En México mueren más personas por aborto que por el narco: las cifras de la hipocresía

 

Es práctica común de gobiernos socialistas y de izquierda que al no poder aportar algo realmente relevante a la sociedad que deberían servir se centran en cuestiones de cariz más bien ideológico que de bien común. Como sus "proyectos políticos" suelen ser un fracaso al menos intentan disfrazarlos o desviar la atención para que la misma sociedad no lo perciba tanto. Es lo que está pasando en cierto estado de México donde el Partido de la Revolución Democrática ha abierto un nuevo frente para la legalización del asesinato de bebés en el vientres de sus madres. 

 

En la Ciudad de México han sido asesinados legalmente más de 120 mil niños desde que el aborto se aprobó en 2007. De acuerdo a datos de la Secretaría de Gobernación del sexenio pasado, en México han muerto por causas vinculadas al narcotráfico, en el periodo 2006-2012, 70 mil personas. Que uno de los estados de México donde el problema del narco es la cotidianiedad ponga la mirada en otros menesteres deja ver la hipocrecía que, por un lado, condena la violencia organizada y, por otra, se convierte en estado que solapa el asesinato. 

 

Un aplauso a la valentía del semanario Desde la fe, de la arquidiócesis de México, quien sin medias tintas dedicó una editorial a este tema. La reproduzco a continuación:

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Científicamente se ha demostrado que la vida humana empieza desde el momento de la concepción. Pese a ello, hay quienes en la actualidad se niegan a aceptar esta evidente realidad, ya sea por intereses económicos, pagos de facturas políticas y partidistas, o por el falso alegato de que se trata de legislar “en beneficio de la mujer”.

 

Tal es el caso de algunos representantes de la izquierda que andan con chapuzas y malabares contra la vida y la dignidad de sus gobernados. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con la sanción y promulgación de su Jefe de Gobierno, aceptó en el 2007 el aborto, convirtiéndose en la entidad hacedora de la violencia legal, aniquilando la existencia de más de 120 mil niños y niñas, lo que supera, lamentablemente, la de todas las vidas perdidas en la guerra contra el narcotráfico. El Estado de Morelos, gobernado por el perredista Graco Ramírez, entró al debate abonando a la desesperación de sus habitantes, quienes sufren el flagelo del secuestro, el miedo de la violencia y la zozobra de un Estado extraviado e incapaz de garantizar las condiciones indispensables para la vida, seguridad, justicia y bienestar. Y finalmente, el Estado de Guerrero, por iniciativa de Ángel Aguirre Rivero, presentó una legislación inaudita siguiendo los pasos de aquellas donde el Partido de la Revolución Democrática sacraliza la dictadura relativista y de la cultura de la muerte.

 

La iniciativa con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero y de la Ley Número 1212 de Salud del Estado, pretende ser una codificación equiparada con el más alto estándar de protección de los derechos humanos de las mujeres; sin embargo, la propuesta es contraria a la Constitución y a los Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos, los cuales protegen el valor fundamental de la vida desde la concepción hasta la muerte natural.

 

 

Pero más allá de estos argumentos, en un escrutinio riguroso, el proyecto legislativo del Ejecutivo local es una cortina de humo, un ardid y distractor cargado de los clichés y mañas populistas encubridoras del gobierno que olvidó a sus mujeres, de la realidad del Estado castigado, hambriento, empobrecido y depredado por los responsables del bien común, ejemplo perfecto para tapar la incapacidad y fracaso de la agonizante administración estatal. Estos cambios legislativos, presentados como novedosos y de avanzada, en nada cambiarán la realidad del pueblo guerrerense urgido del desarrollo frustrado por la corrupción del gobierno perredista, haciendo de la entidad un polvorín inestable por los rezagos sociales y la ausencia de oficio político.

 

Los gobiernos de Morelos y Guerrero no han logrado comprender que, al igual que en la Ciudad de México, el aborto solo generará más violencia al asesinar a niños inocentes, ya que son estados regidos por autoridades sordas y huecas de racionalidad, dogmáticas y empeñadas en robar la esperanza cuando se mata a los seres humanos por el aborto. Pero, ¿qué se puede esperar de entidades donde las cifras de crímenes, extorsiones, robos, secuestros, levantones, violencia y corrupción van irremediablemente a la alza? Y se suma a todo lo anterior la absurda pretensión de legalizar el aborto en una desbocada y demencial carrera por convertirse en los primeros estados asesinos del país.