Sherry Rehman criticó la ley de la blasfemia
Una embajadora musulmana de Pakistán, juzgada por defender a Asia Bibi
El Tribunal Supremo de Pakistán ha ordenado la reapertura de un caso de blasfemia contra la embajadora paquistaní en Estados Unidos, Sherry Rehman.
La denuncia fue interpuesta en febrero de 2011 por un comerciante de Multan, Faheem Akhtar Gull, quien acusó a la embajadora –que por entonces era parlamentaria– de haber cometido blasfemia en un programa de televisión, al criticar la ley sobre la blasfemia.
Rehman era conocida por su fuerte oposición a esta controvertida ley de la que es víctima Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. La ex parlamentaria del gobernante Partido Popular de Pakistán (PPP) pidió en la revisión de la ley sobre la blasfemia en el Parlamento, pero el debate de la moción fue suspendido tras los trágicos asesinatos de gobernador de Punjab, Salman Taseer y el ministro cristiano de Minorías religiosas, Shahbaz Bhatti, ambos defensores de la libertad de Bibi.
Ahora Rehman podría ser llevada ante la Justicia y condenada en base al artículo 295c del Código Penal, que castiga con la muerte o la cadena perpetua los insultos al profeta Mahoma. La inesperada petición del Supremo reabre las viejas cicatrices de esta injusta ley, que se incorporó en el Código Penal de Pakistán durante la dictadura del General Zia-ul-Haq, en la década de los 70.
Activistas y defensores de los derechos humanos consideran «injusta» y «discriminatoria» esta ley musulmana, que en muchas ocasiones sirve de acoso contra las minorías religiosas en Pakistán. Ante la decisión del Supremo de readmitir los cargos contra Rehman, acusada de haber ofendido al Islam, muchos ven detrás de la orden judicial una motivación política.
«Está claro que el Supremo continúa con su cacería de brujas contra los cargos del Gobierno del PPP», declara una fuente diplomática occidental a LA RAZÓN. «Es absurdo en estos momentos de crisis política avivar las ascuas de la violencia sectaria en Pakistán», denuncia el diplomático. Para la comunidad cristiana, la decisión de la Corte Suprema ha sido un jarro de agua fría.
«Estamos desconcertados y muy apenados por lo ocurrido. Si la Justicia, que es un órgano independiente, no está con los cristianos, ¿quién nos va a apoyar?», lamentó Joseph Francis, director del Centro para Ayuda y Acogida Legal (CLAAS, en sus siglas en inglés). Este abogado paquistaní viajará a Washington la próxima semana para reunirse con Rehman y ofrecerle llevar la defensa. «El Supremo no puede ordenar la reapertura del caso si éste ha sido cerrado por el Tribunal Superior de Lahore», denunció Francis en referencia a la denuncia contra la embajadora que fue retirada por la Policía de Multán y por lo tanto, archivada en el tribunal de Lahore.
«¿Bajo qué procedimiento legal el Supremo exige la reapertura del caso la denuncia fue archivada por falta de pruebas?», cuestiona el abogado cristiano. Francis critica al Tribunal Supremo por «haber cedido a presión de los islamistas». Grupos liberales paquistaníes están alarmados por la creciente influencia de los islamistas de extrema derecha en el país y culpan a las autoridades por condescendientes.
«No podemos dejar que las amenazas de los extremistas devuelvan al país a la Edad Media. Demasiada sangre ha corrido en nombre de Alá y no podemos dejar que los extremistas ganen la batalla», denuncia Liaqad Banuri de la Organización de Derechos Humanos de Pakistán. Para Banuri, un caso de blasfemia contra un político de alto perfil como Rehman sólo «dará una mala impresión de Pakistán con el resto del mundo».
La denuncia fue interpuesta en febrero de 2011 por un comerciante de Multan, Faheem Akhtar Gull, quien acusó a la embajadora –que por entonces era parlamentaria– de haber cometido blasfemia en un programa de televisión, al criticar la ley sobre la blasfemia.
Rehman era conocida por su fuerte oposición a esta controvertida ley de la que es víctima Asia Bibi, condenada a muerte por blasfemia. La ex parlamentaria del gobernante Partido Popular de Pakistán (PPP) pidió en la revisión de la ley sobre la blasfemia en el Parlamento, pero el debate de la moción fue suspendido tras los trágicos asesinatos de gobernador de Punjab, Salman Taseer y el ministro cristiano de Minorías religiosas, Shahbaz Bhatti, ambos defensores de la libertad de Bibi.
Ahora Rehman podría ser llevada ante la Justicia y condenada en base al artículo 295c del Código Penal, que castiga con la muerte o la cadena perpetua los insultos al profeta Mahoma. La inesperada petición del Supremo reabre las viejas cicatrices de esta injusta ley, que se incorporó en el Código Penal de Pakistán durante la dictadura del General Zia-ul-Haq, en la década de los 70.
Activistas y defensores de los derechos humanos consideran «injusta» y «discriminatoria» esta ley musulmana, que en muchas ocasiones sirve de acoso contra las minorías religiosas en Pakistán. Ante la decisión del Supremo de readmitir los cargos contra Rehman, acusada de haber ofendido al Islam, muchos ven detrás de la orden judicial una motivación política.
«Está claro que el Supremo continúa con su cacería de brujas contra los cargos del Gobierno del PPP», declara una fuente diplomática occidental a LA RAZÓN. «Es absurdo en estos momentos de crisis política avivar las ascuas de la violencia sectaria en Pakistán», denuncia el diplomático. Para la comunidad cristiana, la decisión de la Corte Suprema ha sido un jarro de agua fría.
«Estamos desconcertados y muy apenados por lo ocurrido. Si la Justicia, que es un órgano independiente, no está con los cristianos, ¿quién nos va a apoyar?», lamentó Joseph Francis, director del Centro para Ayuda y Acogida Legal (CLAAS, en sus siglas en inglés). Este abogado paquistaní viajará a Washington la próxima semana para reunirse con Rehman y ofrecerle llevar la defensa. «El Supremo no puede ordenar la reapertura del caso si éste ha sido cerrado por el Tribunal Superior de Lahore», denunció Francis en referencia a la denuncia contra la embajadora que fue retirada por la Policía de Multán y por lo tanto, archivada en el tribunal de Lahore.
«¿Bajo qué procedimiento legal el Supremo exige la reapertura del caso la denuncia fue archivada por falta de pruebas?», cuestiona el abogado cristiano. Francis critica al Tribunal Supremo por «haber cedido a presión de los islamistas». Grupos liberales paquistaníes están alarmados por la creciente influencia de los islamistas de extrema derecha en el país y culpan a las autoridades por condescendientes.
«No podemos dejar que las amenazas de los extremistas devuelvan al país a la Edad Media. Demasiada sangre ha corrido en nombre de Alá y no podemos dejar que los extremistas ganen la batalla», denuncia Liaqad Banuri de la Organización de Derechos Humanos de Pakistán. Para Banuri, un caso de blasfemia contra un político de alto perfil como Rehman sólo «dará una mala impresión de Pakistán con el resto del mundo».
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