La hipocresía de los clérigos y políticos "antiabortistas"

Como un guión previsto se han sucedido las condenas formularias de altos representantes de la jerarquía eclesiástica entre la indiferencia de los miles de sedicentes católicos que reparten su voto entre el PSOE, el PP y los nacionalistas. En su comentario editorial de esa misma noche, César Vidal ponía de relieve cómo  «Previamente la nueva legislación había sido defendida por los católicos del Partido Socialista como José Blanco o José Bono que llegó a escribir un artículo en su defensa el 26 de noviembre de 2009 en el diario El País. Incluso el portavoz de la Conferencia Episcopal se negó a mencionar la posibilidad de excomunión del Rey por firmar la presente ley». Y eso sin olvidar que tanto bajo gobiernos del PSOE como del PP, venía existiendo una situación «cercana al aborto libre sólo limitada por los plazos para su práctica».


 

En efecto, los obispos españoles han repetido  lo que se hizo en 1985: limitarse, en el mejor de los casos, a recordar la doctrina de manera teórica pero evitando la polémica y paralizando la movilización clara e inequívoca de los católicos.

Hasta ahora tampoco hemos encontrado ninguna alusión a la posición en que quedan las autoridades y las instituciones de un Estado, todas ellas manchadas y cuestionadas con esta ley, como ya lo estaban con la hasta ahora vigente. Incluso se ha llegado más allá del lamentable precedente de 1985 cuando, hablando en nombre del resto de los miembros de la Conferencia Episcopal, Monseñor Martínez Camino intervino en defensa de la moralidad de la actuación del Jefe del Estado, responsable de la sanción de los textos legales de acuerdo con los mecanismos previstos en la Constitución.

Tampoco nos consta que los llamados “católicos socialistas” hayan sido objeto de ninguna descalificación pública. Es más, el pasado mes de abril tenía lugar en la madrileña parroquia de Santo Tomás de Villanueva un acto en cuya convocatoria se subrayaba que «es imprescindible la convocatoria de los cristianos y cristianas de base que en España trabajan y luchan cada día por transformar esta sociedad (desde lo que unos llamamos Reino de Dios y otras y otros, sociedad socialista y autogestionaria o socialismo del siglo XXI)». A nadie se le escapa que el aborto libre forma parte de esa sociedad socialista hoy en avanzada construcción en España y que estos blasfemos, amparados en las estructuras eclesiásticas, se atreven a identificar con el Reino de Dios.

Todo lo ocurrido nos permite demostrar que, en contra de lo que sostienen algunos con mejores deseos que análisis de la realidad, no se está produciendo un cambio a mejor del episcopado español y nos encontramos ante la enésima re-edición de la auto-demolición en su más ibérica versión pos-taranconiana.

Tan complejas o más resultan reacciones como las promovidas por los gobiernos autónomos de Murcia y Navarra, que suspenderán la aplicación de la ley hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional. No se han producido movimientos similares en otras comunidades gobernadas por los conservadores como Madrid o Valencia.
 

Como informaba Religión en Libertad, el presidente regional de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, aseguró este lunes que «de momento no hay razones» para acatar la Ley de Salud Sexual e Interrupción Voluntaria del Embarazo porque aún no se ha resuelto «todo» y no hay sentencia en firme. Por otro lado, el consejero portavoz del Ejecutivo navarro, Alberto Catalán, afirmó que la práctica de abortos en Navarra «va a seguir siendo el mismo», es decir, se garantizará las interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres en los supuestos legales, pero las intervenciones se harán fuera de la Comunidad foral, tal y como ha explicado la consejera de Salud, María Kutz.
 

Iniciativas como éstas son de agradecer en la medida que a su amparo, durante un breve espacio de tiempo, pueden significar el que se salve alguna vida humana inocente pero ahondando en sus motivaciones el juicio que merecen ha de ser mucho más riguroso, sobre todo si van dirigidas a contentar a ciertos sectores del electorado conservador.
 

En el fondo, los dirigentes de Murcia y Navarra revelan una mentalidad perversa que contribuye a difundir una idea hoy dominante entre los electores que los respaldan. Es decir, que hay una ley del aborto “buena” (la que puso en marcha el Gobierno de Felipe González en 1985 y no modificó el de Aznar) y otra “mala”: la que ahora acaba de entrar en vigor, a la espera de que el Tribunal Constitucional la convalide.


 

En tal caso, dicha disposición será asumida y llevada a efecto necesariamente por los dirigentes populares que no pueden evitar su responsabilidad por aceptar unos principios tratando de evadirse de algunas de sus consecuencias. El coste humano de la antigua ley del aborto en estos años ha sido de más de un millón trescientas mil vidas y la eliminación de buena parte de ellas ha sido gestionada por comunidades autónomas como las de Navarra y Murcia. Como dice Pablo Molina: «tampoco es que Ramón Luis Valcárcel haya puesto en cuestión el sagrado dogma del "derecho al aborto" promulgado por Zapatero, porque la región de Murcia está entre las primeras en la clasificación porcentual de abortos y aquí se va a seguir abortando sin impedimentos en función de lo establecido por la anterior ley».

Esa tolerancia de hecho ante ésta y tantas otras realidades legislativas que van transformando la esencia de nuestra sociedad es, probablemente, la responsabilidad más grave de los jerarcas y de los católicos españoles que, salvo honrosas y minoritarias excepciones, han renunciado a cualquier consecuencia cultural y social de su fe. Solamente así se explica que, millones de ellos, se identifiquen con posiciones como las enunciadas desde el Partido Popular, fiel a la más estricta defensa de los supuestos planteados por los socialistas en la Ley del aborto de 1985.

El verano de 2010 nos pone ante las últimas consecuencias del modelo político implantado en España a partir de 1978 y sostenido sobre cuatro pilares: la destrucción de la nación (autonomías), la destrucción de la familia (divorcio), la degradación cultural (leyes educativas) y la destrucción de la vida (aborto). No es casualidad que la completa liquidación del Estado llevada a cabo por el Estatuto de Cataluña coincida en el tiempo con la puesta en vigor de esta nueva ley y poco supone en ambos casos, el necesario respaldo otorgado por un Tribunal Constitucional designado por la casta política.

Ante esta situación, solamente cabe esperar que quienes todavía se movilizan estérilmente en defensa de la vida inocente abandonen su actual estrategia y comiencen a apoyar a aquellos movimientos políticos que coinciden en la defensa de los Principios No Negociables expuestos por Benedicto XVI y continuamente negados y traicionados en su doctrina y en su práctica por el Partido Popular:

«...el respeto y la defensa de la vida humana, desde su concepción hasta su fin natural; la familia fundada en el matrimonio entre hombre y mujer; la libertad de educación de los hijos y la promoción del bien común en todas sus formas. Estos valores no son negociables. Así pues, los políticos y los legisladores católicos, conscientes de su grave responsabilidad social, deben sentirse particularmente interpelados por su conciencia, rectamente formada, para presentar y apoyar leyes inspiradas en los valores fundados en la naturaleza humana» (Sacramentum Caritatis, 83).