Abusos en la Iglesia: verdad (y mentira) a medias (1)

Los abusos sexuales a menores y adultos cometidos por sacerdotes y religiosos católicos así como su encubrimiento son injustificables y la Iglesia debe evitar que se repitan, partiendo por separar a los culpables de sus funciones. Los abusadores, sus encubridores y las autoridades eclesiásticas que no hicieron lo suficiente para evitar que estos sucesos siguieran ocurriendo han traicionado la confianza de los fieles causando un daño imposible de dimensionar tanto para las víctimas como para la misión de la Iglesia. Digo esto para que el lector no piense que mi intención al escribir este artículo es defender lo indefendible.

Entrando ahora en materia, después de haber revisado en internet noticias recientes sobre abusos sexuales, he llegado al convencimiento de que la manera en que los medios de comunicación chilenos han informado sobre el tema es sesgada —por tanto errada— en cuanto conduce a la idea de que los abusos y su encubrimiento se dan principalmente en la Iglesia católica. 

Primeramente, abusos sexuales —a menores y a adultos— y su encubrimiento han ocurrido en comunidades religiosas de distintos credos. El sitio protestante The Christian Science Monitor ha publicado recientemente un artículo que habla de los innumerables abusos sexuales a menores en iglesias de esa denominación. En 2012 la Watchtower Bible and Tract Society de Nueva York, que supervisa a los Testigos de Jehová en Estados Unidos, fue sancionada a raíz del abuso que uno de sus miembros perpetró contra de una menor de 9 años a mediados de los 90; la responsabilidad de la institución deriva de que “instauró una política en 1989 bajo la cual se debía ocultar los abusos en la congregación a menores”. En Argentina, en mayo recién pasado el ex presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA) fue denunciado por una mujer adulta por acoso sexual y extorsión económica; los miembros de la organización debaten la pertinencia de pedir la renuncia a todos sus directivos debido a “la demora en reaccionar y a la sospecha de cierta actitud de encubrimiento”.

Pero sería un error creer que el problema se da sólo o preferentemente en el ámbito religioso. En el deporte se han destapado varios casos. En 2012 la Universidad Estatal de Pensilvania de Estados Unidos fue sancionada por su responsabilidad en el abuso sexual por parte de uno de los entrenadores de su equipo de fútbol americano contra varios menores durante 15 años; los directivos del equipo y de la propia universidad no denunciaron al abusador a pesar de tener indicios de lo que sucedía. En ese mismo país, en enero de este año un médico ex encargado del equipo de gimnasia olímpica fue condenado por haber abusado reiteradamente de integrantes del equipo en edades que van desde los 6 años; en el juicio testificaron 156 mujeres hoy adultas. Siguen pendientes demandas civiles contra la USA Gymnastics, órgano rector de la gimnasia olímpica del país, y la Universidad Estatal de Michigan, donde el sentenciado también ejerció su profesión. Algo similar, aunque en menor escala, ocurrió en España: en 2013, tres antiguas gimnastas del equipo olímpico denunciaron haber sido abusadas y manipuladas sicológicamente por su entrenador y que en los años 80 alertaron a la Federación pero no hubo resultados.

Continúo. En Inglaterra, en 2016 un ex jugador de fútbol declaró en una entrevista haber sido abusado a los 11 años por un entrenador y veedor vinculado a varios clubes. Fue el inicio de una serie de acusaciones por abusos ocurridos entre 1979 y 1991 a muchachos cuyas edades fluctuaban entre 8 y 15 años. La Federación inglesa y los clubes también están acusados de encubrir los actos de pedofilia. En enero de 2017 la policía había identificado a 184 sospechosos, 526 víctimas y 248 equipos profesionales y aficionados, incluyendo a cinco de la Premier League. A junio de este año van 350 jugadores que han denunciado haber sufrido abusos en lo que el presidente de la Federación ha calificado “la peor crisis del fútbol inglés”. Y en Argentina, el pasado 21 de marzo pasado un jugador de las inferiores del club Independiente denunció que él y otros 19 niños eran parte de una red de prostitución infantil, lo que provocó el inicio de una investigación por parte de la fiscalía; desde entonces se han recogido más denuncias por situaciones ocurridas en varios clubes y que se habrían producido desde los años 90. La red operaba llevando a menores en sus ratos libres a departamentos en exclusivas zonas de Buenos Aires a realizar favores sexuales. (Me pregunto: ¿cómo es posible que los medios estén transmitiendo y la gente disfrutando los partidos del campeonato mundial como si nada de esto hubiera pasado, a pesar de estar participando las selecciones de los dos países?).

