El TC zanja el debate del aborto y lo blinda como «un derecho constitucional»: reacciones provida

Este martes, trece años después de que el Partido Popular interpusiese un recurso de inconstitucionalidad sobre la ley de plazos del aborto de Rodríguez Zapatero, el Tribunal Constitucional ha avalado dicha ley y presenta al aborto como parte del "derecho fundamental a la integridad física y moral" de la mujer.

Además, el Constitucional acepta las restricciones de esa ley a la objeción de conciencia para su práctica, y su proceso de información (escasa) a la mujer antes de abortar también recibe el espaldarazo del Tribunal Constitucional. 

La resolución fue respaldada por los 7 magistrados del bloque progresista, con 4 votos en contra de los conservadores Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo, Concepción Espejel y César Tolosa.

"Derecho fundamental"

El Constitucional argumenta a favor del aborto asegurando que la Constitución "reconoce a la mujer embarazada el ámbito razonable de autodeterminación que requiere la efectividad de su derecho fundamental a la integridad física y moral, en conexión con su derecho a la dignidad y libre desarrollo de su personalidad".

Los magistrados expresaron que este "derecho constitucional" del sistema de plazos exige el reconocimiento legal de "un ámbito de libertad en el que la mujer pueda adoptar razonablemente, de forma autónoma y sin coerción de ningún tipo, la decisión que considere más adecuada en cuanto a la continuación o no de la gestación".

Del mismo modo, el Constitucional considera "la importante afectación existencial que el embarazo y parto supone para el cuerpo y psique de la mujer" como uno de sus principales argumentos, así como "sobre sus derechos constitucionales, que el Estado debe respetar en todo caso al articular la necesaria protección de la vida prenatal".

Y es que, según la sentencia, el Constitucional no solo considera que el aborto sea un derecho constitucional, sino que el mismo sistema de plazos "garantiza la protección de la vida" del no nacido, pues existe "una limitación gradual de los derechos constitucionales de la mujer en función del avance de la gestación y el desarrollo fisiológico-vital del feto", así como en la misma indicación de los supuestos.

La sentencia del Constitucional afirma que la ley de plazos "garantiza la protección" del no nacido: solo hablando de abortos quirúrgicos, desde su implantación en 2010 han sido asesinados cerca de un millón de niños. 

La regulación de la objeción de conciencia, también "constitucional"

El Tribunal también ha situado el "derecho al aborto" por encima de otros como la libertad ideológica o de conciencia, que a su juicio no son suficientes "para liberar a los ciudadanos del complimiento de los deberes constitucionales y legales por razones de conciencia".

En todo caso, subraya, el ejercicio de la libertad y la objeción de conciencia "debe compatibilizarse con el derecho de la mujer" al aborto, avalando el recurso a la objeción de conciencia únicamente a los médicos que practiquen el aborto e impidiéndola a "otras actuaciones auxiliares, administrativas o de apoyo instrumental anteriores o posteriores" al mismo.

Finalmente, la sentencia subraya la importancia de la incorporación de la perspectiva de género en las políticas sanitarias, educativas y sociales para la salud sexual y reproductiva.

Los cuatro magistrados conservadores que votaron en contra denunciaron que la decisión "excede gravemente el alcance y los límites del control jurisdiccional". También su carácter "ideológico" y "tendente a crear un inexistente derecho fundamental de la mujer a abortar además de dejar desprotegida la vida humana en formación", denunció Concepción Espejel.

Irregularidades y "falta de imparcialidad"

Esta no sería más que una de las irregularidades presentes en todo el proceso, que se suma a otras que justificarían la "inconstitucionalidad" del aborto.

Espejel, que votó en contra, ya denunció una composición del Tribunal incapacitada para llevar a cabo esta resolución "por falta de la debida apariencia de imparcialidad".

Hacía referencia a que varios de sus integrantes, que o bien serían parte interesada o bien habrían participado y contribuido anteriormente en el desarrollo de la misma ley de plazos de 2010.

La propia Espejel, que anteriormente votó en contra del informe redactado por sus compañeros magistrados sobre la ley del aborto, presentó su recusación para no pronunciarse sobre este tema y garantizar la "imparcialidad" de la resolución.

La recusación de Espejel no fue la única desestimada por el presidente del Constitucional, Conde-Pumpido (quien fue el Fiscal General del presidente socialista Rodríguez Zapatero de 2004 a 2011) , pues hizo lo propio con otros magistrados que serían parte interesada o habrían participado previamente en el proceso administrativo de la ley.

40 Días por la Vida: "Seguir rezando" ante "un derecho ilícito"

Para Nayeli Rodríguez, dirigente de 40 Días por la Vida en España, se trata de una "noticia lamentable" y carente de sentido, pues "no existe un derecho a matar". En este sentido, subrayó que "los derechos son una serie de reconocimientos que toda persona tiene por el hecho de serlo", mientras que la sentencia no solo no protege a los ciudadanos, sino que miles de ellos "seguirán desprotegidos".

