El Supremo británico afirma que la normativa provida del Ulster no respeta los derechos humanos
Irlanda del Norte es uno de los escasos bastiones provida que resiste en Occidente. Inglaterra y Escocia tienen legislaciones abortistas e incluso pagan los abortos a las norirlandesas que acuden a su territorio para acabar con el embarazo. Y el pasado 25 de mayo Irlanda eliminó en referéndum la enmienda de la Constitución que protegía al no nacido y en breve aprobará una ley abortista.
Irlanda del Norte es ya el único reducto de las Islas Británicas, y si la presión hacia esta región era ya bastante notable para que le legalizara el aborto, ahora lo es mucho más. Ya ha denunciado en varias ocasiones estas presiones Arlene Foster, primera ministra del Ulster, del Partido Unionista Democrático.
La polémica declaración de la Corte Suprema
Este jueves el Tribunal Supremo de Reino Unido se ha manifestado sobre el aborto en Irlanda del Norte, legislación de las más restrictivas del mundo y que sólo permite abortar en casos extremos en los que realmente la vida de la madre esté en peligro real de muerte.
El tribunal ha rehusado fallar sobre la ley por motivos técnicos por lo que ha decidido no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Eso sí, ha sorprendido sobremanera lo afirmado por los jueces, que aseguran que la normativa norirlandesa sobre el aborto es incompatible con los derechos humanos.
Arlene Foster, líder del Ulster, condiciona su apoyo a May como primera ministra británica siempre y cuando no toque la normativa restrictiva de la región
Concretamente, el Supremo asegura que es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Y aunque no se pronuncian sobre el fondo supone otro nuevo frente de presión hacia el gobierno de Irlanda del Norte, conservador en lo social y que además es clave para sostener a Theresa May como primera ministra británica.
Los activistas proaborto realizaron una ofensiva para legalizar el aborto apelando a la instancia judicial más alta de Reino Unido, que finalmente ha fallado en contra por cuatro votos frente a tres. Los magistrados aseguran carecer de jurisdicción para resolver el caso y que para haber podido pronunciarse la apelación debería haber sido presentada por una mujer embarazada como resultado de una violación o estar embarazada de un niño con una anomalía fetal mortal.
Ofensiva de la Cámara de los Comunes
Si este jueves ha sido el Supremo el que presiona para legalizar el aborto, el miércoles fue la Cámara de los Comunes en Londres, pese a que no tiene competencias sobre lo que debe hacer o no el gobierno del Ulster en esta materia.
La propuesta del Partido Laborista, aprobada por la Cámara, exigía que May modifique la normativa de Irlanda del Norte.
La formación unionista, principal entre la comunidad protestante de la región, se opone a la liberalización del aborto y, según los medios, condiciona su apoyo al Gobierno de Londres al mantenimiento de la legislación vigente.
Irlanda del Norte es ya el único reducto de las Islas Británicas, y si la presión hacia esta región era ya bastante notable para que le legalizara el aborto, ahora lo es mucho más. Ya ha denunciado en varias ocasiones estas presiones Arlene Foster, primera ministra del Ulster, del Partido Unionista Democrático.
La polémica declaración de la Corte Suprema
Este jueves el Tribunal Supremo de Reino Unido se ha manifestado sobre el aborto en Irlanda del Norte, legislación de las más restrictivas del mundo y que sólo permite abortar en casos extremos en los que realmente la vida de la madre esté en peligro real de muerte.
El tribunal ha rehusado fallar sobre la ley por motivos técnicos por lo que ha decidido no pronunciarse sobre el fondo del asunto. Eso sí, ha sorprendido sobremanera lo afirmado por los jueces, que aseguran que la normativa norirlandesa sobre el aborto es incompatible con los derechos humanos.
Arlene Foster, líder del Ulster, condiciona su apoyo a May como primera ministra británica siempre y cuando no toque la normativa restrictiva de la región
Concretamente, el Supremo asegura que es incompatible con la Convención Europea de Derechos Humanos. Y aunque no se pronuncian sobre el fondo supone otro nuevo frente de presión hacia el gobierno de Irlanda del Norte, conservador en lo social y que además es clave para sostener a Theresa May como primera ministra británica.
Los activistas proaborto realizaron una ofensiva para legalizar el aborto apelando a la instancia judicial más alta de Reino Unido, que finalmente ha fallado en contra por cuatro votos frente a tres. Los magistrados aseguran carecer de jurisdicción para resolver el caso y que para haber podido pronunciarse la apelación debería haber sido presentada por una mujer embarazada como resultado de una violación o estar embarazada de un niño con una anomalía fetal mortal.
Ofensiva de la Cámara de los Comunes
Si este jueves ha sido el Supremo el que presiona para legalizar el aborto, el miércoles fue la Cámara de los Comunes en Londres, pese a que no tiene competencias sobre lo que debe hacer o no el gobierno del Ulster en esta materia.
La propuesta del Partido Laborista, aprobada por la Cámara, exigía que May modifique la normativa de Irlanda del Norte.
La formación unionista, principal entre la comunidad protestante de la región, se opone a la liberalización del aborto y, según los medios, condiciona su apoyo al Gobierno de Londres al mantenimiento de la legislación vigente.
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