado.

 

Esto nos debería mover a tener más confianza en la sociedad. Por un lado, no tenemos más remedio, pero, por otro, creo que sigue habiendo razones para darnos un voto de confianza. Baste ver la reacción popular ante catástrofes y necesidades, como el terremoto reciente en Haití. En una sociedad sana, el espíritu de solidaridad promoverá instituciones, fundaciones, patronatos o lo que sea, que sin ningún tipo de injerencia estatal encontrarán el modo más eficaz de cubrir una necesidad social.