Pedofilia: Roma devuelve la patata caliente a los obispos

Desde ayer las Conferencias Episcopales de todo el mundo tienen doce meses de tiempo, ni uno más, para escribir las "Líneas Guía" que entregarán a sus obispos, sobre cómo tratar los abusos sexuales cometidos por sacerdotes contra menores.

Es la Congregación para la Doctrina de la Fe la que lo exige. Lo ha escrito y explicado en una Carta Circular hecha pública ayer, "como subsidio para las Conferencias Episcopales en la preparación de las Líneas Guía".

Las razones que han impulsado a las autoridades vaticanas a divulgar esta Carta Circular y a imponer a las Conferencias Episcopales un plazo tan apremiante son evidentemente el fruto de la experiencia madurada en los últimos años en varios países, al afrontar esta plaga: con algunos obispos y episcopados más adelantados, otros más atrás.

Pero la Circular atesora también algunas críticas formuladas por ilustres juristas y canonistas, contra la praxis comúnmente adoptada en los últimos años por las autoridades de la Iglesia en estos casos.

Una de estas críticas es la excesiva centralización.

En efecto, el Motu Proprio "Sacramentorum sanctitatis tutela", emitido por Juan Pablo II el 30 de abril del 2001, y las posteriores normas aplicativas queridas sobre todo por Joseph Ratzinger como cardenal y Papa, atribuyen a la Congregación para la Doctrina de la Fe la competencia en cada caso de abuso sexual cometido por sacerdotes contra menores.

El motivo era la desconfianza demostrada por numerosos obispos al tratar estos casos. Y en efecto, desde el momento en que la Congregación para la Doctrina de la Fe asumió el control del tema, la obra de limpieza ha producido mejores resultados.

Pero esta centralización ha posibilitado no sólo que algunos obispos hayan rehuido sus propias responsabilidades, sino también el riesgo que sean arrastrados a los tribunales las autoridades vaticanas y el mismo Papa, por delitos cometidos por sus "subordinados" en cualquier lugar del mundo.

Otra crítica se refiere al gran recurso, contra los sacerdotes culpables de abuso, a sanciones extra-procesales: a sanciones más fáciles y más rápidas de emitir, si se las compara con las sentencias de un proceso canónico verdadero y apropiado, judicial o administrativo.

Ocho de diez casos de abusos, en los últimos diez años, han concluido efectivamente con sanciones extra-procesales, incluido el caso más resonante: la obligación de retirarse a la vida privada pronunciada en el año 2006 contra Marcial Maciel, el fundador de los Legionarios de Cristo.

Pero este procedimiento limita seriamente los derechos de defensa del imputado, en múltiples aspectos.

Ahora bien, la Circular emitida ayer por la Congregación para la Doctrina de la Fe da razón en gran medida a estas y a otras críticas.

Respecto a la corrección de una excesiva centralización, insiste sobre la responsabilidad que compete primariamente a cada uno de los obispos o de los superiores de Órdenes religiosas.

Los obispos – ya se ha dicho – deberán evitar también delegar sus poderes de gobierno a "organismos de consulta para la vigilancia" instituidos en algunas Diócesis – los casos de Bruselas y de Viena son los más conocidos – para tratar los casos de abuso.

Respecto a la corrección de los efectos negativos de los procedimientos extra-procesales, la Circular insiste en el deber de garantizar la presunción de inocencia de los imputados, sus derechos de defensa desde el comienzo de las investigaciones, el respeto de la reserva y de la buena fama, incluido una "justa y digna sustentación" por parte de la respectiva Diócesis u Orden religiosa.

Además, la Circular exhorta a ocuparse mejor de cuanto se hace para seleccionar a los aspirantes al sacerdocio y para la formación de los mismos sacerdotes, especialmente los jóvenes. En el caso de los primeros, invita a analizar con más ponderación "a esos candidatos al sacerdocio o a la vida religiosa que se trasladan de un seminario a otro, de una Diócesis a otra, o de un Instituto religioso a una Diócesis".

Naturalmente, el primer punto sobre el cual insiste la Circular es el deber de hacerse cargo de las víctimas de los abusos.

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