Juan Pablo II y la Ley del aborto

Las iniciativas que se han movilizado para pedir que el jefe del Estado S.M. D.Juan Carlos no sancione en su día el proyecto de ley que amplía la despenalización del aborto, han encontrado la cerrada oposición de los defensores de la completa liberalización de ese crimen, incluidos algunos de ellos que escriben en medios de información religiosa.

En artículo dedicado a exponer el fundamento jurídico y teológico-moral de esta petición, ya dijimos en relación con la campaña promovida desde Religión en Libertad que, si no se produce una intervención unánime y clara del conjunto del episcopado español, es de temer que todo se resuelva al final en un desenlace semejante al de 1985 cuando se alzaron voces semejantes a las de ahora para que el Rey no sancionara la reforma del Código Penal propuesta en la Ley pero, al mismo tiempo, no faltaron presiones en sentido opuesto.

Además, en 1985 circularon rumores nunca desmentidos de que en los ambientes directivos de la Conferencia Episcopal Española se comprendía que el Rey la sancionase. Los pronunciamientos de la Jerarquía eclesiástica —con la dignísima excepción ya aludida de Mons.Guerra Campos y pocas más— siguieron la tendencia de condenar el hecho del aborto en la teoría pero sin concretar en qué situación quedaban sus promotores y legisladores frente a la doctrina católica y al derecho canónico. En la práctica, la táctica seguida desembocó en la aceptación del aborto como un hecho consumado. Alguna lamentación tardía como la del Obispo de Málaga, ineficaz pero sincera, venía a poner de relieve que «todos los españoles tenemos nuestra parte de responsabilidad al no haber defendido con valentía y decisión en el momento oportuno la vida de los niños españoles no nacidos» (Comentario sociológico, julio-diciembre de 1985, 898).

Pero hay un testimonio especialmente estremecedor al respecto y que los autores del libro España anestesiada, publicado en 1988 por la Sociedad TFP-Covadonga recogieron de un artículo escrito por el periodista Abel Hernández en “Diario 16” del 6 de julio de 1985 con el título: «El Papa aprueba que el Rey firme la ley del aborto». Allí se decía que Juan Pablo II comprendía el dilema del Rey y hasta le habría dicho «usted ha de separar su conciencia cristiana de su condición de Jefe de Estado». Continuó el periodista diciendo que «la obligación constitucional del Rey es firmar las leyes aprobadas en el Parlamento. ‘No tenía otra disyuntiva que firmar o irse’, según una destacada personalidad. Evidentemente al Papa le parece muy bien que el Rey Juan Carlos siga en su puesto. La misma actitud mantiene el Episcopado español según he podido comprobar directamente en la dirección de la Iglesia española».

Palabras estas de elogio en boca de un periodista que las juzgaba según su propia ideología y que se convertirían —caso de haber sido pronunciadas por aquéllos a quienes se atribuyen— en gravísima acusación.

Suponemos que en el proceso de beatificación del ahora venerable Juan Pablo II se habrán investigado y afrontado estas y otras cuestiones. Quizá sea ahora el momento de remover el escándalo desmintiendo lo que —al menos que nosotros sepamos— no fue cuestionado por nadie con autoridad para hacerlo en 1985. Y que se exijan al periodista en cuestión las responsabilidades que corresponda. O bien que sea este último quien salga por los fueros de lo que dijo entonces y se reafirme en las fuentes que le llevaron a atribuir a Juan Pablo II y al episcopado español la aceptación tácita de la Ley del aborto.