¿Por qué el aborto debe reducirse?

El aborto es el tótem y el tabú de nuestro tiempo. Es tótem para una determinada concepción del feminismo que considera que la muerte del hijo engendrado es necesaria para su liberación. Que esto suceda en una época en que, a diferencia del pasado, los métodos contraceptivos están en máximos de opciones y eficacia, es una contradicción que estamos pagando. No hace falta ser religioso para constatarlo, porque es algo de pura razón natural. Y es tabú porque se ha conseguido silenciar todo debate sobre su existencia. Otra gran contradicción es que sea el Estado quien pague los abortos y niegue toda ayuda a la madre necesitada que quiere continuar con su embarazo. La crueldad inherente que definen ambas contradicciones debería hacer pensar, y mucho, a quienes se quejan del egoísmo de quienes más tienen, porque es ese mismo vicio el que las genera.

Pero esa tragedia del aborto cobra una nueva dimensión ante la quiebra demográfica española. La falta de nacimientos es el factor determinante del envejecimiento del conjunto de la población. El resultado es una media de edad de la población de 44 años, una cifra muy elevada que nos sitúa prácticamente fuera del periodo de máxima productividad del capital humano.

Los efectos son múltiples:

-Reducción de las personas en edad de trabajar.

-Crecimiento de los costes sociales y de oportunidad a consecuencia del envejecimiento de la población, lo que equivale a más impuestos o peores prestaciones.

-Desahorro de la población de edades más avanzadas.

-Posible reducción del stock de capital de la economía.

-Empeoramiento de la relación pensionistas-trabajadores, y, por consiguiente, inviabilidad de un sistema de pensiones que ya ahora es deficitario.

El impacto económico potencial ya es visible. Para los países de la OCDE, el promedio de reducción de la tasa de crecimiento para el periodo 2015-2025 es de 0,64 puntos porcentuales, que es mucho, pero que en el caso específico de España puede ser mayor. Recorten 0,70 puntos a las previsiones para este país a partir de 2020 y constatarán que entramos en una nueva fase crítica.

Llegados a este punto, aparece el argumento de la migración. El resultado es este: para mantener las tasas de dependencia actuales, que ya son malas, como lo constata el balance de la Seguridad Social, solo para conseguir eso se necesitaría que entre este año y 2035 llegaran a España 11,2 millones de inmigrantes, más de 700.000 al año. El choque que esta sustitución de población comportaría, la forma como afectaría al modelo productivo estimulando a sectores de baja productividad, como ya sucedió a principios de siglo, señalan un escenario catastrófico.

La respuesta a tantos problemas es obvia: prioridad absoluta a la familia y a la natalidad, pero aun así el retraso se haría sentir. La única forma de atenuarlo es actuar con una medida de efectos inmediatos: una política de reducción del aborto, incentivando la maternidad, facilitando la adopción de los hijos de las madres que no puedan o deseen hacerse cargo de ellos, liquidando la actual gratuidad, obligando a que se realice solo en centros públicos, y confiriéndose los derechos que ahora se le niegan al nasciturus.

Esa es la política pública racional. Todo los demás son tabúes y tótems, supersticiones.

Una buena información sobre el impacto del envejecimiento puede encontrarla en el informe de noviembre de CaixaBank.

Publicado en ForumLibertas.com