Los abusos se han dado también en el mundo del espectáculo. En Inglaterra, en 2016 un tribunal emitió un informe como resultado de una investigación póstuma sobre la conducta de Jimmy Savile, presentador estrella de la BBC en los 70 y 80 y fallecido en octubre de 2011, determinando que durante cuarenta años cometió más de doscientos abusos sexuales contra decenas de personas, muchas de ellas adolescentes. Si bien el informe consigna que “no existe evidencia de que la BBC supiese de la conducta sexual inapropiada de Savile”, criticó que “la cultura de la entidad hacía prácticamente imposible denunciar a una celebridad”. Pero al margen de la investigación judicial se supo que, poco después de la muerte del animador, un programa de la misma BBC había realizado una investigación propia sobre el tema pero el editor ordenó no emitir el programa por “no existir suficiente evidencia”. El caso sumió a la cadena en la peor crisis de su historia.

En el mismo ámbito, en octubre de 2017 una denuncia por abuso sexual en contra del famoso productor de Hollywood Harvey Weinstein fue el inicio de una seguidilla de acusaciones en contra del mismo Weinstein y de otros productores, directores y actores. Las denuncias han permitido saber que los abusos eran una práctica habitual en la industria. En general las víctimas son personas adultas, pero con anterioridad algunos actores habían declarado haber sido víctimas cuando niños o al menos saber de abusos a otros menores. Anne Hendry, cofundadora de la Fundación Bizparent, cuya misión es apoyar a niños actores y sus padres, ha sostenido que “Hollywood está protegiendo a alrededor de cien abusadores activos”.

¿La cosa para aquí? Lamentablemente no: en Estados Unidos una investigación de la agencia Associated Press descubrió que entre 2007 y 2017 se produjeron cerca de 600 casos de abuso sexual en bases de las cuatro ramas de las Fuerzas Armadas americanas en distintas partes del mundo. Los abusos son cometidos por menores en contra de otros menores, todos hijos de militares americanos. Los casos se denuncian pero no se investigan ya que no están cubiertos por las leyes militares y el Departamento de Justicia, que tiene la jurisdicción sobre las bases, no está equipado para manejar este tipo de situaciones. También en relación con el ejército de Estados Unidos, un informe del Inspector para la Reconstrucción Afgana (SIGAR) concluyó que entre 2010 y 2016 miembros del ejército realizaron 5753 denuncias contra militares de Afganistán por abusos graves a derechos humanos, incluidos casos de abuso sexual infantil. Aunque la ley americana establece que en estas eventualidades se elimine la ayuda militar a la unidad infractora, ello nunca ocurrió pues el ejército estadounidense actuó con indiferencia ante la práctica llamada “basha bazi”, tradición afgana que consiste en que varones adolescentes de familias pobres son “capturados” por militares y policías para ser tratados como esclavos sexuales siendo abandonados al terminar la pubertad. En un principio, el gobierno del presidente Obama ordenó archivar el informe hasta 2042 dado lo explosivo de su contenido.

¿Barbaridad propia de un país asiático musulmán? No. La Unicef ha publicado un informe dando cuenta del aumento de abusos sexuales contra menores durante 2017 en Panamá: se reportaron 4812 casos de abusos, el 88% de los cuales involucró a menores de edad, ante la indiferencia del gobierno panameño. Y en Ecuador, también en 2017, una agrupación de padres sacó a la luz el caso de abuso y maltrato de un profesor a 41 niños ocurrido entre 2010 y 2011 que había sido mantenido oculto. El conocimiento del caso produjo un vendaval de denuncias por situaciones del mismo tipo ocurridas en distintas escuelas. Ante la presión pública una comisión del parlamento investigó las denuncias presentadas en el sistema educativo entre 2014 y 2017 y que no habían arrojado resultados, derivándolas a la fiscalía. Ésta ha informado que de un total a nivel nacional de 4500 denuncias de abuso sexual a menores que está tramitando; 717 corresponden al sistema educativo, pero se estima que el número real es mayor. Más de doscientos profesores han sido separados de sus cargos y están siendo procesados judicialmente.