Nayeli Rodríguez, de 40 Días por la Vida España critica la argumentación  "absurda y cínica" del Tribunal Constitucional.

En este sentido, considera "absurda y cínica" la mención del Constitucional a la protección del no nacido por la ley de plazos. "Claramente no lo hace y no existe una compaginación de los `derechos´ de la mujer aborto en función del desarrollo del embrión. No puedes decir que se es más o menos ser humano, o se es o no se es, pero no puedes ser una persona a medias", comenta a Religión en Libertad.

Tanto con el reconocimiento del aborto como derecho como de la regulación de la objeción de conciencia, para 40 Días por la Vida no solo "se reconoce un derecho ilícito", sino que además "obliga a los sanitarios a casar con estas ideas, a estar supeditados a esta ideología".

Rodríguez asegura que 40 Días por la Vida reforzará su labor de oración. "Hay que seguir rezando, no vamos a perder la esperanza. Hay que seguir luchando más que nunca y confiar en que un día las cosas cambiarán, como ha sucedido en Estados Unidos. Pero hay que ponerse manos a la obra y sobre todo encomendar mucho esto a Dios", agregó.

Ante la sentencia del Constitucional, 40 Días por la Vida llama a "luchar y rezar más que nunca" por el fin del aborto.

Quedarse de brazos cruzados, "grave", según los obispos

Por su parte, la Conferencia Episcopal Española ha subrayado que considerar un derecho al aborto y "la eliminación voluntaria de la vida de un ser humano inocente es siempre moralmente malo", convirtiendo esta sentencia al ser humano en "un verdadero sin papeles" en los primeros momentos de vida.

De igual manera, los obispos niegan al aborto la condición de derecho, pues "no está fundamentado en la inviolable dignidad de la persona, sino a la voluntad del más fuerte". De este modo, continúan los obispos, "la democracia va por un camino de totalitarismo fundamental" ante lo que hay que "seguir trabajando". "Sería muy grave quedarnos de brazos cruzados", concluye el comunicado.

Neos: una decisión y procedimiento "escandalosos"

Jaime Mayor Oreja, impulsor de NEOS y exministro del interior, calificó en la decisión de "escandalosa", así como la participación en la misma de unos magistrados que han formado parte del impulso de la ley de plazos que hoy avalan como constitucional.

Precisamente el jueves 17 de marzo, la organización presidida por Mayor Oreja ya presentó junto con otras 140 organizaciones de la Asamblea por la Vida, la Dignidad y la Libertad un escrito de queja ante el Tribunal Constitucional que exigía que este órgano debía ser "un instrumento que sirva a la misma Constitución y no a un proyecto de ingeniería social".

En el mismo documento, las organizaciones firmantes protestaban por la participación en la sentencia de "unas personas que no deberían haber participado" porque "han contribuido en otros procedimientos relacionados con esta ley", sin obtener ninguna respuesta por parte del Constitucional hasta la fecha.

María José Mansilla, de la asociación católica provida Spei Mater, con presencia en muchas diócesis españolas, analiza en su blog en ReL algunos argumentos de la sentencia y plantea: "¿Y el niño? ¿Nadie se acuerda de él? ¿No es el derecho a la vida el primero, puesto que sin él ningún otro tiene sentido? Todo esto es signo de algo más que evidente de que la “Justicia” se ha pervertido hasta límites inimaginables y que sólo es esclava de lo que le dictan".

"Las manos del Gobierno están manchadas de sangre"

Alicia Latorre, presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, valoró la sentencia del Constitucional como "un signo inequívoco de una sociedad pervertida y retrógrada" al considerar que el aborto sea "un derecho" y se presente "como algo positivo".

Del mismo modo, señaló a Europa Press que se trata de una sentencia "esperada y lamentable tanto en el fondo como en la forma", al estar "en grave entredicho la imparcialidad" del Constitucional, así como por ir "contra la ley natural" y por crear "derechos inventados".

Álvaro Ortega,  presidente de la Fundación +Vida, denunció que reconocer el "derecho al aborto libre sin cortapisas" supone "un filón muy peligroso que deja sin protección jurídica a la vida humana".

Por su parte, la portavoz de Derecho a Vivir, Inmaculada Fernández también ha lamentado que "tras 13 años de silencio", el Constitucional de "mayor carta blanca a practicar abortos"  y, con ello, "a la muerte de miles de bebés cada año en España".

"Matar a un ser humano nunca puede ser un derecho. Matar nunca estuvo bien y nunca lo estará, por mucho que un órgano corrompido por el PSOE así lo dicte. Las manos de estos magistrados y del Gobierno español están manchadas de sangre".