Edificar desde la crisis

Hace apenas tres semanas, en la Asamblea Plenaria de esta Conferencia Episcopal expresamos claramente que la justicia social, el dialogo y las consultas dentro del marco de la ley son necesidades que debían ser reconocidas y respetadas a nuestro pueblo. Ante la situación de los últimos días, nos remitimos a la información que hemos buscado en las instancias competentes del Estado (la Corte Suprema de Justicia, el Congreso Nacional, el Ministerio Público, el Poder Ejecutivo, Tribunal Supremo Electoral) y muchas organizaciones de sociedad civil. Todos y cada uno de los documentos que han llegado a nuestras manos, demuestran que las instituciones del Estado democrático hondureño, están en vigencia y que sus ejecutorias en materia jurídico-legal han sido apegadas a derecho. Los tres poderes del Estado, Ejecutivo, Legislativo y Judicial, están en vigor legal y democrático de acuerdo a la Constitución de la República de Honduras. La Constitución de la República y los órganos administradores de justicia del país nos hacen concluir que: a) Conforme a lo contemplado en el Artículo 239 de la Constitución de la República «quien proponga la reforma» de este Artículo, «cesa de inmediato en el desempeño de su cargo y queda inhabilitado por diez años para el ejercicio de toda función pública». Por lo tanto, la persona requerida, cuando fue capturado, ya no se desempeñaba como presidente de la República. b) Con fecha 26 de junio de 2009, la Corte Suprema de Justicia, por unanimidad, nombró un Juez Natural que giró la orden de captura contra el ciudadano presidente de la República de Honduras, a quien se le supone responsable de los delitos de: CONTRA LA FORMA DE GOBIERNO, TRAICION A LA PATRIA, ABUSO DE AUTORIDAD Y USURPACION DE FUNCIONES en perjuicio de la Administración Pública y del Estado de Honduras, lo anterior a raíz del Requerimiento Fiscal presentado en esa Corte por parte del Ministerio Público. Aprender de los errores para enmendarlos en el futuro «Ningún hondureño podrá ser expatriado ni entregado a un Estado extranjero» (Art. 102, Constitución de la República). Creemos que todos merecemos una explicación de lo acaecido el 28 de junio. El pasado 19 de junio dijimos que todos somos en mayor o menor medida responsables de una situación de injusticia social. Sin embargo seguimos creyendo que Honduras ha sido y quiere seguir siendo un pueblo de hermanos, para vivir unidos en la justicia y la paz. Por eso es necesario que optemos decididamente por escuchar las opiniones de los demás, de tal manera que se pueda entablar un verdadero dialogo entre todos los sectores de la sociedad, para que se pueda llegar a soluciones constructivas. Es fundamental respetar el calendario del Tribunal Supremo Electoral que garantice las elecciones del próximo mes de noviembre. Es necesario globalizar la solidaridad como un camino que puede ayudarnos a superar la injusticia y la inequidad. La comunidad internacional, con la información adecuada sobre la situación de nuestro país, puede contribuir a estos propósitos. Hacemos un llamado especial: A quienes tienen o han tenido en sus manos la conducción del país les invitamos a no dejarse llevar por los egoísmos, la venganza, la persecución, la violencia y la corrupción. Siempre se pueden buscar caminos de entendimiento y reconciliación, más allá de los intereses partidistas o de grupo. A los grupos sociales, económicos y políticos, les exhortamos a superar reacciones emotivas y a buscar la verdad. Hoy más que nunca los comunicadores sociales deben expresar su amor a Honduras buscando la pacificación y serenidad de nuestro pueblo, dejando a un lado los ataques personales y buscando el bien común. A la población en general los invitamos a continuar en un espacio de participación respetuosa y responsable, entendiendo que todos podemos construir una Honduras más justa y solidaria, con el trabajo honesto. A la Organización de Estados Americanos pedimos que preste atención a todo lo que venía ocurriendo fuera de la legalidad en Honduras, y no solamente a lo sucedido a partir del 28 de junio recién pasado. También el pueblo hondureño se pregunta por qué no han condenado las amenazas bélicas contra nuestro país. Si el sistema interamericano se limita a proteger la democracia en las urnas, pero no le da seguimiento a un buen gobierno, a la prevención de las crisis políticas, económicas y sociales, de nada servirá el reaccionar tardíamente frente a ellas. A la comunidad internacional le manifestamos el derecho que tenemos de definir nuestro propio destino sin presiones unilaterales de cualquier tipo, buscando soluciones que promuevan el bien de todos. Rechazamos amenazas de fuerza o bloqueos de cualquier tipo que solamente hacen sufrir a los más pobres. Agradecemos entrañablemente a hermanos y hermanas de muchos países, que con sus gestos de solidaridad, con apoyo y cercanía, nos proporcionan horizontes de esperanza en contraste con actitudes amenazantes de algunos gobiernos. La situación actual puede servirnos para edificar y emprender un nuevo camino, una nueva Honduras. La confrontación que se está viendo, no debe servir para agudizar la violencia sino como un nuevo punto de partida para el dialogo, el consenso y la reconciliación que nos fortalezcan como familia hondureña, y podamos emprender un camino de desarrollo integral, para todos los hondureños y hondureñas. Exhortamos al pueblo fiel a intensificar la oración y el ayuno solidario para que reine la justicia y la paz. Tegucigalpa, MDC 3 de julio de 2009 *Comunicado de la Conferencia Episcopal de Honduras emitido por su presidente, el cardenal Óscar Andrés Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa.