Los hechos, no la ideología, determinan la realidad

Hace unos meses conocíamos un importante, extenso y documentado informe del ámbito de la psiquiatría, firmado por los americanos Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer, titulado Sexualidad y género. Conclusiones de la Biología, la Psicología y las Ciencias Sociales. Este informe fue publicado en la revista americana de tecnología y sociedad The New Atlantis. En el informe se señala que algunas de las afirmaciones más frecuentemente oídas sobre sexualidad y género carecen por completo de evidencia científica y que la orientación sexual y la identidad de género se resisten a cualquier explicación teórica simplista.

El informe de los doctores Paul R. McHug y Lawrence S. Mayer es concluyente: las pruebas científicas no respaldan la visión de que la orientación sexual es una propiedad innata y biológicamente fija del ser humano (la idea de que los individuos “nacen así”). El informe revela además que existen índices más altos de problemas de salud mental en poblaciones de personas que se definen como lesbianas, gays, bisexuales o transexuales (LGBT), y se pregunta sobre la base científica del tratamiento de los niños que no se identifican con su sexo biológico. Cada una de las conclusiones del informe está basada en la evidencia científica existente desde los distintos campos de investigación que confluyen en este campo, multidisciplinar, incluyendo la epidemiología, la genética, la endocrinología, la psiquiatría, la neurociencia, la embriología, la pediatría, la psicología y la sociología.
 
Los primeros interesados en tener en cuenta este documento deberían ser aquellos a los que se les llena la boca con la defensa de los intereses sociales. Es decir, a nuestros políticos nacionales y autonómicos, que en una delirante carrera por apuntarse a lo postmoderno, y dedicados al corto y pego y a la imitación demagógica de ver quién da más, llevan tiempo dedicados a legislar sin reparar en las consecuencias para las personas y la sociedad en su totalidad y desde luego al margen de la ciencia, y a aprobar unas leyes contra la vida, la familia y la salud.
 
La imposición de la “ideología de género” desde las administraciones públicas españolas, a través del sistema educativo y mediante duras sanciones económicas, es ya una realidad operativa en buena parte del territorio nacional, siendo ya once de las 19 autonomías las que han aprobado leyes en ese sentido en los últimos años.
 
A la hora de legislar en este tema se ignoran los datos de la ciencia, como se ignoraron antes de la implantación de la ley del aborto. Allí se ocultó la realidad de que el ciclo vital de un ser humano empieza tras la concepción y que, una vez terminada ésta, estamos ante una nueva vida que, en contra de lo legislado, debería ser protegida como lo que es, una realidad humana en sus primeras fases de desarrollo. Aún tenemos que oír que la Ley del Aborto de 2010 ha supuesto una reducción del número de abortos, simplemente porque desde 2009 a 2014 se ha pasado de 111.482 abortos a 98.144, sin reparar en factores como el descenso general de la natalidad, la disminución de emigrantes y el sórdido hecho de que antes de 2010 los abortos eran justificados mayoritariamente por una falsa alegación a los riesgos para la salud física o la vida de la embarazada y tras la Ley de 2010, 9 de cada 10 abortos se realizan “a petición de la mujer” y sin aducir ningún tipo de causa.
 
Más recientemente se ha hecho público otro informe, muy importante y que debería ser inexcusablemente tenido en cuenta antes de deslizarse por la pendiente de la ingeniería social a favor de la ideología de género. En este caso, son sus autores los pediatras Michelle A. Cretella y Quentin Van Meter, presidente y vicepresidente, respectivamente, del Colegio Americano de Pediatría y el psiquiatra Paul McHugh. El informe se ha hecho público a través de la web del Colegio Americano de Pediatría y del mismo se ha adelantado un resumen estructurado en 8 puntos, por el que se insta a educadores y legisladores a rechazar todas las políticas que condicionan a los niños a aceptar como normal una vida de suplantación química y quirúrgica del sexo opuesto. En él se afirma que “los hechos –no la ideología– determinan la realidad”.
 
En este informe se señalan puntos tan obvios como que la sexualidad humana es un rasgo biológico binario objetivo: "XY" y "XX" son marcadores genéticos de varón y mujer, respectivamente, no marcadores genéticos de un trastorno. La sexualidad humana es binaria por diseño con el propósito obvio de la reproducción y el florecimiento de nuestra especie. Nadie nace con un género. Todo el mundo nace con un sexo biológico. El género (conciencia y sentido de uno mismo como hombre o mujer) es un concepto sociológico y psicológico; no una realidad biológica. Una persona que cree que él o ella es algo que no es, en el mejor de los casos, muestra un signo de pensamiento confuso. La pubertad no es una enfermedad y el bloqueo de la pubertad mediante hormonas puede ser peligroso.

Es importante la afirmación de que el 98% de los casos de confusión de género en niños y el 88% en niñas es transitorio, y finalmente aceptan su sexo biológico después de pasar de forma natural su pubertad (American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5ª ed., Arlington, Virginia, American Psychiatric Association, 2013, págs. 451-459). Por ello, el forzamiento de cambio de sexo mediante hormonas (testosterona y estrógenos) en los niños y niñas que tienen esa confusión transitoria es un error, ya que estos tratamientos están asociados a peligrosos riesgos para la salud, que incluye, entre otros, presión arterial alta, coágulos sanguíneos, accidente cerebro-vascular y cáncer. En el mismo informe se reitera que los índices de suicidio son 20 veces mayores entre los adultos que usaron hormonas y se sometieron a cirugía de reasignación de sexo y califica de “abuso infantil” el adoctrinamiento de los niños en la creencia de que la suplantación química y quirúrgica del sexo opuesto es normal y saludable.
 
Este importante informe del Colegio de Pediatría de Estados Unidos plantea una inquietante pregunta que deberían responder los responsables políticos que han respaldado leyes como la de ʺProtección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madridʺ, o cualquiera otra de las ya vigentes en España: ¿Qué persona razonable y compasiva condenaría a los niños a los peligrosos riesgos para su salud de los tratamientos de cambio de sexo, sabiendo que después de pasar de forma natural su pubertad el 88% de las niñas y el 98% de los niños terminarán aceptando su sexo biológico?
 
Bien está el objetivo de establecer un marco normativo adecuado para garantizar el derecho de toda persona a no ser discriminada por razón de su orientación sexual o identidad y/o expresión de género. Pero téngase en cuenta lo señalado en estos importantes informes a la hora de aplicar leyes que, bajo la apariencia de garantía de un tratamiento adecuado en materia de salud, acepta decidir a someter a terceras personas (caso común tratándose de menores) a tratamientos hormonales o quirúrgicos, bajo el señuelo de que lo contrario coartaría su libertad de autodeterminación de género. Si bien todo profesional de la salud o que preste sus servicios en el área sanitaria está obligado a proyectar la igualdad de trato a las personas LGTBI, por encima de ello debe conocer y aplicar los principios deontológicos propios de su profesión, que en el caso de España están claramente expresados en el art. 5.3, del Código de Deontología Médica, actualizado en julio de 2011: “La principal lealtad del médico es la que debe a su paciente y la salud de éste debe anteponerse a cualquier otra conveniencia”.
 
Nicolás Jouve es catedrático emérito de Genética.
Publicado en Páginas Digital.