Lunes, 25 de noviembre de 2024

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Protestas y vandalismo

Protestas y vandalismo

por Duc in altum!

  El principal efecto de la globalización, es que lo que sucede en una parte del mundo puede llegar a influir rápidamente en el resto del planeta. Se trata de un fenómeno que no conoce fronteras geopolíticas. Lo hemos visto en el caso de los diferentes movimientos de indignados. Bastó con que surgieran en España para que –al poco tiempo- aparecieran en países como México o Brasil. Por esta razón, son un tema que conviene abordar y analizar conforme a los Principios Generales del Derecho; sobre todo, en lo que tiene que ver con las protestas que últimamente se han dado a nivel internacional, causando inconvenientes con las autoridades responsables de mantener la seguridad pública de las partes involucradas.

Ahora bien, ¿hasta qué punto es válido salir a las calles para exigir justicia social ante un sistema indiferente? Antes que nada, hay que dejar claro que una cosa es protestar y otra -muy distinta- es afectar los derechos de terceros, impulsando actos vandálicos o, en su caso, bloqueando avenidas y carreteras. Nadie discute que las injusticas están a la alza y que hay que hacer algo para mejorar la realidad socioeconómica que nos está tocando vivir; sin embargo, esto no es una justificación para que un grupo de manifestantes incendien un automóvil por el simple hecho de encontrarse estacionado a su paso. Recordemos que es una incongruencia pedir que se haga justicia, mientras se promueven acciones reprobables, lejanas de aquello que se está solicitando, pues ¿qué culpa tiene el dueño del vehículo incendiado de una decisión que involucra directamente al poder legislativo? Todo Estado democrático tiene que reconocer el derecho de libre asociación para manifestarse, pero cuidando que esto no se convierta en un pretexto para causar daños y perjuicios a la sociedad civil. Se piensa mucho en los huelguistas, pero muy poco en los policías que terminan internados en el hospital por el impacto de una piedra que ni siquiera alcanzaron a ver en el aire. Por lo tanto, no se trata de exaltar ciegamente a las fuerzas del orden, como tampoco de culparlas de intervenir cuando las circunstancias -reguladas por la ley- así lo exigen.

Una forma válida de protestar -sin caer en la violencia- son las redes sociales. A través de ellas, los inconformes pueden informar y presionar a las autoridades. Hoy por hoy, es más efectivo un video bien argumentado que un bloqueo carretero. Irse a huelga es jurídicamente válido, pues hay casos en los que no hay más remedio; sin embargo, tal derecho no aprueba que los huelguistas destruyan las instalaciones, cayendo en el saqueo. Actuar de esta manera, justifica que el Estado intervenga poniendo orden, pues tolerar lo intolerable es dar paso al desorden, exponiendo a los ciudadanos que resultan ajenos a la disputa. A causa de las terribles matanzas que se dieron en el pasado, hoy muy pocos gobernantes se atreven a disolver las manifestaciones violentas; sin embargo, a veces es necesario hacerlo, sin que esto signifique utilizar una fuerza desproporcionada, al estilo de los regímenes dictatoriales del siglo XX. Por algo existen las unidades antidisturbios. Es decir, medios para frenar la violencia sin provocar un desenlace sangriento.

Lo que no se vale es formar parte de las masas que se quejan por quejarse; es decir, sin que haya una causa justificada. Es fácil criticar a la autoridad, pero también hay que saber involucrarse y, desde ahí, ser agentes de cambio, hombres y mujeres capaces de elaborar una crítica constructiva, alejada de las descalificaciones que traen consigo más y nuevas tensiones. Sin duda alguna, el cambio requiere actuar, exponer, argumentar y salir, manteniendo la paz a nivel social. El bien común exige construir en lugar de destruir, dándole prioridad al diálogo, a la negociación y, por supuesto, al consenso.

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