De una nueva tropelía a las víctimas, ésta con la firma del PP

16 agosto 2010 00:00

Muchas son últimamente las malas noticias que se deslizan en la prensa sobre el tema recurrente de la negociación con la ETA. Los indicios apuntan muy feamente, y todo sugiere que el Gobierno vuelve a las andadas con un tema que no termina de digerir adecuadamente, sin que se entienda -aunque explicaciones a su comportamiento, existir, existen- a qué tanta insistencia en un final negociado con el que ha sido durante tantos años el principal enemigo de España.

Dentro de ese ambiente irrespirable en el que se enmarca el cada vez más cercano final de la banda separatista vasca, se han producido este fin de semana dos malas noticias. De un lado, el homenaje a una etarra en Barcelona, consentido por el PSC, sucursal catalana del pesoísmo. Nada nuevo bajo el sol, nada que no fuera esperable. De otro, la denegación por silencio administrativo de la concesión de una calle en la ciudad alicantina de Elda, a una víctima de la ETA, el guardia civil Miguel Mateo, asesinado por los facinerosos el 2 de febrero de 1983. Pero ésta, gobernada por el Partido Popular.

Aún reconociendo que es mucho más grave la primera, me voy a concentrar en la segunda que, aunque menos importante, apunta en una dirección preocupante.

Se insinúa que la razón de la desestimación por parte del Partido Popular estaría relacionada con el hecho de que la propuesta venga firmada por el partido de Rosa Díez, Unión Progreso y Democracia. Si es así, resulta de una miseria moral difícilmente calificable que el guardia civil se quede sin la merecida calle porque la propuesta haya sido de UPyD y no del PP. La explicación alternativa es aún peor: consistiría en un distanciamiento táctico -no quiero decir que acertado sino táctico, me pregunto quien es el “genio” que diseña la táctica del PP- para con las víctimas, a las que se consideraría una rémora hacia la más que segura victoria en las próximas elecciones.

El distanciamiento del Partido Popular para con las víctimas del terrorismo –reveladoras las declaraciones de Toñi Santiago, madre de Silvia, la niña asesinada por el grupo separatista vasco en 2002 con sólo seis años de edad, en el sentido de que “ya no se fía de Rajoy”- sería lo último tolerable a un partido político que lleva dos años y medio (si no más), sin pronunciarse sobre uno solo de los temas que preocupan a la ciudadanía española, y particularmente a su electorado, con una carencia de mensaje que excede ya de lo preocupante.

Por todo ello, lo ocurrido en Elda exige una explicación urgente por parte del PP.