Reflexiones para un debate sobre el aborto

La existencia de una ley gravemente injusta, como es el caso de toda ley permisiva del aborto o de las que permiten la congelación de embriones, plantea en ocasiones retos al juicio moral y a la virtud de la prudencia de no siempre clara y unívoca solución para quien quiere defender la vida en un contexto en que no hay mayoría política suficiente para erradicar totalmente la ley gravemente injusta.

Una interesante iniciativa parlamentaria del diputado de UPN, Carlos Salvador, ha abierto un debate sobre la conveniencia de que la mujer que se plantea abortar se vea obligada ex lege a hacerse una ecografía y a que ésta se le entregue para que disponga de una información relevante sobre qué supone el aborto. En el seno de este debate he reiterado mi opinión al respecto, ya hecha pública varias veces en los últimos años: no es razonable que la ley exija a la mujer que se plantea abortar ver las imágenes ecográficas de su hijo; por el contrario, me parece muy conveniente que se refuerce legalmente la obligación del médico de ofrecer este tipo de información a la mujer.

Mis razones para sostener esta opinión son en esencia las siguientes:

• La visión de la eco es un gran instrumento a favor de la vida si opera en un clima de formación en libertad de la conciencia de la mujer, como comprobamos en Red Madre habitualmente; pero dudo de su eficacia sistemática si se impone legalmente y se convierte en un trámite. Por el contrario, la imposición legal y su burocratización puede eliminar esa capacidad de la ecografía de apoyar la vida en un clima de diálogo y libertad.

• No debe reconocerse al Estado la potestad de imponer coactivamente la formación de la conciencia de los ciudadanos. El ámbito legítimo del poder del Estado es el de las obras de las personas, no el de su conciencia. El Estado puede obligar a hacer cosas buenas pero no puede arrogarse el poder de hacer directamente buena a la gente, como Tomás de Aquino precisó con finura y acierto. Reconocer este poder al Estado cuando el fin perseguido nos parece aceptable, impediría negarle coherentemente el mismo poder para cosas que nos deberían escandalizar (por ejemplo, adoctrinamiento ideológico ex lege en la escuela, amniocentesis abocada al aborto de los Down, etc.) y también para cosas buenas como las mamografías cuyo consejo es muy acertado pero cuya imposición legal sería desproporcionada.

• Ver la imagen de su hijo antes de decidir sobre su vida o muerte no es solo un derecho de la mujer sino que debiera ser una obligación moral para ser responsable, y debe ser animada a hacerlo; pero eso no significa que sea una potestad del Estado obligarla a ello. Son cosas distintas.

• El fin no justifica los medios. Por eso, el convencimiento de que el fin que pretendemos es bueno (salvar la vida de un no nacido) no nos exime de la obligación de acreditar de forma razonada que el medio también es bueno y razonable (en este caso, que es bueno dar al Estado el poder de imponer a una mujer la visión de la ecografía de su hijo).

La naturaleza y la razón, verdaderas fuentes del derecho
El seguimiento de esta polémica y más allá de su objeto específico, me sugiere algunas consideraciones de carácter general que entiendo pueden ser útiles para quienes defendemos la vida –por ejemplo, para los católicos- cara al próximo debate sobre la reforma de la ley del aborto. He aquí algunas de mis sugerencias sobre ideas a tener en cuenta en esta materia:

• Quienes defendemos el derecho a vida -los católicos, por ejemplo- no tenemos un modelo ideal de ley bajado del cielo que debamos compartir necesariamente. A este respecto, me parece especialmente ilustrativa la doctrina cristiana tal y como, por ejemplo, la expuso Benedicto XVI ante el Bundestag alemán el 22 septiembre 2011 cuando afirmó que “el cristianismo nunca ha impuesto al Estado y a la sociedad un derecho revelado, un ordenamiento jurídico derivado de una revelación. En cambio se ha remitido a la naturaleza y a la razón como verdaderas fuentes del derecho”, idea que también puso de manifiesto ante el parlamento británico un año antes en Westminster cuando con gran fuerza afirmó que el papel de la religión en el debate político no es proporcionar las normas ni las soluciones políticas concretas, sino “ayudar a purificar e iluminar la aplicación de la razón al descubrimiento de principios morales objetivos”.

• Por ello, no debemos extrañarnos de que en cuestiones prudenciales relativas al bien posible o a los medios para conseguirlo –la cuestión de las ecos, por ejemplo, o si conviene manifestarse hoy o pasado mañana, o si este proyecto de ley es el mejor posible o no, etc.- no todos coincidamos en el mismo criterio.

