El papelón del Rey

El Tribunal Constitucional no impidió que, el lunes 5 de julio de 2010, entrara en vigor la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo. El presidente y su Consejo de Ministros, con la real firma del Jefe del Estado (parece ser, pues, que con su obsequioso beneplácito), pasarán a la Historia de España como aquellos que permitieron el exterminio de inocentes seres humanos (so capa de progresismo) al considerar el aborto un derecho; al permitir el aborto libre en las catorce primeras semanas del embarazo (tres meses y medio de vida del feto); al permitir el asesinato del no nacido hasta la semana 22 (¡cinco meses y medio!) en caso de graves anomalías en el feto; al permitir, incluso, el asesinato del no nacido hasta un segundo antes del embarazo.

Por eso el 5 de julio debería ser proclamado en España, anualmente, día de luto nacional. Una jornada en la que, además, se recuerde que la nueva Ley entró en vigor el día en que cumplía 25 años la Ley Orgánica 9/1985 de Despenalización del Aborto en determinados supuestos aprobada, entonces también, por el Partido Socialista. Desde entonces, según el Instituto de Política Familiar, y hasta 2005 “se han producido casi 850.000 abortos en España”; y en los últimos cinco años la cifra de abortos legalmente reconocidos por el Ministerio de Sanidad ha superado los 110.000 por año.

Sí. Según la nueva Ley del Aborto, apoyada en la sanción real de Su Majestad, un niño, por ejemplo, con síndrome de Down no tendría derecho a existir; ni a gatear hasta la cama de su padre para despertarlo; ni a soñar que habla con palabras inventadas; ni a reír desmesuradamente; ni a no empuñar banderas, ni fusiles; en definitiva, ni a hacer feliz a su familia… no lo tendría porque el único horizonte vital que le reconoce la corte de la caverna proabortista es el quirófano y las manos de un médico que ha traicionado el juramento hipocrático (“no daré a ninguna mujer pesarios abortivos”); y las únicas medidas que planean para cambiar la vida de esas personas consisten básicamente en evitar que sean alumbradas.

Pero España es el mundo al revés. Así, a la autora de esta Ley, a la adalid de la causa abortista en el Ejecutivo socialista, a Bibiana Aido, su Majestad el Rey Juan Carlos I, hombre de formación cristiana y que se define a sí mismo como católico; hombre que sancionó nuestra Constitución, la norma fundamental del Estado y la base de la convivencia entre los españoles, que en su artículo 15 afirma sin ninguna ambigüedad que “todos los españoles tienen derecho a la vida” y que, en España, “queda abolida la pena de muerte” (Constitución Española, capítulo II, artículo 15); a esa misma, a Bibiana Aido, Su Majestad la ha premiado con la Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden Española de Carlos III, la más alta de las Ordenes civiles españolas, según publica el Boletín Oficial del Estado del 6 de noviembre de 2010.

El Rey completa así su papelón. Su Majestad, el soberano de todos los españoles, culmina su estelar actuación colgando del cuello de la Eichmaan española una distinción de la que no es digna, mientras sostiene entre sus dedos -para firmar la concesión de la Gran Cruz- la misma pluma ensangrentada que hace unos meses abrió las puertas del Infierno a los no nacidos.