Opinión

Creer en el siglo XXI no es cosa fácil (II)

En Florida, a mediados de septiembre de 2009, Frank Lay y Robert Freeman fueron demandados por rezar y bendecir los alimentos al inicio de un desayuno en la Pace High School.

20 febrero 2010 00:00

Carl Anderson decía en un Simposio realizado en Ciudad de México en septiembre de 2009 que las agresiones a la libertad religiosa ya no provienen de las armas. O al menos no solamente. Ahora «atacan a los derechos individuales de conciencia religiosa». Y los hechos nos invitan a considerar la realidad de las palabras.

En Florida, a mediados de septiembre de 2009, Frank Lay y Robert Freeman fueron demandados por rezar y bendecir los alimentos al inicio de un desayuno en la Pace High School. Director y encargado de deportes, Frank y Lank hicieron la oración cuando no había alumnos. De hecho el congresista republicano Randy Forbes criticó la demanda y dijo: «Es hora de que los estadounidense simplemente digan “¡ya basta!”».

En Gran Bretaña, la enfermera Shirley Chaplin fue retirada de su puesto por llevar colgado un crucifijo (cf. InfoCatolica.com, 22.09.2009). Chaplin ha portado ese signo de fe por más de 30 años sin queja alguna por parte de los pacientes: «No puedo explicar lo importante que es la cruz para mí. Es como yo expreso mi fe. Decirme que me la quite me ha conmocionado completamente. Mi fe cristiana es lo que me motiva a cuidar a los demás», declaró Shirley Chaplin al Daily Exprees. Tras pedir ayuda al Christian Legal Center, el director, Andrea M. Williams declaró: «Desgraciadamente existe una agenda agresiva, secularista y políticamente correcta tanto en el servicio nacional de salud como en otros sectores públicos».

A inicios de octubre de 2009, un empleado del Parque Nacional Mojave, del desierto californiano, presentó una demanda contra la cruz que hace más de siete décadas se erigió ahí en honor a los soldados de la Primera Guerra Mundial, tachándola de anticonstitucional.

El ensañamiento contra la cruz no es un asunto aislado. En noviembre de 2009 el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo ordenaba la retirada de los crucifijos de las escuelas públicas en Italia y, en extensión, también de los demás países europeos, olvidando que no se trata sólo de un símbolo religioso sino también de un legado cultural antiquísimo. España, con un gobierno socialista, fue de los primeros que quiso aprovechar el dictamen del tribunal.

Iluminador fue por entonces el artículo que Juan Manuel de Prada escribió en ABC (cf. 09.11.2009) comentando el hecho que, paradójicamente, coincidía con la conmemoración de la caída del muro de Berlín, un día de unión entre los pueblos europeos que, en buena medida, se logró gracias a cristianos convencidos:

«La nueva tiranía no actúa reprimiendo la conciencia moral, sino desembridándola, de tal modo que sus sometidos dejan de regir su conducta por la capacidad de discernimiento, dejan de ser propiamente humanos, para guiarse únicamente por la satisfacción de sus intereses y caprichosos.

La nueva tiranía, ataviada con los bellos ropajes de la libertad, otorga a esos intereses el estatuto jurídico de “derechos”, sin importarle que sean intereses egoístas o criminales; porque en la protección de tales intereses la nueva tiranía ha encontrado el modo de mantener a sus sometidos satisfechos. Ya no son hombres, sino bestias satisfechas […] Y esa es la razón por la que la nueva tiranía ordena la retirada de los crucifijos».

Por su parte, Pablo Ginés recogía en La Razón (cf. 06.11.2009) una frase del entonces consejero catalán de cultura, Joan M. Tresserras, de diciembre de 2007: «Deberíamos democratizar la mirada para interpretar los signos con pluralismo, como algo que no es ofensivo».

A inicios de febrero de 2010, la asociación preeminencia del derecho pidió formalmente al ministerio de justicia español la retirada de la cruz de Monteagudo, en Murcia, por considerar que atenta contra la laicidad del Estado. Se trata de un monumento de valor histórico, una pedanía asentada sobre un peñasco que alguna vez fue un castillo musulmán. A la petición de la desconocida asociación se ha opuesto mayoritariamente la sociedad civil.

En Chile, el Consejo de Monumentos Nacionales determinó en noviembre de 2009 no permitir la instalación de una estatua de Juan Pablo II, donada por la universidad san Sebastián, en el municipio de Recoleta. Aduciendo motivos de intervención en un espacio público, el Consejo no analizó el proyecto y desoyeron a los más de 30 mil vecinos que estaban a favor de este monumento.

Otros hechos no han tenido que pasar por tribunales. Han sido decisiones de facto. Y está por ejemplo la omisión de poner a las tres iglesias católicas dentro del mapa oficial del municipio de Rivas de Vaciamadrid, donde gobierna un partido de corte comunista (cf. Religión en Libertad, 09.11.2009).

En Logroño, España, el celo anticatólico del alcalde pondera en el calendario oficial del municipio el nacimiento de Mahoma y silencia el de Cristo.

Un decreto del Comité Popular de Bo Trach, en Vietnam, determinó retirar la estatua de la Virgen María de un cementerio parroquial en la provincia de Quang Binh, aunque no explicaban por qué ni a dónde la llevarían. De hecho, después de haber sido retirada, el párroco y los feligreses han pedido se les diga dónde fue puesta. A inicios de enero de 2010, también en Vietnam, la Policía derribó una cruz de una parroquia de la archidiócesis de Hanoi, en el distrito de My Duc. Numerosos fieles se aproximaron a la cruz para protegerla pero fueron golpeados salvajemente por los policías.