De la determinación de Ana Pastor en derogar la Ley de aborto

 

            La responsable de Política social y bienestar del Partido Popular, Ana Pastor, que fuera en su día ministra de sanidad, ha afirmado con toda rotundidad que su partido “derogará la ley del aborto cuando gobierne si no lo ha hecho antes el Tribunal Constitucional”. Después del calculado silencio del Sr. Rajoy al respecto, un silencio al que el Sr. Rajoy ya nos tiene acostumbrado en este tema como en tantos otros, las declaraciones de la Sra. Pastor representan un punto de partida cuanto menos interesante.

 

            Esto dicho, no estará de más entrar en el somero análisis de la cuestión e intentar obtener algunas conclusiones. La primera es que las declaraciones de la Sra. Pastor no significan en modo alguno la deslegalización del aborto en España, sino, en todo caso, la vuelta a la situación legal previa a la actual. La situación previa a la actual no es otra cosa que un sistema fraudulento que bajo la apariencia de un sistema de despenalización excepcional –de hecho la Ley de 1985 que despenalizó el aborto no debería acoger más de 3.000 supuestos al año- se ha comportado en la práctica como un sistema de aborto libre al que han podido acogerse hasta 115.000 mujeres cada año.

            Siempre he sostenido al respecto que el daño enorme que hace la nueva ley tiene que ver con sus aspectos éticos –el mensaje que se envía a la sociedad de que matar es un derecho, el atentado que para la institución de la familia representa que una niña de dieciséis años pueda abortar sin el conocimiento de sus padres, el afán en marginar, cuando no criminalizar, a los que opinen contrariamente a la ley y sobre todo a quienes tienen que ejecutarla–, pero que, en lo que respecta a sus logros prácticos, va a tener muy difícil mejorar la ya maravillosa marca alcanzada en este país de 115.000 abortos anuales, a saber, un embarazo con resultado final de muerte por cada cuatro embarazos con resultado final de vida.

 

            En segundo lugar, cabe hablar de la posibilidad práctica de que el Partido Popular lleve a cabo la referida derogación. Evidentemente estará en situación de hacerlo si gana las elecciones con mayoría absoluta, pero la cuestión es ¿lo va a hacer si tras ganar con mayoría relativa tiene que alcanzar acuerdos de gobierno con otros partidos del arco parlamentario?

            La cuestión dependerá, no tengo ni que decirlo, de la voluntad de los partidos con los que alcance los acuerdos de gobierno. En CiU existen al respecto dos “sensibilidades” reconocidas al respecto, una favorable a la derogación, la otra favorable a la actual ley. En UPyD, la gran incógnita de las próximas elecciones, su propia presidenta se ha manifestado en contra de la Ley Aído. Mi opinión es que el PP, en tal caso, deberá formular en el Parlamento la derogación de la Ley aun cuando sea para perderla: es absolutamente necesario expresar de modo visible la posición que se mantiene sobre un tema tan delicado como el que nos ocupa. Que lo haga dependerá de la voluntad que exprese el PP de entrar en las cuestiones ideológicas, o en otras palabras, no económicas, un aspecto en el que el actual PP ha demostrado una llamativa despreocupación.

 

            En tercer lugar, me planteo cual es el peso específico real que en estos momentos tiene la Sra. Pastor, porque los partidos políticos españoles han descubierto ya esa herramienta polivalente y maléfica que consiste en emitir un mensaje y su contrario de cara a contentar a todos para obtener más votos. Desde esta perspectiva cobra importancia el calculado silencio del que ya hemos hablado que mantiene el líder de la formación Mariano Rajoy.

 

            Todo esto dicho, no puedo sino alegrarme de las declaraciones de la Sra. Pastor que significan, no en modo alguno, la llegada a destino, pero sí un paso en la dirección correcta. Sobre todo si aun cuando volvamos a una legislación, la anterior, condenable, sirve al menos para corregir los vicios en los que incurrió, un aspecto en el que hay tanto camino por recorrer: cumplimiento riguroso de la legalidad, políticas de ayuda a la maternidad comprometida, políticas educativas por la cultura de la vida, legislación pro-adopción, etc..