Comienza el «juicio» al obispo Álvarez por «menoscabar al Estado»... una irregularidad tras otra

Un obispo sentado ante un tribunal. Es la imagen que se volvió a repetir el martes 10 de enero en Nicaragua. El régimen de Daniel Ortega está juzgando a Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, por "conspirar para menoscabar al Estado y difundir noticas falsas".

El martes 10 de enero tuvo lugar una primera vista del juicio a Rolando Álvarez. La jueza del Juzgado Décimo Distrito Penal de Audiencia de Managua lo mantuvo en arresto domiciliario. El obispo es acusado de "conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas en perjuicio del Estado y la sociedad".

La Policía de Ortega cercó el Palacio Episcopal durante 15 días para que no pudiera salir, vulnerando todos los derechos constitucionales del obispo Álvarez. 

El diario nicaragüense La Prensa, perseguido también por el régimen de Ortega, apuntó en un editorial: "Es una acusación absurda contra un consagrado de la Iglesia católica, una persona de oración, dedicado a predicar la paz, el amor y la reconciliación de los nicaragüenses; y de todas las personas del mundo. Tanto el obispo Rolando Álvarez y todos los demás presos políticos y religiosos deben ser reconocidos como mártires de la fe y de la lucha por la libertad, la justicia y la democracia".

El martes 13 de diciembre, 117 días después de su detención, hubo una audiencia preliminar. En aquella ocasión se le vio solitario, más delgado y acompañado de la misma abogada de oficio que en esta última ocasión. La familia solicitó aportar un equipo de abogados propio y por lo que indican las imágenes no ha sido aceptado por el régimen.

Una farsa judicial

Pero esa no ha sido la única irregularidad. Según los expertos, antes de ser arrestado, la Policía cercó su vivienda para que no pudiera salir. Algo que es ilegal. Así mismo, la Policía vulneró su derecho constitucional a profesar un credo. Fue detenido por rezar. Los testigos también aseguran que fue sacado de su vivienda de madrugada entre abusos policiales.

No existió una orden judicial para que la Policía pudiera entrar en la vivienda del obispo. Debió ser juzgado en Matagalpa donde residía y estaba en el momento de su detención. Sin embargo, fue llevado a Managua. Fue presentado en audiencia preliminar 144 días después de su detención, cuando la ley establece como máximo 90 días.

Han existido restricciones a conocer la acusación. No hay acta en el sistema. Su abogado no ha podido visitarlo para preparar el juicio. Según la Constitución del país, los juicios deben ser orales y públicos. Algo que no está ocurriendo.

"Las noticias que nosotros hemos tenido es que a monseñor Álvarez le han ofrecido la libertad, pero fuera de Nicaragua. Lo que no quieren es voces críticas dentro de Nicaragua", expresó este viernes en el diario La Prensa el obispo hondureño monseñor José Antonio Canales. Algo a lo que, según el entorno del obispo, se habría negado Álvarez.