El Constitucional vuelve a apoyar en todo la Ley Celaá: desestima el recurso del PP, como el de VOX

Sigue el rodillo ideológico y siguen las votaciones con 4 votos discordantes en el Tribunal Constitucional español, como se han constatado también este viernes, cuando el tribunal encabezado por Conde-Pumpido, antiguo Fiscal General de los gobiernos socialistas de Zapatero, ha desestimado el recurso de inconstitucionalidad que el PP presentó contra la ley de educación de 2020, o Ley Celaá. Hace unas semanas, en abril, también desestimó el recurso contra esa ley presentado por Vox.

Según ha informado el tribunal, el Pleno del Constitucional (con la abstención del magistrado, antiguo diputado socialista y hasta 2021 ministro de Justicia Juan Carlos Campo Moreno) se ha reafirmado en su apoyo a todo el texto de la ley Celaá. La ponente ha sido la magistrada Laura Díez Buesa, ligada al Partido Socialista y al equipo del presidente Pedro Sánchez desde hace años, y una de las asesoras del actual Estatut de Cataluña.

Laura Díez Bueso, desde hace unos meses en el Tribunal Constitucional,
es un cargo de confianza del presidente socialista Pedro Sánchez.

Todo vale por los "valores superiores"

Sobre la norma que prohíbe dar dinero público a escuelas de educación diferenciada (la mayoría en España son de ideario católico), el Constitucional responde que el legislador no tiene deber constitucional de promoverla "si considera que existe un modelo pedagógico conforme a la Constitución que se adecúa mejor a los valores superiores de libertad, justicia, igualdad y pluralismo político".

El Constitucional asegura que la Constitución da un "margen de libertad" al legislador para implantar en las leyes "sus concepciones ideológicas".

El tribunal también acepta que se elimine el criterio de "demanda social" (es decir, no es relevante lo que pidan las familias) en la programación de centros y plazas y dice que limitarse a "garantizar la existencia de plazas públicas suficientes es un fin constitucionalmente legítimo" y "entra dentro del margen de libre configuración del legislador". Añade que de la redacción de la Ley Celaá no se desprende que la simple existencia de plazas públicas suficientes vaya a suponer la denegación de un concierto.

Ni escuela en castellano, ni educación especial, y Religión a mínimos

Otros temas denunciados por VOX y PP pero que el Constitucional no ve inconstitucionales son:

- sus restricciones a la asignatura de Religión,
- el trato de la ley Celaá que dificulta la escolarización correcta de los alumnos con necesidades especiales,
- las normas sobre suelo para nuevos centros docentes públicos,
- y el trato de la escolarización en castellano, apenas garantizado y reducido al mínimo.

Protestas contra la Ley Celaá de educación en diciembre de 2020: el Tribunal Constitucional  de Conde-Pumpido insiste en toda ella es conforme a la Constitución. 

Sobre el argumento del PP de que la 'ley Celaá' designa como "propia" la lengua cooficial de la comunidad autónoma y como "no propia" la lengua castellana, el Constitucional rechaza esta impugnación porque, a su juicio, esta cuestión terminológica carece de efecto alguno sobre el régimen lingüístico de la educación, dado que la ley emplea "cooficial" y "propia" de forma indistinta y lo hace, además, en el sentido de peculiar, característica o exclusiva de
una comunidad autónoma, a diferencia del castellano, que es la lengua compartida por todas.

El PP también denunciaba "defectos" de tramitación de la ley (por ejemplo, que el proyecto enviado al Congreso no incluía un dictamen del Consejo de Estado), pero el TC de Conde-Pumpido desestima esa queja.

El voto particular de los 4 magistrados discrepantes

Los 4 magistrados considerados "conservadores" (Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, César Tolosa y Concepción Espejel) han anunciado un voto particular en desacuerdo, como ya hicieron en abril criticando la sentencia que desestimó el recurso de VOX.

Arnaldo y Espejel entienden que la nueva sentencia debería haber fijado que los centros docentes puedan programar y organizar las actividades complementarias de pago que se consideren necesarias para el desarrollo del currículo educativo, sin perjuicio de que, para que no haya discriminación por falta de recursos, hayan de arbitrase métodos alternativos en ese caso. Asimismo, consideran que debería haberse incluido también que los municipios pueden ceder suelo para iniciativas docentes privadas que pueden luego acceder el régimen de conciertos.

la Ley Celaá logró algo poco frecuente, que 2 millones de personas firmaran contra una ley educativa, como señaló la web de la campaña MasPlurales.es y que se movilizaran las escuelas de educación católica y muchos cientos de miles de alumnos contra ella. Aunque el Constitucional no vea nada inconstitucional en ella, un futuro Gobierno puede derogarla.

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