En Educación, ¿derechos y libertades o imposición?

Parece mentira que a estas alturas del siglo XXI en España todavía no estén afirmados definitivamente derechos/deberes y libertades propias de un Estado de Derecho, de un Estado democrático. Esto es así porque todavía no ha calado en sectores de la sociedad, como algunos partidos políticos, sindicatos, asociaciones y personas individuales, que todos tenemos derecho al ejercicio, promoción y defensa de lo que nos es más íntimo: la libertad y la vida trascendental, que para algunos está fundada en su propia religión y para otros en su espiritualidad.

España, con la Carta Magna, su Constitución, había alcanzado un consenso en materia de educación que viene reflejado especialmente en sus artículos 16 y 27, inspirando leyes educativas que permiten -aunque no plenamente- el ejercicio de derechos/deberes y libertades. Este verano la Sra. Celaá, ministra de Educación, ya puso en tela de juicio este consenso, haciéndolo evidente con el Proyecto de Reforma Educativa a la Lomce, redactado de modo unilateral y arbitrario, sometido últimamente a una "consulta ciudadana" con prisa y por cubrir el expediente, y que había hecho público antes de concluir el plazo de esa consulta.

Una vez más se ataca a la libertad y a la religión en la escuela, como si la identidad del partido del Gobierno fuera la de un laicismo excluyente superado con la proclamación de la Constitución, y superado por la sociedad civil, que seguro no ve que el problema fundamental de España sea la asignatura de religión en la escuela. Una asignatura que cada año viene refrendada por las familias en porcentajes altos, lo que pone de manifiesto que se la elige porque es necesaria para la educación integral de los hijos; además, se la elige libremente, pues nadie está obligado a cursar la materia. La escuela está obligada (por ley) a ofrecer esta asignatura porque la educación integral es su finalidad. Pero esta educación, al no existir un pacto de Estado, vuelve a estar sometida a los vaivenes de las ideologías de los partidos de turno, no terminando de comprender que la asignatura tiene carácter académico, articulado según la ley educativa.

Hay que decir que fue voluntad del partido del Gobierno abandonar la mesa que estudiaba el Pacto Educativo de Estado. En la gran mayoría de los países de Europa (exceptuando parte de Francia porque en Alsacia y Lorena la asignatura se basa en el Régimen Concordatario) existe la asignatura de Religión en el currículo escolar, de modo estable y regular, con una carga lectiva semanal que en algunos de ellos llega a las 3 horas de clase, estando incluida de distintos modos. Una vez más, el Gobierno evita fijarse en Europa o en los países que tienen un alto grado de desarrollo y de éxito escolar como es el caso de Finlandia, Dinamarca, Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Reino Unido o Alemania, donde la signatura tiene carácter confesional, obligatorio o de posible exoneración en algunas regiones de estos países, incluso con valoración de exámenes públicos. Por el contrario, ignora el valor académico y la necesidad de cursarla para el desarrollo y promoción cultural y social de la persona, limitando o dificultando la elección de la asignatura al devaluarla proponiendo que no cuente para la nota media, eliminando también la materia alternativa, en un ejercicio autoritario y excluyente de los derechos/deberes y libertades de los ciudadanos y las familias. Al fin y al cabo, las familias que eligen libremente religión también pagan las tasas al Estado con las que se financia la educación.

Después de que la señora ministra haya publicado oficialmente el proyecto de reforma de la vigente ley educativa se reunirá con los obispos, pero bien temo que las conclusiones ya las tiene decididas y que pondrá, una vez más, en tela de juicio los fundamentos del Estado de Derecho; por tanto, lo que está en juego es la misma libertad, con todas sus consecuencias. Los obispos dialogarán, querrán mostrar, reclamarán... pero pertenece, en primera instancia, a las familias la reivindicación de su participación política en estos asuntos, pues la presencia de la Iglesia se debe en cuanto subsidiaria de la familia, estando al servicio de ésta, acompañándola en su vida social.

Por tanto, las familias, y las síngulas personas no debemos quedarnos cruzados de brazos ante la responsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos. Digamos o hagamos algo, porque la Iglesia no tiene soluciones técnicas que proponer ante los problemas sociales (Cfr. encíclica Sollicitudo Rei Socialis, nº. 41), lo que sí tiene es el derecho y deber de dar orientaciones para que los derechos sean respetados; en primer lugar, los derechos al desarrollo integral y los de la libertad. Propongamos una presencia curricular de la asignatura de religión católica, de elección libre, seria y rigurosa, con una carga lectiva digna, evaluable para todas las etapas educativas (infantil, primaria, secundaria obligatoria y bachillerato), y que cuente para la nota media, como las demás asignaturas fundamentales, con una asignatura alternativa también seria, rigurosa y evaluable. Propongamos que la libertad de elegir centro educativo se mantenga, permitiendo que la "demanda social" sea tenida en cuenta, todo ello porque prima la voluntad de las personas sobre las ideologías, estructuras e instituciones (instrucción Libertatis Conscientia nº 75). 

Julia Gutiérrez Lerones es delegada de Enseñanza del arzobispado de Valladolid.