Por el bien de los menores

El polémico autobús de Hazteoír sobre la transexualidad infantil ha tenido dos innegables virtudes. La primera, evidenciar que vivimos en una sociedad con menos libertad de expresión de lo que nos creemos, o en la que ese ejercicio está dramáticamente desequilibrado: para ciertos asuntos (por ejemplo, la crítica o la mofa de la Iglesia) hay libertad total; para otros (cualquiera que cuestione la ideología de género), implacable descalificación.

La segunda virtud ha consistido en poner sobre el tapete la existencia de puntos de vista sobre la transexualidad diferentes de los que defienden las organizaciones LGTB y que han sido asumidos de forma incondicional, y, a mi modo de ver, acrítica, por casi todos los partidos. Tener puntos de vista distintos no significa ser transfóbico, ni negar la comprensión o la ayuda a personas que la necesitan. Significa mirar con otra perspectiva y entender que algunas soluciones pueden ser un grave error. El afán por criminalizar la diferencia de opinión nos devuelve al problema primero: la nuestra es una sociedad mucho menos tolerante de lo que predica y presume. Y aún más grave, es una sociedad donde cada vez es más complicado el debate público y sereno de asuntos conflictivos. Este bloqueo sólo puede conducir al aumento de la ira reprimida y a su estallido posterior.

Con todo, la campaña de Hazteoír es tan sólo un eslogan que no tiene capacidad de explicar lo que está en juego. Y lo que está en juego es que tenemos unas leyes que reconoce a los menores de edad, incluidos niños de 5, 7 o 9 años, capacidad para decidir por sí mismos una identidad sexual distinta a la que marca su cuerpo. Esa capacidad, que, sin duda, debe respetarse en un adulto, en el pleno ejercicio de su responsabilidad personal, se torna mucho más conflictiva en el caso de los menores en fase de desarrollo.

Basta pararse a pensar un momento para ver lo contradictorio que resulta conceder tal poder (sobre una cuestión esencial que puede condicionar irreversiblemente su futuro) a una personita a la que no le dejamos ir solo al colegio, al que le imponemos lo que debe comer, al que forzamos a estudiar, aunque no le apetezca lo más mínimo, y al que obligamos, por su bien, en un montón de cuestiones. Pensar, en cambio, que su criterio sobre su identidad sexual es inapelable parece poco prudente. Sobre todo, cuando la experiencia pediátrica indica que en un 80% de los casos de niños o adolescentes que padecen estos desajustes, estos se corrigen espontáneamente sin intervención alguna.

Así que en nombre del bienestar de esa minoría de niños que sí mantienen esa discrepancia pasada la pubertad, podemos estar generando problemas evitables a muchos otros. Y no hay en las leyes actuales ninguna cautela, ni principio de precaución, que lo evite. Por el bien de los menores, de todos, convendría discutir y perfilar bastante más este asunto. Y, para variar, recabar la opinión de quienes tienen puntos de vista distintos del lobby gay.

Publicado en El Norte de Castilla el 5 de marzo de 2017.