ONU: la política de la perversión de los menores

Entre el 22 y el 27 de abril, tuvo lugar en New York la sesión 45° de la Comisión de Población y Desarrollo de Naciones Unidas, que cerró sin haber podido llegar a un documento final consensuado debido a la presión de algunos países por imponer los dictados de la reingeniería social antinatural y anticristiana. La reunión trató sobre los adolescentes y los jóvenes, dentro
del proceso de seguimiento de la Conferencia de Población y Desarrollo de El Cairo (1994). La redacción del documento final quedó a cargo de la presidencia de la Comisión, y fue dado a conocer pocos días después.

Antecedentes
Cabe recordar que el Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, el 23 de abril, ante la Comisión de Población y Desarrollo, hizo hincapié en la necesitad de proveer servicios de salud reproductiva a los jóvenes, así como
el acceso a la necesaria información sobre esos temas. La salud reproductiva de los jóvenes, para el Secretario General, se incluye en el derecho universal a la educación y a la adecuada nutrición y empleo, que se tratarán también en la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20; 20-22 de junio 2012).

Derechos sexuales y reproductivos desde los 10 años
Las discusiones de la sesión 45° de la Comisión de Población y Desarrollo de las Naciones Unidas, se centraron en el aborto y la promoción de los
supuestos “derechos humanos a la salud sexual y reproductiva", para los adolescentes y jóvenes. Estos supuestos derechos incluyen los llamados "derechos sexuales, la educación integral en sexualidad, la identidad de género, la orientación sexual y los servicios de salud reproductiva”, que en buen romance significan: aborto, aborto químico o aborto encubierto,
anticoncepción, etc. También es de notar que las palabras adolescentes y jóvenes, incluyen -divididos en distintas categorías- a los niños y adultos jóvenes entre los 10 y los 24 años.

Otro intento de terminar con la soberanía jurídica
Con respeto al aborto, la Conferencia de El Cairo estableció que de debían existir equipos para realizar “abortos seguros” en los países “donde el aborto no es contrario a la ley". En la actual reunión de la Comisión de
Población, los países que consideraron innecesario ese texto e incluso avanzaron en su propuesta para reconocer el aborto como un “derecho reproductivo de los jóvenes” fueron: Estados Unidos, Nueva Zelanda, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Holanda, el Reino Unido y Suecia.

Se opusieron al avasallamiento de la soberanía nacional en temas legales sobre el aborto: la Santa Sede, el grupo árabe, Chile, Rusia, Pakistán, Irán, Malta, Polonia, Irlanda, y El Salvador.

La sectaria referencia a “los valores religiosos y culturales, como las barreras y obstáculos que restringen el acceso de los adolescentes a servicios de salud sexual y reproductiva", pretendieron imponerla Estados Unidos y el llamado “grupo europeo”. A su introducción se opusieron: la Santa Sede, Irán, Siria, Pakistán, y el grupo árabe, que a su vez hicieron hincapié en los "derechos, deberes y responsabilidades de los padres".

América Latina del lado de la reingeniería anticristiana
Apoyaron el ideario de los estados europeos, actuando en bloque: Argentina, Bolivia, Brasil, República Dominicana, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

El informe final
Con el correr de los días de conocieron la Resolución sobre Adolescencia y Juventud y el Informe de la 45° sesión de la Comisión. El contenido conceptual de ambos documentos es casi idéntico.

En el informe final, en 39 páginas, hay alrededor de 30 menciones a los derechos sexuales y reproductivos; a la salud sexual y reproductiva; a la información sobre
cuestiones reproductivas, mientras que los derechos y deberes de los padres aparecen en el documento una sola vez.

Si bien en el n° 25 se reconocen “los derechos, deberes y responsabilidades de los padres” y se habla del respeto “a los valores culturales y creencias religiosas”, a la vez, se insiste en conceptos que en la práctica se aplican para desconocer los derechos de los progenitores: “el derecho de los adolescentes a la intimidad, la confidencialidad, el respeto y el
consentimiento informado”, y agrega, “los países deberían, en su caso, eliminar los obstáculos jurídicos, normativos y sociales a información sobre salud reproductiva y la atención para los adolescentes”.

Y en el n° 26, dice: “se exhorta a los gobiernos, con la plena participación de los jóvenes y con el apoyo de la comunidad internacional, a dar toda su atención para cumplir con el servicio de salud reproductiva, la información y las necesidades de educación de personas jóvenes, con pleno respeto a su privacidad y la confidencialidad, libre de discriminación, y que les proporcione la evidencia basada en la educación integral sobre la sexualidad humana, en salud sexual y reproductiva, derechos humanos e igualdad de
género, que les permita abordar de manera positiva y responsable su sexualidad”. Con lo que en la práctica queda oscurecida o ignorada la única mención a los derechos y deberes de los padres.

Sintetizando, a pesar de la resistencia de unos pocos, los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes han sido una vez más reconocidos por una comisión de la ONU. Palabras como “estigma”, “discriminación” y “violencia basada en el género” hacen sospechar que se avanzará en el reconocimiento social y jurídico de la “identidad de género”, es decir de la homosexualidad, que es contenido obligado de los llamados “derechos sexuales”.

La degeneración nominalista del lenguaje, hizo que el presidente de la Comisión, Hasan Kleib (Indonesia), llamara a superar la discusión sobre la “salud reproductiva”, incorporándola como contenido del término genérico “salud integral”, con el fin “de no trabar la consecución de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo”, que como es lógico, serán tema de las reuniones de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río+20).

La intervención de la Santa Sede
La Santa Sede intervino resaltando la misión de la familia, compuesta por un hombre y una mujer. Célula de la sociedad, escuela de virtudes, ambiente privilegiado en el que cada vida humana es protegida desde la concepción hasta su fin natural.

La declaración recuerda también, que “250.000 escuelas católicas en todo el mundo asisten a los padres, que tienen siempre el derecho y el deber de elegir la escuela, incluida el llamado homeschooling, y deben tener la libertad de poder organizarlo, que a su turno debe ser facilitado y respetado por el Estado”.

“Una aproximación auténtica basada en los derechos al desarrollo coloca a la persona humana en el centro de las preocupaciones por el desarrollo, y respeta así la naturaleza de la familia, el rol de los padres, incluyendo
los valores religiosos y culturales, y afirma la contribución que hacen y pueden hacer los jóvenes a la comunidad y la sociedad”. (…) “Mientras más países reconozcan esto, estarán en mayor capacidad de instaurar políticas y programas que permitan el bien común de todas las personas”.