Esperanza Aguirre pone en su sitio a los herederos de las checas
No se prodigan desde mi campanario elogios a los miembros del Partido Popular, ni a la ideología liberal que lo sostiene ni, menos aún, a la línea política adoptada en la actualidad por esta organización. Pero hay que reconocer el valor de intervenciones como la de Esperanza Aguirre en la Asamblea de Madrid el pasado 22 de abril.
En primer lugar porque son pocos quienes, desde el PP, se atreven a poner en su sitio a los herederos del Frente Popular. En segundo lugar porque, para hacerlo, la propia Esperanza Aguirre habrá tenido que dejar a un lado una de las más arraigadas convicciones de la derecha liberal española: la necesidad de mendigar en la izquierda la legitimidad histórica de que ella misma se considera desposeída.
Esa mentalidad dominante fue la que condujo al llamado consenso de la transición que consistió en una cesión a todas las reivindicaciones de la izquierda y de los nacionalistas a cambio de la aceptación de algún residuo institucional. De esa manera se lastraba a la naciente situación con una hipoteca económica y moral cuyas últimas consecuencias estamos pagando hoy a un precio muy elevado, como se pone de relieve en un reciente artículo del profesor Centeno:
Esa mentalidad dominante fue la que condujo al llamado consenso de la transición que consistió en una cesión a todas las reivindicaciones de la izquierda y de los nacionalistas a cambio de la aceptación de algún residuo institucional. De esa manera se lastraba a la naciente situación con una hipoteca económica y moral cuyas últimas consecuencias estamos pagando hoy a un precio muy elevado, como se pone de relieve en un reciente artículo del profesor Centeno:
«Y entonces, ¿cuándo se jodió España? El origen es claro e inequívoco: el pactismo, la frivolidad y la mediocridad de los padres de la Transición, plasmados en la locura colectiva del ‘café para todos’, que dio paso a un modelo de Estado económica y políticamente inviable, en el que se inventaron 17 autonomías, contrarias en su mayoría a la realidad histórica y objetiva de España; a una partitocracia totalitaria que impide la separación de poderes y somete al Ejecutivo el resto de poderes del Estado; y a un sistema electoral no representativo de listas cerradas, que prima a las minorías nacionalistas, y permite a las oligarquías partidistas, confiscar la soberanía nacional y expoliar a los ciudadanos sin que estos tengan posibilidad de defenderse».
El portavoz de izquierda hundida, Gregorio Gordo, había pedido a Esperanza Aguirre que condenara el franquismo y se distanciara de una supuesta colaboración con Falange Española en la "campaña" contra el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sometido a una triple investigación por presuntos delitos de prevaricación.
Aguirre entró de lleno en el fondo del asunto sin esquivar lo más espinoso de la cuestión: «Ustedes y muchos como ustedes aparentan tener una explicación muy simple sobre los problemas de nuestra historia. Para ustedes, en 1936 los españoles disfrutaban de una modélica república en la que se respetaban los derechos de todos los ciudadanos, y de repente, una coalición de militares fascistas y de clérigos carcas, dio un golpe, provocó una guerra civil de 3 años y se mantuvo 36 años en la dictadura. Y a partir de ahí, para ustedes solamente hay buenos y malos. Buenos, todos los de un bando, y malos, todos los del otro bando […] Idílica la II República, nada de nada».
A continuación, pidió a Gordo que fuera él quien condenara el golpe del 34 o el asesinato del jefe de la oposición Calvo Sotelo y recordó que «los tres intelectuales españoles que más defendieron la llegada de la República, Ortega y Gasset, Pérez Ayala, Marañón, huyeron de esa idílica República de usted (de Gordo) y desde el extranjero mostraron su apoyo a Franco y en prueba de ello, enviaron a todos sus hijos al ejército que su señoría llama Ejército golpista».
Volviendo al hilo de la actualidad, Aguirre calificó el acto de apoyo al presunto prevaricador de «aquelarre de carcamales resentidos» poniendo de relieve que «yo no puedo aprobar que se utilice la universidad pagada por los contribuyentes para llamar torturadores y fascistas a los jueces del Supremo».
Es pronto para saber si estamos ante alguien que se desmarca del inestable salto en el vacío que se pretende desde el centro-derecha al negar la vinculación con su propio pasado y si las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid tendrán alguna repercusión en la línea ideológica del partido en que milita.
De no ser así, las carencias intelectuales y la frivolidad de los seguidores de don Mariano seguirán favoreciendo la hegemonía de socialistas, comunistas y nacionalistas que reconocen continuidad entre los postulados que sostienen en la actualidad y los que defendieron sus ya lejanos antepasados.
Una izquierda que no ignora la importancia del combate cultural en su ofensiva para consolidarse en el poder cambiando la esencia de la sociedad española. Ofensiva que solamente cambiará de dirección cuando esa misma sociedad comience a respaldar a las opciones políticas que están dispuestas a neutralizarla y abandone a quienes se limitan a figurar en su retaguardia, asumiendo las conquistas de la izquierda con veinte años de retraso.
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