De un ministro que degusta las delicias de la ley que él mismo alumbró
por En cuerpo y alma
El 28 de diciembre, día de los inocentes, del año 2004, entraba en vigor una norma inicua, discriminatoria, llamada Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género que, mediante la creación de un delito que sólo podían cometer hombres y no mujeres, sellaba el certificado de defunción de la sociedad de la igualdad que tan pomposa como engañosamente proclama la Constitución española en su artículo 14, para iniciar la implementación de la nueva sociedad de la discriminación que ya ha dado muchos pasos, como la Ley de cuotas que obliga a discriminar por sexo y no por su valía a las personas que forman parte de las candidaturas electorales; la llamada Ley Aído que entre otras aberraciones, consagra la de que el de eliminar el feto dentro del vientre materno sea un “derecho” exclusivamente femenino, y el padre no tenga nada que decir; o las que desarrollan las discriminaciones de las que son objeto los varones cuando de dirimir la patria potestad sobre sus hijos se trata.
El padre de la criatura, quiero decir, de la llamada Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, era un prometedor político, de cantarín acento, verbo fácil y agradable presencia, que con apenas 43 años, y aunque fuera en un gobierno de la categoría del que presidía aquel arribista de inidentificables méritos que era José Luis Rodríguez Zapatero, fue nada menos que ministro de Justicia, con unos títulos que, para decir toda la verdad, descollaban al lado de los escasísimos de tantos de sus compañeros de gabinete. Su nombre, Juan Fernando López Aguilar.
Pues bien, el prometedor político que coqueteaba con los lobbies que posibilitaron su acceso a las más altas magistraturas y que parió el engendro de ley, se debate hoy en la paradójica situación de estar acusado de cometer él, justamente él, el inicuo delito que la misma alumbraba. Y ojo que digo “inicuo” (inicuo=desigual) y no “injusto”, porque no es injusto que un hombre pague por maltratar a su mujer, pero sí es inicuo que sólo lo haga el hombre que maltrata a una mujer, y no la mujer que maltrata a un hombre, según establece la ley que impulsara en su día el mismo ministro que hoy se ve encausado por ella.
Amén de la iniquidad latente en su filosofía, la ley por él aprobada auspiciaba y daba inicio a una serie de prácticas viciosas y malintencionadas. La primera, la de las denuncias falsas, como de hecho, califica el propio ministro autor de la ley la que ahora le incrimina a él: “Soy consciente de la gravedad de los hechos, falsos”.
La segunda, la realizada por algunas mujeres que inician su proceso de divorcio con una denuncia de malos tratos para garantizarse una posición ventajosa en el proceso. Vicio al que por cierto, tampoco se ha privado de apelar, por lo que a su caso se refiere, el autor de la ley: “Ha sido muy doloroso ver que personas a las que has querido te amenazan de que si culminas la ruptura matrimonial sufriría, como estoy sufriendo ahora, la agresión a mi honorabilidad, credibilidad y mi trabajo político de tantos años”.
López Aguilar habrá maltratado o no a su mujer, no seré yo el que le condene antes de ser juzgado ni tampoco el que le absuelva. Si lo ha hecho está fatal y merecerá las consecuencias a las que dichos malos tratos den lugar. Pero ello no convertirá a la ley cuya promulgación auspició en una ley justa, pues no es justa una ley que ante los mismos hechos castiga a unos pero exime a otros, y otorga a unos la condición de víctima, pero se la niega a otros. Tal parece que al Sr. López Aguilar le toca ahora degustar las caricias del monstruo que él mismo alumbró con tanto afán y con tanto ahínco. Y eso que de momento, el más que cuestionable aforamiento del que se beneficia le ha salvado del calabozo que su propia ley reserva a todos cuantos se hallan en una situación como la suya.
Que hagan Vds. mucho bien y que no reciban menos les deseo. Con estas y otras cosas, mañana seguimos.
©L.A.
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