Confusión en los funerales gallegos: los curas cobran sólo en metálico, las funerarias se quejan

La batalla abierta por empresas funerarias gallegas contra numerosos párrocos de toda la comunidad gallega por negarse a justificar el cobro de sus oficios en entierros y funerales o rechazar pagos por dichos servicios mediante transferencia o cheques, ha llegado a los juzgados.

Varias firmas de decesos de la provincia de Pontevedra han interpuesto demandas contra diversas parroquias dependientes del arzobispado de Santiago por negarse a aceptar cualquier otro medio de pago que no sea en metálico y no emitir además recibos fiscalmente válidos de los cobros.

Los importes generados por numerosos curas por conceptos como:

-levantamiento de cadáver,
-conducción al cementerio,
-asistencia al acto fúnebre,
-aplicación de misa
-y uso del templo

están siendo consignados por ello en diversos juzgados gallegos por parte de las funerarias, al no conseguir que los párrocos justifiquen los cobros o admitan recibirlos a través de bancos, según hacen constar las empresas de decesos en sus demandas.

Las compañías han remitido a obispados como Vigo-Tui o al arzobispado compostelano gran profusión de burofaxes con fotocopias de cheques que aseguran haber intentado pagar a varios sacerdotes, sin haberlo logrado ante la negativa de los curas a recibirlos o a emitir justificantes.

La recepción de dichos requerimientos y la pugna abierta desde junio pasado ha sido resuelta desde la vicaría general del arzobispado de Santiago instando a las funerarias a ingresar en la cuenta del arzobispado la tasa correspondiente al uso del templo, denominado derecho de fábrica y cuyo precio es de 25 euros por funeral o entierro.

«Lo demás son ingresos personales de los agentes intervinientes», indica el órgano eclesiástico instando a las firmas de decesos a que lleguen por su parte a acuerdos en cada caso con párrocos, sacerdotes acompañantes, sacristanes, organistas y otros siguiendo la tabla de precios actualizada por la provincia eclesiástica de Santiago [abarca a toda Galicia] en marzo del año pasado.

Sin embargo, el obispado de Tui-Vigo, así como numerosos párrocos de varias iglesias en nombre del arzobispado compostelano, están certificando los pagos hechos por las funerarias como si fueran donaciones e indican además a las compañías que pueden obtener beneficios fiscales, a pesar de ser dichas empresas intermediarias de pagos de sus asociados en concepto de la atención en entierros y funerales.

Dichos justificantes contemplan además el importe íntegro de los servicios, y no únicamente los referentes al uso del templo, como determinó en su escrito el vicario general compostelano.

Los justificantes acumulados por las funerarias por decenas no hacen referencia a los precios aplicados en función de la tabla aprobada por las diócesis gallegas.

Recalcan los recibos, eso sí, el carácter de entidad no lucrativa de la Iglesia, no sujeta a retenciones ni aplicaciones de impuestos como el IVA, pero eludiendo que dicho pago se hace como contraprestación de un servicio y no como una mera donación.

Las funerarias aseguran que si hasta el año pasado era muy importante el número de curas que solo querían cobrar en metálico o no dar justificantes, el porcentaje se ha disparado desde que en junio pasado, el arzobispado señalase que es cada sacerdote, en caso de no haber acuerdo, quien determina el método de pago.

El vicario general invoca el Código Civil para respaldar dicha decisión, advirtiendo de que tendrán que ser las familias las que se pongan de acuerdo con el párroco si no hay un entendimiento con las funerarias. Las empresas de decesos mantienen un criterio totalmente contrario y así se lo han hecho ver ya en todas las demandas presentadas en los juzgados.

Entierros y funerales generaron para la Iglesia católica en Galicia el año pasado más de seis millones de euros, según las estimaciones de empresas funerarias de la comunidad. La media que indican se gasta por familia en cada entierro en los servicios religiosos oscila entre 200 y 225 euros.

Las facturas que acumulan dan cuenta de una gran variedad de precios por los mismos servicios, a pesar de estar reglados. Los añadidos, como el organista o el campanero, pueden disparar la factura, hasta el punto de que en muchos casos los responsables de llamar a los oficios tocando la campana cobran hasta 90 euros.

Por toda Galicia
«El párroco se niega a hablar con la funeraria si no se le paga en metálico. Presiona a los particulares para que le paguen ellos en metálico».

«El párroco declara estar jubilado y cobrar una pensión, por lo que nos manifiesta que no quiere dejar rastro del dinero».

«Advierte que no emitirá justificante alguno».

Estas son algunas de las incidencias que las compañías funerarias que mantienen el pulso con la Iglesia han remitido al arzobispado de Santiago junto a los importes que no han podido satisfacer para que tome una decisión al respecto.

Varias de esas comunicaciones han sido devueltas «por ser un asunto que no atañe al arzobispado al no tener constancia de haberle hecho ese encargo», señala sobre el funeral del que se da cuenta en diversos casos.