El Cardenal Segura es defendido por su Obispo auxiliar

El sábado 20 de junio de 1931 El Castellano publica la intervención del Obispo auxiliar de Toledo. Monseñor Feliciano Rocha Pizarro (18701945) fue obispo auxiliar de Toledo desde 1928 (fue nombrado el 9 de noviembre y consagrado el 10 de marzo de 1929) hasta 1935 (el 28 de enero fue trasladado a la diócesis de Plasencia). A finales de agosto de 1931 monseñor Rocha será nombrado Administrador Apostólico de la Archidiócesis de Toledo hasta que monseñor Isidro Gomá, en julio de 1933, tome posesión de la sede toledana. En la foto, monseñor Rocha Pizarro junto al beato Saturnino Ortega, durante una visita pastoral a Talavera de la Reina, el 29 de octubre de 1933.



Esta es la foto completa. El Administrador Apostólico del Arzobispado de Toledo bendice una bandera de la Acción Católica del Centro de Talavera. Los tres primeros que se encuentran a la derecha de la foto son mártires de la persecución religiosa: los siervos de Dios José García-Verdugo, Manuel Martín Fernández-Mazuecos y el sacerdote Manuel de los Ríos.



Exposición del excelentísimo señor Obispo auxiliar de Toledo, Vicario General del Arzobispado, al Presidente del Gobierno provisional de la República

El señor Obispo auxiliar de Toledo, doctor Rocha Pizarro, ha dirigido al Jefe del Gobierno la siguiente exposición:

Excelentísimo señor:
No sólo por el afecto y veneración que siento hacia la persona del eminentísimo señor Cardenal Primado, sino también en cumplimiento de un deber que me impone mi cargo de Vicario General de este Arzobispado de Toledo, me veo en la dolorosa precisión de acudir ante V.E. en sentida queja por la detención y expulsión del eminentísimo y reverendísimo señor Cardenal don Pedro Segura y Sáenz, esperando de la rectitud de V.E. que dará satisfacción a mis deseos, compartidos por todos los católicos de esta Archidiócesis.

Es caso tan extraordinario que se expulse a un ciudadano de su propia patria, obligándole a solicitar como favor en tierra forastera un lugar de asilo de que en la suya se le priva, que yo no sé si puede haber razón legal, por grave que se la suponga, que en algún caso lo justifique, pues aun a los delincuentes a quienes la ley impone la pena de destierro, no se les obliga a pasar las fronteras de su patria.

Tratase, además, en este caso de un Prelado que tiene el deber de gobernar una Diócesis y que fue detenido dentro de ella, precisamente cuando, al amparo de un derecho que la Ley le reconoce y de la inmunidad que los Sagrados Cánones le conceden, iba a ejercer un acto de su ministerio pastoral.

Tratase -para no alargar otros títulos- de un Cardenal de la Santa Iglesia Romana, del Director Pontificio de la Acción Católica en España, de “la primera dignidad de la Iglesia española”, a quien se detiene por medio de la Guardia civil en una carretera; se le incomunica por espacio de un día; se le recluye durante seis horas en una habitación del Gobierno civil de Guadalajara, sin comodidad alguna, sin miramiento a su delicado estado de salud, bajo la inmediata custodia y vigilancia de la Guardia civil, y se le comunican órdenes por conducta de empleados subalternos, sin que el señor gobernador se digne saludar siquiera al que, aun detenido, no deja de ser, cuando menos, la autoridad religiosa superior de la ciudad de Guadalajara.

Al regresar el eminentísimo señor Cardenal Primado a España, donde tiene una Diócesis que gobernar y sagradas obligaciones que cumplir, no quebrantó órdenes del Gobierno, pues ninguna había recibido. Usó de un derecho que nadie puede negarle. En la frontera mostró su pasaporte; en Madrid residió en su morada habitual, y, después de brevísimo descanso, reanudó su ministerio pastoral, encaminándose para ello a la ciudad de Guadalajara, perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de este Arzobispado.

Ni era preciso que el señor Cardenal Primado diese noticia previa de su regreso a ninguna autoridad civil, ni puede afirmarse que no se lo comunicase a ninguna autoridad eclesiástica, por cuanto tenía conocimiento de su viaje el único que en la jerarquía de la Iglesia es superior a los Cardenales.

