Recordando la "quema de conventos" de 1931

La implantación de la Segunda República supuso el comienzo de la actuación de un verdadero régimen que se pudo acabar definiendo como genocida pues, mediante una persecución religiosa intentó el “exterminio o eliminación sistemática de un grupo social por motivo de raza, de etnia, de religión, de política o de nacionalidad” (como define el Diccionario de la RAE).

Dicha persecución se iniciaba hace ahora 79 años, cuando el nuevo sistema político daba sus primeros pasos.

El laicismo republicano

Se suele decir que la Segunda República, nacida como fruto de la coacción ejercida por el Comité Revolucionario sobre un Monarca y un Gobierno claudicantes, tuvo que hacer frente desde sus primeros momentos a un problema religioso pero eso no se puede entender en el sentido de que las creencias religiosas fueran un motivo de conflicto permanente sino en otro muy distinto: determinados grupos tenían en su mente un proyecto, arrastrado durante años, de desterrar a la Iglesia de toda presencia social y de instaurar un laicismo que no era simple neutralidad sino militantemente anti-religioso. El “España ha dejado de ser católica” de Azaña era la expresión de un deseo más que una constatación sociológica.

Los sucesos en Madrid

El 10 de mayo había tenido lugar la apertura legal en Madrid del Círculo Monárquico Independiente pero la República no estaba dispuesta a permitir que la oposición se organizase con vistas a las próximas elecciones a Cortes Constituyentes.

Una comisión presidida por Rada (héroe nacional del vuelo del aeroplano Plus Ultra y filoanarquista en 1931) se presentó al Gobierno para pedir responsabilidades por lo ocurrido y los activistas allí concentrados fueron arengados desde el Ministerio de la Gobernación.



En la mañana del 11 de mayo comenzaron los incendios en el templo y residencia de los jesuitas de la calle de la Flor (junto a la Gran Vía madrileña) y continuaron a lo largo de la mañana en el Convento de Bernardas de las Vallecas (C/Isabel la Católica), Iglesia de Santa Teresa (Plaza de España) y en el Instituto Católico de Artes e Industrias (ICAI), también de la Compañía de Jesús (C/Alberto Aguilera).

En el convento de las Trinitarias (Marqués de Urquijo) los revoltosos se contentan con hacer salir a las corrigendas; en el del Beato Orozco (Goya) y en el Oratorio del Caballero de Gracia se dejan persuadir por la oratoria de algunos espontáneos bien intencionados y de otras casas religiosas se alejan después de ahuyentar a sus moradores.

Por la tarde se reanudan los incendios, ahora en el Colegio de los Hermanos de la Doctrina Cristiana (Cuatro Caminos), Escuela y Convento de Mercedarias (C/Tiziano-Jaén), Colegio de las Salesianas (Cuatro Caminos), Parroquia de Bellas Vistas (filial de la de Cuatro Caminos) y Noviciado de Religiosas del Sagrado Corazón (Chamartín). A última hora de la tarde, un grupo de soldados había llegado a tiempo para evitar el incendio del Colegio de la Compañía de Jesús en Chamartín pero no el saqueo.

La pasividad mantenida por las fuerzas de orden público era consecuencia de la indiferencia del Gobierno. El propio Miguel Maura, ministro de la Gobernación, dio más tarde a conocer la postura de Azaña: “Todos los conventos de España no valen la vida de un republicano. Si sale la Guardia Civil yo dimito” La vida de los que tuvieron que ponerse a salvo de las llamas parecía preocuparle bastante menos.
 

Los desórdenes se extendieron a partir de la tarde a diversos lugares. A diferencia de lo ocurrido en Madrid, en lugares como Sevilla, Córdoba y Jerez de la Frontera, puso fin a los incendios la intervención de la fuerza pública.

En cambio en Málaga, donde el propio Gobernador militar, general García Gómez-Caminero, ordenó la retirada de las fuerzas de seguridad que no actuaron hasta la una del mediodía del 12-mayo, el balance resultó aún más desolador. Sucesos semejantes ocurrieron diversas ciudades de las provincias de Murcia, Alicante y Valencia.

En pocos días habían quedado convertidos en cenizas un centenar de edificios: no solamente iglesias y conventos, también centros de enseñanza como la Escuela de Artes y Oficios de la calle Areneros donde se habían formado miles de trabajadores o el Colegio de la Doctrina Cristiana de Cuatro Caminos, donde recibían enseñanza cientos de hijos de obreros; bibliotecas como la de los jesuitas de la calle de la Flor con 80.000 volúmenes, entre ellos incunables, ediciones príncipe de Lope de Vega, Quevedo o Calderón, colecciones únicas de revistas, el archivo del historiador padre García de Villada, producto de años de investigación; imágenes de Zurbarán, Valdés Leal, Coello, Alonso Cano… y lo peor estaba todavía por venir en los años sucesivos.

La complicidad del Gobierno Provisional

La pregunta acerca de los responsables resulta obligada pero tiene difícil respuesta debido a la ausencia formal de intervención judicial.

Lo que está claro es que al Gobierno no le interesaban aclaraciones profundas de lo sucedido y encubría a los culpables pero ¿quiénes eran éstos? Con penosa inconsecuencia, la prensa de izquierdas —única que pudo dar su particular versión de los sucesos pues la derechista había sido amordazada con la habitual censura— los atribuyó al "pueblo", excitado por una provocación de los monárquicos pero lo, si es injusto identificar al pueblo con unas bandas de delincuentes, lo ocurrido difícilmente se compagina con una falta de método.

A partir de los testimonios recogidos se puede deducir que al menos fueron dos los centros desde los que se organizó todo: el Ateneo y el Partido Comunista.