El PP defiende la enseñanza diferenciada por sexos
por Luis Antequera
Son muchas las ocasiones en las que tenemos que lamentar los silencios del PP, pero de justicia es que cuando habla para decir cosas sensatas, también se lo premiemos. Tal es el caso en esta ocasión. El próximo miércoles en la Comisión de Educación del Congreso de los Diputados, el Partido Popular insta al Gobierno a que la enseñanza diferenciada por sexos sea una opción de los padres, y en consecuencia, susceptible de financiación pública. Y es que, según se indica en la exposición de motivos de la proposición no de ley que presenta el PP, en alguna comunidad autónoma no se ha renovado el concierto económico a algún colegio, precisamente por impartir educación diferenciada por sexos.
Más allá de las numerosas ventajas que representa una educación diferenciada por sexos, lo que está en juego aquí, y así se señala en la proposición, es el derecho a no ser discriminados por la elección de una opción pedagógica que recoge la Carta europea de derechos fundamentales del Tratado de Lisboa. Pero sobre todo, el derecho que asiste a los padres de elegir el tipo de educación que quieren para su hijos recogido en el artículo 27 de la Constitución española, cuyo apartado 3 reza como sigue:
“Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.
Uno de los artículos de nuestra Carta Magna, este 27.3, más veces conculcado por los numerosísimos, excesivos gobiernos que proliferan por nuestra geografía patria, todos los cuales han puesto los ojos en la educación no como instrumento de formación de nuestra juventud y de la que servirse para convertir a nuestros jóvenes en personas de provecho capaces de ganarse por sí mismos las habichuelas, sino como herramienta para su adoctrinamiento de cara a garantizarse, según piensan, las elecciones del futuro y la eternización en el poder, lo único que verdaderamente les importa.
Así lo ha hecho el pesoísmo, imponiendo una asignatura, la Educación para la ciudadanía, que no tiene otro objetivo que adoctrinar a los niños en una serie de consignas ideológicas sobre las que en modo alguno existe consenso en la sociedad española, y que constituyen lo único parecido a ideología de un partido que, aunque se haga llamar socialista, rara vez en su historia fue leal con la ideología que le da nombre.
Así lo han hecho también los múltiples nacionalismos que pululan por España, llegando al esperpento de negarse en más de una y de dos regiones españolas la educación en la lengua común de todos los españoles, por si ello fuera poco, mayoritaria en las regiones en cuestión. Por eso espero que la próxima proposición no de ley del Partido Popular, en el Congreso como en los parlamentos regionales de Cataluña, Baleares, -y también en el de Galicia donde no es otro que él mismo el que gobierna-, sea la encaminada a acabar con la discriminación que sufren aquellos padres que quieren que la educación de sus hijos se lleve a efecto en español.
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