No regresó, por tanto, en “forma excesivamente discreta” y, en todo caso, si en la discreción pudiera haber exceso, justificado estaba, no por desconfianza en la rectitud del Gobierno, sino por violentas campañas, de cuyo apasionamiento tiene bien triste experiencia el señor Cardenal, y que en estos días, tomando ocasión de la detención de su eminencia reverendísima, han llegado hasta excitar al atentado contra su sagrada persona.

No ha de extrañar, pues, V.E. que los católicos hayamos sentido honda amargura y expresemos doloridos nuestra protesta al ver al eminentísimo señor Cardenal Primado detenido como un vulgar delincuente, sometido a estrecha vigilancia, expulsado del territorio nacional; y esto, sin advertencia alguna previa, sin expresarle las causas de tan grave resolución, sin concederle siquiera un breve plazo para proveerse de los más preciso y despedirse de su anciana madre; sin más trámite que una orden de cuatro líneas, suscrita por el señor gobernador civil de Guadalajara y ejecutada por comisarios de la policía.

Preciso parece que el Gobierno provisional de la República haya tenido gravísimos y muy urgentes motivos para proceder de esta manera; sobre todo, cuando, estando pendiente una reclamación hecha por el Gobierno ante la Santa Sede, parecía obligado el abstenerse de obrar por cuenta propia, en espera de un acuerdo entre ambas potestades; mas esas gravísimas y urgentes razones no quedan ciertamente aclaradas en la nota oficiosa que hoy ha dado a la prensa el señor ministro de la Gobernación.

La carta pastoral que el Cardenal Primado dirigió, no “a los otros prelados”, como en la nota se dice, sino “al Clero y fieles del Arzobispado de Toledo”, según se expresa en la misma pastoral, no justifica en modo alguno que se estime “peligrosa la permanencia del Cardenal en España”. No un peligro, sino sostén no despreciable del orden y de la paz es quien advierte a sus diocesanos que tienen el deber de respetar y obedecer a los poderes constituidos y expresamente declara que la Iglesia, atenta a sus altísimos fines, no tiene predilección por una forma determinada de Gobierno, y respeta, por tanto, la que la nación se haya dado a sí misma. No es este, en verdad, el estilo de los promotores del desorden y de las revueltas.

Y si el señor Cardenal ha dado “muestras reiteradas y públicas de hostilidad al régimen”, justo hubiera sido enumerarlas, siquiera para que la opinión viese la proporción entre la gravedad de la falta y el rigor de la sanción decretada por el Gobierno; porque mencionar solamente como una de esas públicas muestras de hostilidad al régimen “la forma excesivamente discreta” en que el señor Cardenal regresó a España, es ocasionado a que, por la nimiedad de esta que se cita, se juzgue de las otras que se callan.

A falta de pruebas que justifiquen la expulsión del eminentísimo señor Cardenal Primado, séame permitido, excelentísimo señor, alegar algunos indicios de que en ningún caso será él quien con su “actuación personal perturbe la paz del país”. Las claras luces de su inteligencia, su rectitud de intención, su prudencia exquisita, su adhesión incondicional a las enseñanzas y normas de la Santa Sede y su encendido amor a España son prenda segura de su amor al orden y a la concordia. Su pasado responde del presente y del porvenir. Sus veinticinco años de vida sacerdotal inmaculada, llena de apostólicas actividades y de heroicas abnegaciones, consagrada por entero a promover la paz espiritual de las almas, que es el fundamento primero de la paz social, son garantía cierta de que será siempre cooperador eficacísimo de toda obra de pacificación y de toda empresa de verdadero patriotismo.

Por todo lo cual, el que suscribe, en nombre propio e interpretando el sentir unánime de Clero y fieles del Arzobispado, espera que V.E., en bien de los altos intereses de la Iglesia y en bien asimismo de la paz de la Nación, que en estas horas de grave trascendencia necesita más que nunca la concordia de todos los españoles, someta a nuevo estudio del Gobierno Provisional las medidas tomadas contra el Cardenal Primado, y que, en mérito de las razones expuestas, rectifique la orden de expulsión, permitiendo al venerable Prelado, a quien el destierro tiene alejado de su patria, volver, rodeado del prestigio debido a su dignidad y a sus virtudes, a continuar su apostólico ministerio en esta su amada Archidiócesis.

Dios guarde a V.E. muchos años.