Balance de 180 días de Gobierno del PP

            Una cifra extraña. O no tanto, pues se corresponde con lo que generalmente se abrevia como seis meses. En todo caso, un tiempo adecuado para estar ya en situación de analizar las líneas básicas de lo que constituye la acción de gobierno de este Partido Popular que de manera tan abrumadora ganó las elecciones del pasado 20-N y también de quien desde el 20 de diciembre, es el Presidente del Gobierno español, el Sr. Rajoy.

 

            Para este somero análisis, yo diferenciaría dos grandes campos: lo que constituye la acción político-ideológica del Gobierno, de un lado; y lo que constituye su mera acción de administración, o en otras palabras, su gestión económica, de otro.

            En el primero de los campos, se observa un gran abandonismo, si me permiten Vds. el palabro, a lo que constituyeron los pilares ideológicos del anterior Gobierno. Lo que produce una cierta perplejidad por cuanto muchos de ellos fueron severamente atacados por el mismo partido que hoy gobierna cuando ejerció la oposición. Tan sólo la desactivación (que no derogación) de leyes como la de memoria histórica representan algún paso en la dirección contraria a la ejercida por el Gobierno pesoíta del Sr. Rodríguez Zapatero. Y por el contrario, se observa que se ha asumido completamente la política antiterrorista pesoíta, con traslado (bastante silencioso) de presos, medidas encubiertas de gracia, persecución light de terroristas y complacencia ante las siglas herederas del terror… Todo lo cual realizado con una, si se quiere, mayor tranquilidad que aquélla de la que gozó su predecesor, al no sufrir desde la bancada de la oposición la resistencia que ellos mismos sí representaron cuando militaron en esa bancada, ni tampoco la de las víctimas (al menos por el momento), que acuden un tanto perplejas y todavía indecisas al cambio de postura de un Gobierno sin nada nuevo que decir en ese sentido. Sí es nueva, por el contrario, o por lo menos hasta la fecha, la actitud exhibida ante otros problemas de orden público como por ejemplo el 15-M.

 

            Tampoco se ha puesto coto a los desmanes nacionalistas tantas veces criticados en el pasado (leyes totalitarias relativas al idioma y a la enseñanza, gastos suntuarios para “hacer país” como se suele decir, leyes segregadoras de mercados), con el agravante de que a los excesos de partidos supuestamente “moderados” que han gobernado en el pasado, han de suceder en breve en algunos puntos muy delicados de la geografía nacional, opciones políticas ancladas en la marginalidad y con las manos manchadas de sangre, reto ante el que no se atisba por parte del Gobierno proyecto alguno de combate. Un aspecto de la estrategia política donde también se han asumido con total naturalidad los principios del pesoísmo, con una defensa de los símbolos nacionales que, me atrevo a decir, es incluso más laxa (si cabe) que la que exhibió el anterior Gobierno⁽¹⁾.

 

            Tampoco se han cuestionado en modo alguno los muchos pasos dados por el anterior Gobierno para destrozar la célula básica de la convivencia social que es la familia, a partir de una cosmovisión experimental que se da en llamar ideología de género y que yo prefiero llamar lucha de los sexos. Desde este punto de vista, llama la atención que el que más comprometido se ha mostrado sea, precisamente, el componente del Gobierno del que menos se esperaba en ese sentido, su ministro de Justicia, que ha prometido la derogación de la actual Ley del derecho de la mujer a exterminar a su hijo dentro de su propio vientre (cierto que aún estamos esperando), y que pretende introducir en la legislación un concepto largamente demandado por tantos ciudadanos como es el de la paternidad compartida, en una sociedad en la que empiezan a ser demasiadas las familias que han colapsado por mor de unos usos y unas leyes altamente perjudiciales para la convivencia social, todos aquellos que atentan contra su célula básica, la familia.

 

            Llama poderosamente la atención la ausencia de un proyecto definido por lo que se refiere a un problema bien identificado de la sociedad española, cual es el de la educación, donde uno habría esperado medidas de choque inmediatas y contundentes, bien escenificadas, que deberían haber sido bien acogidas por un sector mayoritario de la opinión pública española. Tanto más cuanto que es en ese campo donde a medio plazo nos jugamos la verdadera solución a la crisis monstruosa que nos azota, con una juventud, la actual, que sólo cree tener derechos y ningún deber, y que carece de la menor noción de conceptos tan intrínsecos al ser humano y a la historia como el esfuerzo, el sacrificio, el trabajo, el mérito, el premio, el castigo…

 

            En el segundo de los campos, el de la gestión económica del país, aquél en el que el Gobierno está siendo más atacado, entiendo sin embargo (y sé que es muy impopular sostenerlo) que es donde con mayor criterio y rigor está trabajando. Las medidas adoptadas son las que la situación exige, el ritmo es el posible, los medios son los adecuados, con una intercomunicación con los poderes fácticos internacionales que habían sido descuidados, cuando no literalmente despreciados, por el anterior Gobierno, el cual había situado a España en un lugar absolutamente periférico de la escena internacional.

 

            No es de extrañar, sin embargo, que la ciudadanía se impaciente ante la ausencia de resultados de una política austera y dolorosa en exceso, algo que no es diferente de lo que le ocurre a quien aquejado por un cáncer, lamenta la lentitud de los resultados del tratamiento y el elevado sacrificio que impone. Y es que, al fin y al cabo, un cáncer, un verdadero cáncer, es lo que la economía española padece. Un cáncer cuya curación confiaron los españoles durante excesivo tiempo a las manos de un brujo curandero sin ninguna formación que le prometió que con unas hierbecitas mágicas encontradas en remotos bosques siderales que sólo él conocía, iba a bastar para curarla, no haciendo otra cosa que perder un tiempo precioso que sólo ha servido para que la metástasis se extienda inexorablemente por todos los órganos del cuerpo.

 

            Se echa en falta, sin embargo, en este mismo campo, dos reformas por presentar y acometer en el campo de las medidas económicas imprescindibles para salir de la crisis que nos azota. En primer lugar, la de una administración excesiva y artificialmente engordada, la autonómica, que si económicamente es de una alta ineficiencia y corrupción, desde el punto de vista político ha resultado de una deslealtad que ha superado hace tiempo todos los límites de lo tolerable para un país.

 

            Y en segundo, la de la alta administración, con medidas que contribuyan al imprescindible recortamiento de cargos, a la adecuación de sus emolumentos y prebendas a la crítica situación presente y a la lucha encarada y firme contra todos los elementos corruptos de la misma, que son lamentablemente demasiados. Una reforma que no sólo es económicamente urgente, sino sin la cual, carecerán de legitimidad todos los esfuerzos que, precisamente desde esas mismas instancias, se reclaman a una ciudadanía que indudablemente está sufriendo, sin percibir que sus dirigentes lo estén haciendo, no ya en parecida medida, sino en ninguna.