La dictadura de Eritrea detiene a un obispo y dos sacerdotes por denunciar violaciones de los DD.HH.

El obispo católico de Segheneiti (Eritrea) Tsalim Fikremariam Hagos es una de las últimas víctimas colaterales de la guerra del Tigray (región al norte de Etiopía), conflicto en curso desde que en noviembre de 2020 el líder del régimen totalitario etíope Abiy Ahmed Ali ordenó una ofensiva militar contra esta región.

Desde entonces, el ejército etíope y los secesionistas del Frente de Liberación del Pueblo de Tigray -que gobernaba la región antes de la invasión- mantienen un conflicto que desestabiliza el cuerno de África. Los muertos se cuentan por miles y los desplazados, por millones.

Desde que comenzó el conflicto en 2020, Eritrea ha sido frecuentemente acusada por injerencias externas por el apoyo prestado a su país vecino contra la región de Tigray.

Lo cierto es que la detención del obispo eritreo de Tsalim Fikremariam -y con él, al sacerdote Mihretab Stefanos y el abad capuchino Abraham- es una muestra de ello: todo da a entender que su arresto se ha visto motivado por sus contundentes y públicos pronunciamientos frente a la actuación de Eritrea en el conflicto.

Aunque las autoridades aún no han desvelado ninguna acusación o el motivo de su detención, fuentes de la Agencia Fides afirman que responde a la denuncia de la participación de Eritrea en la guerra de Tigray, así como de las  violaciones de los derechos humanos en Eritrea.

Entre ellas destaca el "encarcelamiento de padres y madres, la movilización forzosa en el conflicto, el cierre de viviendas y las confiscación de bienes a quienes se niegan a participar en el conflicto.  

Puedes obtener mayor información sobre el conflicto de Tigray en este enlace. 

Asimismo, el obispo también instó a los fieles a no comprar los bienes que los soldados roban a la población del Tigray y que son posteriormente vendidas.

La detención tuvo lugar el pasado 15 de octubre en el aeropuerto de la capital, Asmara, después de que el obispo regresase de un viaje al continente europeo. Desde  entonces permanece recluido en la prisión de Adi Abeto junto a los dos religiosos.

El prelado tiene 51 años, fue ordenado obispo de Segheneity en 2012 -el primero de la diócesis-, al sur del país y es considerado por muchos como una de las pocas voces críticas contra las violaciones de derechos en Eritrea.

Los jóvenes huyen de esta dictadura militarizada

Eritrea tiene 5,9 millones de habitantes y aunque la tasa de fecundidad es de 5 hijos por mujer, es posible que el país no llegue nunca a los 6 millones porque su población joven no deja de huir. En Etiopía hay unos 175.000 eritreos, en Sudán más de 110.000. Y muchos intentan llegar a Europa.

Se trata de un país-prisión regido por el dictador Isaías Afewerki, con un partido único, sin libertades, militarizado, surgido de tres décadas de guerra, donde cada ciudadano ha de servir en el Ejército muchos años y realizar todo tipo de obras y trabajos prácticamente como esclavos. Los jóvenes huyen de un régimen opresivo y de una sociedad muy pobre.

Eritrea fue colonia italiana hasta la Segunda Guerra Mundial, después inglesa, en 1952 se federó con Etiopía y en los años 80 empezaron 3 décadas de guerra contra Etiopía. El mundo la consideró independiente en 1993. Entre 1997 y 2.000 volvió a estar en guerra con Etiopía.

Los católicos son apenas un 5%; el resto de la población son ortodoxos (casi un 60%) o musulmanes (casi un 40%). Se da la circunstancia de que Eritrea es el único país donde todos los católicos son de rito oriental, sin obispos de rito latino.

Un sacerdote explica lo que sucede

El sacerdote católico Mussie Zerai, de la eparquía de Asmara, pero residente en Europa, explicó en una carta a Fides hace un par de años el status del país. 

“El de Asmara es uno de los regímenes políticos más duros del mundo, una dictadura que suprimió todas las formas de libertad, anularon la constitución de 1997, suprimieron la magistratura, militarizaron a toda la población. Una dictadura que, en una palabra, creó un estado-prisión. Los numerosos informes publicados por diversas instituciones y organizaciones internacionales, así como por las más prestigiosas ONG y asociaciones humanitarias, lo han denunciado durante veinte años".