“Por tantos” o la financiación de un derecho

En estos días de noviembre hemos asistido al lanzamiento, por segundo año consecutivo, de la campaña para el sostenimiento de la Iglesia Católica, que se desarrolla bajo la marca “por tantos”. La campaña se compone de tres spots de treinta segundos para televisión, cuñas de 20 segundos para la radio, la creación de la página www.portantos.es y la inserción de banners en distintos portales de Internet. Además se ha distribuido por las parroquias un cartel y un sobre que contiene una carta del obispo de la diócesis; información acerca de las acciones que realiza la Iglesia y de la acogida de los católicos a la nueva situación de financiación tras el acuerdo entre el Estado y la Santa Sede; información sobre los ingresos y gastos de la diócesis correspondiente y un boletín de suscripciones para hacer efectiva la colaboración periódica. Según los creadores de la campaña, se busca: informar sobre el nuevo marco de la financiación de la Iglesia en España; informar de la actividad de la Iglesia para solicitar la colaboración a la sociedad; buscar el adecuado equilibrio en la comunicación entre las acciones pastorales y sociales; poner especial énfasis en tono y estilo y crear una marca para identificar la financiación de la Iglesia. El claim de la campaña es “por tantos que necesitan tanto”, según el presidente de la empresa encarga de llevar a cabo el trabajo, ha conseguido “algo tremendamente difícil de conseguir en comunicación: unir la marca y su significado. «Por tantos que necesitan tanto» unido a la marca «X tantos» aúnan la solicitud de colaboración económica de los católicos y simpatizantes de la labor de la Iglesia, y el destino de los fondos que se solicitan: la ayuda a los demás”. Hasta aquí las palabra de Guillermo Navarro. En mi opinión es una buena campaña, (así lo avalan los resultados obtenidos, recientemente publicados) creo que cumple con la filosofía del acuerdo entre Santa Sede y Estado español: que los ciudadanos que lo deseen, sean creyentes o no, puedan destinar un 0,7% de sus impuestos (cifra cargada de simbolismo) al sostenimiento de la Iglesia católica. Pero me gustaría ir un poco más allá, y es que, desde mi punto de vista lo que se queda corto es el acuerdo. La Constitución Española (art. 16.1) reconoce el derecho a la libertad religiosa, esto es, a que cada ciudadano tenga la creencia religiosa que quiera, o ninguna, que es otra forma de creencia –y este es la falacia en la que muchas veces caemos–. Es decir, que existe el derecho a creer, o la posibilidad de no ejercer el derecho, como existe el derecho a ser de un partido político, a sindicarse, a la educación, o a la sanidad. Todos esos derechos son financiados, aunque su ejercicio se realice en instituciones privadas. Así el Estado financia a los partidos políticos o a los sindicatos pero no controla el partido político, ni el sindicato, ni lo tiene porque hacer. A mucha gente, el caso de la educación o sanidad les cuesta más verlo: el niño tiene derecho a la educación, pero no tiene porque ser el Estado quien la lleve a cabo, ha de haber lugar para la subsidiariedad, es decir, que puede darse la educación en un centro concertado o privado. Lo mismo la sanidad. Ahora bien, ¿por qué este principio no rige para el derecho religioso, sea el que sea? ¿Por qué el sostenimiento de la Iglesia católica –u otra confesión si tuviera acuerdo– es presentado como un privilegio o como un donativo a una ONG? En mi opinión, si existe el derecho a ser creyente, o no serlo, tiene que ser un derecho financiado. Rafael Amo Usanos, sacerdote