¿Habrá que recurrir a las Naciones Unidas para detener el problema? No es aconsejable. El 29 mayo de este año un informe filtrado por The Times reveló que la ONU ocultó durante 16 años una investigación realizada para el Alto Comisionado para los refugiados que trabajaban en Guinea, Sierra Leona y Liberia, que dio cuenta de que trabajadores de más de cuarenta ONG abusaron sexualmente de niños necesitados entre 2001 y 2002; concretamente, intercambiaban ayuda por sexo. El informe transcribe testimonios como “en esta comunidad nadie puede obtener soja de maíz sin tener sexo antes, un kilo por sexo”, y “algunas familias ofrecían a sus hijas pequeñas para negociar por la comida”. Esto viene a sumarse a la denuncia formulada en febrero pasado por un alto cargo de la ONU sobre la extensión e impunidad de casos de pederastia por parte de miembros de ONG durante su labor en países receptores de ayuda.

Podría citar más noticias pero terminaré refiriéndome al informe publicado en mayo de 2016 por una red internacional de organizaciones llamada End Child Prostitution, Child Pornography and Trafficking of Children for Sexual Purposes (ECPAT). Allí se sostiene que “los abusos de menores durante viajes de ocio y turismo han alcanzado niveles nunca vistos en la historia, provocando que se haya convertido en un fenómeno endémico en todo el mundo” y que, “según datos de diversas ONG, hasta 223 millones de niños y niñas han sufrido relaciones sexuales forzadas u otras formas de violencia sexual con contacto físico”. La mayoría de los abusadores o “demandantes” no son pedófilos sino “abusadores situacionales” (lo hacen porque se les presenta la oportunidad) y provienen principalmente de Estados Unidos, Canadá y Europa. Como zonas de “oferta” se nombra a Europa central y oriental, el sureste asiático, lugares turísticos cercanos a comunidades pobres en todo el mundo, y Estados Unidos y Canadá debido a viajes de negocios y eventos masivos. Además se afirma que los servicios de protección para las víctimas son inadecuados y que los procedimientos penales se ven obstaculizados por la falta de coordinación y de información compartida entre las autoridades, lo que favorece la impunidad.

En síntesis, el único patrón evidente en este tema es que los abusadores son hombres; fuera de esto la evidencia muestra que los abusos y su encubrimiento se dan en diversos ámbitos geográficos y culturales y que, allí donde se producen, las autoridades institucionales no han querido o no han sabido cómo proceder. Aunque nos cueste creerlo, el fenómeno es universal y será mejor para nosotros y nuestros hijos tomar conciencia de que los riesgos están en todas partes.

Concluyo diciendo que es verdad que en la Iglesia católica ha habido abusos y que se han encubierto, pero no es verdad que se den sólo o principalmente en ella, como podría creerse por la manera en que los medios han (des)informado. La cantidad y magnitud de los abusos fuera de la Iglesia no guarda proporción con la cobertura que los medios dedican a los casos dentro de la Iglesia, como tampoco hay proporción en la cobertura a los distintos casos dentro de la Iglesia chilena (por ejemplo, el caso Karadima es destacado a diario mientras otros casos tanto o más graves se han mencionado sólo tangencialmente), y es tanta la desproporción que no puede ser casualidad. En esto, como en tantas otras cosas, una verdad a medias es también una mentira a medias. “Mal de muchos consuelo de tontos”, podrá decir alguien, o “da lo mismo, lo importante para nosotros es conocer la verdad para evitar que estos hechos sigan ocurriendo”, me dirá un católico. En artículos posteriores explicaré por qué no da lo mismo.

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