Nuestra insensibilidad, cómplice de la cultura de la muerte

"Los pacientes en “estado vegetativo” respiran espontáneamente, digieren naturalmente los alimentos, realizan otras funciones metabólicas y se encuentran en una situación estable. No pueden, sin embargo, alimentarse por sí mismos. Si no se les suministra artificialmente alimento y liquido mueren, y la causa de la muerte no es una enfermedad o el “estado vegetativo”, sino únicamente inanición y deshidratación" (Comentario de la Congregación para la doctrina de la fe sobre nutrición e hidratación de enfermos).

Anoche estuve escuchando, consternado, en la COPE, a mi amigo José Luis Restán y a José Luis de las Heras, tratar este tema de la primera víctima de la Ley de Muerte Digna de la Junta de Andalucía, y me he animado a escribir sobre ello. ¿Qué podemos hacer, tú y yo, querido lector, para detener el avance de la cultura de la muerte?

Tal vez sea por no querer complicarnos o por miedo a que figure nuestro nombre y se vean públicamente las causas de las que somos partidarios, o porque pensamos que no hay nada que hacer, que frente a la maquinaria de la Administración nada podemos hacer o más bien poco, que lo hagan otros, por ejemplo, las asociaciones provida -nos decimos cobarde e insolidariamente-, pero lo cierto es que, aunque no lo reconozcamos del todo, hace poco, unos de forma activa y otros de modo cómplice por nuestra inacción, hemos procurado la muerte de una persona por inanición, por haber permitido que se le retirase el alimento indispensable, a través de sonda nasogástrica, para que siguiera con vida. Resistió así desde el pasado 23 de agosto catorce días la pobre mujer. No murió por otra causa hace hoy cuatro días en el hospital de Huelva donde estaba ingresada y en coma desde el pasado 26 de julio por un infarto cerebral. La Junta de Andalucía ordenó que se dejara de alimentarla en aplicación de la ley de muerte digna, aprobada el año pasado.

Si le hubiera pasado a un animal hubiera habido seguramente mayor denuncia y movilización social, que para eso están las asociaciones protectoras de animales.

Y es que el tema trasciende cualquier tipo posible de creencia o ideología, porque se trata de la defensa de la vida, del más básico y elemental de nuestros derechos. Cuando estudiábamos Medicina en la Universidad de Alcalá de Henares hace ya más de veinte años, unos amigos y yo recabamos firmas en contra del proyecto de ley de despenalización del aborto. No se consiguió pero seguimos defendiendo, cada uno como pudo, el derecho a la vida desde su instante primero de la fecundación hasta el último de una muerte natural por enfermedad o accidente. El eufemismo de “interrupción voluntaria” del embarazo ha seguido adelante. Hoy se plantea otro: “muerte digna”.

Me pregunto qué tipo de dignidad cabe en alguien que acepta la capacidad de decidir acerca de la vida de los demás. Se incumple la misma ley para justificar la eutanasia activa. Porque, ¿cómo puede afirmar un familiar que ella quería morir y que eso lo dijera ante varios testigos, en un trance de coma? ¿cómo puede acusar una asociación a favor de la supuesta “muerte digna” que los pocos grupos provida que se movilizaron, incluida la Iglesia católica por cierto, estaban provocando un “largo sufrimiento” a la familia con presiones mediáticas y medidas judiciales? ¿quién es alguien para decidir sobre la vida de los demás? ¿quién puede decidir cuándo una vida es digna o no de ser vivida?

Todo esto tiene una fácil explicación: con esta primera víctima se quiere legalizar del todo la eutanasia, disfrazada de “muerte digna”, así de sencillo y terrible. Es el siguiente paso después del aborto, perdón, quería decir “interrupción voluntaria del embarazo”. Con sólo dos dedos de frente y sin ningún estudio de Medicina uno se puede dar cuenta del avance de la cultura de la muerte. Seguro que se nos presentan más oportunidades de aquí en adelante para reaccionar más y mejor, pero ya hemos dejado morir a una víctima más de. ¿Estaremos preparados? Nos va la vida en ello.

Hace poco dijo Gádor Joya (de DAV, Asociación Derecho a  Vivir) que “este caso debe servir para que la población tenga muy en cuenta que, a partir de ahora, cualquier enfermo que entre inconsciente en la urgencia de un hospital puede enfrentarse a que un tercero decida si su vida merece la pena ser vivida”.

Por otro lado, el obispo de Huelva, D. José Vilaplana Blasco, que precisamente ofició ayer el funeral por su padre que tenía 97 años de edad, ha criticado siempre la aplicación de la Ley de Muerte Digna en Andalucía, y manifestó recientemente que “hay que estar de parte de la vida humana, cualquiera que sea su desarrollo o su situación existencial”, indicando además que “debemos estar a favor de los últimos, de los débiles, de los incapacitados para hacer valer sus derechos y, sobre todo, el derecho a la vida”. También dijo que “la vida no es algo de usar y tirar”, y que la dignidad de la vida humana no puede venir ligada al estado de conciencia o de inconsciencia del enfermo”, que “no es deber de un médico suspender la alimentación y la hidratación a una persona que se encuentra en un coma vegetativo, enfermedad crónica que no será la causa de la muerte”, reconociendo el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. Concluyó con una oración:

 “Acompañamos en silencio y con la oración los últimos días de doña Ramona Estévez. Con gran humildad, pido al Señor de corazón por los familiares y las personas que la rodean, para que puedan descubrir en ella la fuerza misteriosa de la vida, perceptible también en un cuerpo anciano, en coma y débil, y puedan así repensar sus decisiones, pues la muerte buscada o inducida, como tantas veces ha repetido Benedicto XVI, no es la respuesta al drama del sufrimiento”.

Y decimos ahora: ¡Ramona, descansa en paz! ¡que tu muerte no haya sido en vano como tampoco esperamos lo fuera la de Eluana Englaro, con 38 años de edad, en Udine, el 9 de febrero de 2009!

Más información: Comentario vaticano sobre nutrición e hidratación de enfermos, ODISUR(Servicio para la comunicación de los obispos del sur de España) y DAV (Derecho a vivir).