• Debemos todos, en estas cuestiones prudenciales, ser suficientemente honrados para defender con razones y en libertad nuestros criterios, sin pretender imponer a los demás nuestras opiniones o puntos de vista como si fuesen los únicos posibles y aceptables entre los defensores de la vida. Especialmente exigente es para los católicos, entiendo, no arrogarse frente a los demás católicos y los demás ciudadanos una portavocía de la verdad o la ortodoxia que nadie nos ha otorgado a título individual. Si los titulares de la potestad de enseñar en la Iglesia creen que debe mantenerse un criterio único en una materia concreta ya nos lo dirán; mientras tanto, pretender sustituirlos a título individual repartiendo excomuniones subjetivamente decididas me parece poco prudente y muy poco cristiano.

• Nadie tiene derecho a implicar a todos los defensores de la vida –o a la Iglesia en el caso de los católicos- en sus personales apreciaciones sobre cómo debe legislarse o qué juicios deben emitirse sobre las propuestas de los demás (sean éstas opiniones o propuestas legislativas) ni para pretender que la propia estrategia para defender la vida deba ser compartida y apoyada por todos los demás. En el caso del catolicismo, corresponde al Magisterio emitir estos juicios con voz autorizada si procede, sin que nadie en particular esté legitimado para identificar su juicio u opinión personal con el criterio que todos deberían seguir.

• Hay que ser suficientemente honrados para asumir la responsabilidad de las propias opiniones, decisiones e iniciativas, sin pretender ampararlas en, o atribuirlas a, la Iglesia si no hay fundamento para ello. Nadie tiene derecho a usar la común sintonía en la causa provida para exigir a otros el apoyo a sus particulares iniciativas en cualquier campo, sea el asistencial, el del activismo social o el de la política. Quienes tal cosa pretendiesen demostrarían escasa –y poco cristiana, dicho sea de paso- comprensión de la libertad personal.

• En materia de aborto, la vida del no nacido es el bien fundamental en juego, pero no es el único. Si alguien creyese que toda medida que a él subjetivamente le parezca útil para evitar abortos es digna de ser impuesta por la ley sin más, creo que podría equivocarse gravemente pues también debe ponderarse la mujer y sus derechos como persona y los límites éticos del poder del Estado y de la ley, entre otros parámetros. No podemos olvidar que el fin no justifica los medios, que no todo lo que es bueno puede imponerse por el Estado, que la dignidad de la persona es digna de protección como lo es el derecho a la vida, que.... las medidas concretas más idóneas para defender la vida en un país y época concreta no están predefinidas con carácter indeleble en las nubes sino que deben ser alumbradas con prudencia y reflexión por los ciudadanos responsables en un clima de propuestas en libertad.

• Quien atribuyese a un defensor de la vida una traición a esta causa solo porque discrepa de él en cuestiones prudenciales o instrumentales, demostraría que no es capaz de amar la libertad que es tan don de Dios como la vida. Quien pretenda imponer su opinión o sus estrategias en estas materias prudenciales a los demás como si fuesen las únicas posibles, estaría violando la legítima libertad de esos “demás” de forma inaceptable. Quien crea que, por el mero hecho de tener en cuenta el resto de bienes y valores en juego, alguien está renunciando a defender la vida del niño, demostraría escasa prudencia y justicia en su juicio.

Con la mujer, no en su contra
Para concluir, permítaseme resaltar que -en mi opinión- hoy defender la vida frente al aborto exige incorporar a esta causa a la mujer que se plantea abortar pues treinta años de aborto legal e incentivado desde el Estado han convertido a la mujer en otra víctima del aborto. No podemos evitar abortos eficazmente sin ponernos al lado de la mujer embarazada para construir con ella decisiones a favor de la vida. Por ello, las leyes también deben incorporar esta perspectiva, la perspectiva Redmadre. Las leyes no pueden hoy apoyar la represión del aborto principalmente –y aún menos, exclusivamente- sobre la amenaza a la mujer, sino que deben apoyarse en la mujer, en su responsabilidad incentivada y promovida, para generar la decisión de defender la vida. La amenaza penal y la coerción del Estado, deben centrarse hoy en quienes coadyuvan al aborto por razones profesionales, mercantiles o de egoísmos varios. Hoy la defensa de la vida frente al aborto debe construirse en colaboración con la mujer embarazada, no contra ella. Y ésta debe ser también la óptica de una ley que pretenda ser eficaz para nuestros tiempos.

A los que defendemos la vida por profundo amor a la verdad sobre el hombre y su dignidad, se nos debe notar en el debate público sobre el aborto que amamos todo lo humano y a todos los implicados en este drama; que no somos unos fanáticos defensores de un modelo abstracto de ley que queremos imponer como sea a los demás, sino enamorados de lo humano, de la vida y de la libertad, de la justicia y de la misericordia; que no nos obsesiona meter a nadie en la cárcel, sino construir en libertad una sociedad más justa donde ningún niño aún no nacido esté desprotegido por no tener voz y donde ninguna mujer esté sola y sin ayuda para ejercer su derecho a ser madre. Y para ello, proponemos razonadamente nuestras convicciones en libertad.

[Publicado en Alfa y Omega.]