Barbaridades en educación sexual y pin parental
por Pedro Trevijano
Acabo de leer lo siguiente: "Me siento indefensa ante la atrocidad que se comete en los institutos públicos. A mi hijo lo educo yo, el instituto está para que estudien y aprendan, no para que los eduquen en ideología de género".
La semana pasada, en una noticia de Religión en Libertad, se denunciaba que en los colegios riojanos, el gobierno regional, haciendo caso omiso de la Constitución, que dice en su artítulo 27-3 que “los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, ha decidido “que todas las actividades complementarias que están recogidas en la Programación General Anual (PGA) de los centros son de obligatorio cumplimiento por parte de todos los alumnos, sin excepción”. Entre ellas está explícitamente citada la educación afectivo-sexual. Es decir, se pretende dar este tipo de educación, no sólo sin el permiso, sino contra la voluntad de los padres.
¿Tienen razón los padres que se oponen? Personalmente sólo puedo decir una cosa. Si yo tuviese hijos, desde luego que me opondría. ¿Por qué? Por una doble razón: porque no me gusta que a los niños y adolescentes se les enseñe barbaridades anticientíficas y, todavía mucho peor, que se les pretenda corromper moralmente.
Vayamos a lo primero: barbaridades anticientíficas. En la ideología de género la diferencia corpórea, llamada sexo, se minimiza, mientras la dimensión estrictamente cultural, llamada género, se subraya al máximo y se considera primaria, hasta el punto de que cada individuo escoge el sexo y el modo de vida que más le atrae. Una consecuencia de ello es que el profesor puede enseñar a los alumnos que si quieren pueden ser chicas y sus hermanas chicos, por lo que pienso que más de un alumno dirá a sus padres que el profesor se ha vuelto loco. De todos modos el récord de idiotez mundial en mi opinión lo tiene la asociación de médicos ingleses que recomendó a sus médicos que no empleasen la palabra madre porque podía ofender a las personas que han dado a luz y no se consideran mujeres.
Otra genialidad es que la liberación de la mujer, fundada sobre una cultura individualista y hedonista y de libertinaje en la cuestión sexual, ve en la vida familiar y en la maternidad un riesgo y una limitación. El matrimonio es una institución a combatir.
Otra mentira es que no se puede salir de la homosexualidad, cuando cada vez hay más gente que lo consigue y es indiscutible que contra el hecho no valen argumentos.
Desde el punto de vista moral, en esta concepción no hay ningún criterio discriminante entre lo lícito y lo ilícito, lo normal y lo anormal, siendo, por tanto, permisibles y moralmente iguales todas las relaciones sexuales voluntarias, significando para ellos ser responsable tan sólo el tomar precauciones contraceptivas a fin de evitar embarazos no deseados y siendo la obtención del placer el principal objetivo de la sexualidad, que cada uno puede tratar de alcanzar según le venga en gana. Ello significa que la fornicación es un derecho del niño, del joven y de cualquiera, porque el fin de la sexualidad es el placer y él o ella tienen sus órganos sexuales para usarlos cómo y cuando les venga en gana, evitando, eso sí, las enfermedades venéreas y los embarazos, aunque en este caso hay la solución del aborto.
En cuanto a la educación afectivo-sexual, consiste en evitar todo sentimiento de culpa y enseñar a niños desde la más tierna infancia a prácticas de corrupción de menores como actuar ante el trasero de otro niño como hacen los perros. Esto no es el único disparate, ni mucho menos.
Pero respondiendo a la madre cuya opinión he publicado al inicio de este artículo, yo le recomendaría que solicite el pin parental, es decir, acogerse a su derecho a la objeción de conciencia. Si el centro escolar no se la acepta, puede ir a la Consejería de Educación, y si no quieren hacerle caso y se sigue pretendiendo dar esas charlas sí o sí a sus hijos, recurriría a Abogados Cristianos para presentar una denuncia -como ya se ha hecho en Logroño- contra la dirección del centro.
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