La ley justa y el respeto a la ley

Que la ley debe ser respetada y que todos debemos atenernos a ella, lo ha repetido Rajoy por activa y por pasiva, y lo aceptamos todos. Efectivamente todos debemos atenernos a ella y cumplirla. Pero hay que tener en cuenta otro aspecto también muy importante, es decir, si la ley es justa o no lo es.

Si no lo es, no obliga en conciencia; Y menos, si va contra los valores y derechos fundamentales de la persona y entre ellos, y sobre todo, si va contra el derecho más fundamental y más sagrado como es el derecho a la vida.

Las leyes que van contra este derecho son injustas; hay que derogarlas, y los súbditos no están obligados a cumplirlas. Y si el Estado quiere obligar, estará siempre el derecho a la objeción de conciencia. Y si el Estado tampoco respeta el derecho a la objeción de conciencia, uno no puede actuar contra la vida, aunque lo castiguen con el despido, con una multa, incluso, aunque se pueda llegar al martirio, como tantas veces ha sucedido en la historia y está sucediendo también en la actualidad en unos países o en otros.

Al hablar de la objeción de conciencia, no me refiero, claro está, a que uno no la quiera cumplir en cuanto que está en oposición con la doctrina católica. Vale exactamente igual para los que profesan otra religión, porque es deber del Estado respetar las distintas creencias religiosas siempre que no atenten contra los derechos de las personas, sean como sean, y piensen cómo piensen.

Voy diciendo esto porque el recién nombrado Presidente acaba de decir que el respeto a la vida debe ser básico en la sociedad. Y tiene toda la razón. Pero hablar del respeto a la vida supone no sólo el respeto a la vida de los enfermos incurables, de los ancianos, de los que nacen con una enfermedad incurable, sino que también incluye el respeto a la vida que se está gestando en el seno de la madre, porque es una vida tan digna como la de cualquiera de nosotros. Se trata sencillamente de una vida humana, y no hay vidas humanas de primera y de segunda, ni vidas que se pueden destruir impunemente, y vidas que hay que respetar.

La actual legislación sobre el derecho a la vida de los niños que todavía no han nacido, no resiste un mínimo análisis, ni desde la lógica ni desde la moral. La ley debe defender el bien común y apoyarlo, y la actual ley da a la madre nada menos que el derecho y la facultad (que ni el mismo Estado tiene), de destruir la vida del hijo que lleva en su seno, y lo puede hacer, sencillamente, por propia voluntad. ¿Cómo justifica el Estado o, mejor, cómo se arroga el Estado la facultad de suprimir vidas inocentes?

Santo Tomás de Aquino dio una definición de la ley que después se ha hecho común en todas partes; la define como: ordinatio rationis ad bonum commune, ab eo qui communitatis curam habet, promulgata, que en castellano suena así: “Una prescripción de la razón, en función del bien común y promulgada por el que tiene el cuidado de la comunidad”. Dos aspectos que quiero resaltar: primero, que se trate de una prescripción racional; y segundo, que esté ordenada al bien común.

No sólo la ley actual que autoriza el aborto por la sola voluntad de la madre, sino también la que se promulgó hace unos años, como todas las leyes que legalizan el aborto, ni son racionales ni están en función del bien común.

Pido al Sr. Presidente que, cuanto antes y concienciando un poco a la sociedad sobre el absurdo del aborto, que no se limite a anular solamente la última ley abortiva. Que apueste por la vida; porque si se limita a derogar la última ley y no la primera, no habría una apuesta clara y definitiva por la vida.

José Gea