El "ajuste" Cospedal y las huelgas del profesorado

El tandem que parecen formar desde junio las dos lideresas del PP, Aguirre-Cospedal, Cospedal-Aguirre, tanto monta, monta tanto, está proporcinando buenos titulares desde la constitución de los nuevos gabinetes surgidos tras el 22 de mayo. El más reciente, el duro plan de ajuste de la presidenta castellanomanchega.

Cuestionar la necesidad de este ajuste sólo puede entenderse desde alguna postura por completo ajena a la realidad. Es ejemplar, necesario e imprescindible. Y por supuesto, va a levantar ampollas y a provocar graves efectos colaterales. Pero la responsabilidad última de tales efectos es por completo de los gabinetes socialistas que han dejado España en quiebra, y más en concreto del gobierno Barreda en Castilla-La Mancha.

En el ámbito educativo, cuatro son las medidas a destacar que pueden tener un efecto considerable sobre el número de profesores que pueden perder este mes su puesto de trabajo: el aumento en dos horas de la carga lectiva semanal del profesorado, la supresión de los CPR (Centros de Profesores y Recursos), la eliminación del 75% de los asesores de la Consejería de Educación y la supresión de un cincuenta por ciento estimado de liberados sindicales.

En primer lugar, el aumento de dos horas lectivas en el horario semanal del profesorado va a provocar la desaparición de algunas plazas docentes en cada centro educativo, en número variable en función del volumen de profesorado-alumnado de cada uno de tales centros. Al asumir cada profesor un aumento de la carga horaria, este aumento implica una disminución de horas disponibles para la creación o mantenimiento de plazas que son eventuales, no de plantilla, y que son ocupadas habitualmente por profesores interinos.

Simultáneamente, la supresión de los Centros de Profesores y Recursos, organismos de dudosa utilidad y que mantenían ocupados a un importante número de profesores liberados de la tiza en calidad de asesores técnicos docentes, provocará la reincorporación de éstos a sus centros de origen, con el efecto de dar otra vuelta de tuerca al número de plazas disponibles para profesores interinos.

El mismo efecto va a tener la salida en masa de la legión de asesores que poblaban las diversas dependencias de la administración educativa regional, desde la propia Consejería hasta cada una de las delegaciones provinciales, y del mismo modo el retorno de los liberados sindicales a sus centros de origen. Se puede preveer que la reducción de puestos de trabajo en la red de centros públicos de Castilla-La Mancha va a ser dramática.

Ante este panorama, los sindicatos llaman a la guerra. Y llaman a la guerra contra el PP, y llaman a la guerra a la vista de unas elecciones generales el próximo 20 de noviembre. Y ante esta llamada, el profesorado se hará un flaquísimo favor si no sopesa con cuidado la postura que decida adoptar.

En primer lugar, el profesorado debe ser consciente de que el resto de la sociedad les va a mirar con lupa, les va a hacer un seguimiento minucioso, y lo que el colectivo de docentes públicos no puede permitirse ya de ningún modo es arrasar por completo con el poco prestigio que aún le queda, precisamente en un momento en el que ya se plantean leyes de "autoridad del profesorado" para intentar devolver a la profesión aunque sea un mínimo de toda la dignidad perdida.

Lo que el resto de la sociedad no va a poder admitir es algo que se le va a aparecer de un modo harto injusto como un simple "no quieren trabajar": el profesorado no puede permitirse semejante imagen en estos momentos, tal posición es directamente un suicidio.

Pero en segundo lugar, el profesorado tiene que ser muy consciente y no puede perder de vista en ningún momento que los que tocan ahora los tambores de guerra son precisamente algunos de los responsables directos de la situación: esos mismos sindicatos que han estado viviendo a cuenta de los ciudadanos, esas masas de liberados de la tiza que han invadido todas las administraciones educativas desde hace muchos años, esos privilegiados de carnet que estaban un escalón por encima del resto de compañeros de trabajo y que ahora retornan a sus centros en algunos casos para ocupar puestos directivos como si alguien les hubiera estado guardando el sillón en un auténtico fraude de ley. Y sobre este punto hay nombres y apellidos.

Los responsables, en definitiva, de la pérdida de bastantes puestos de trabajo docentes son los mismos que han estado gobernando la región durante treinta años, los que la han poblado de una auténtica casta de parásitos privilegiados y los que han dejado en bancarrota total a toda una población que ya no va a aguantar ni una sola tontería corporativista más. Subirse a ese carro con semejantes compañeros de viaje no puede ser sino el suicidio definitivo del profesorado de la enseñanza pública castellanomanchega y española en general.