La cuestión legal sobre el aborto

Fueron los comunistas rusos, en 1920, y luego los nazis en Alemania en 1935, los primeros en permitir y legislar el aborto. Este problema del aborto ha adquirido en los últimos tiempos gran actualidad por las discusiones provocadas en varios países, entre ellos especialmente en España, por su despenalización o su legalización. La diferencia está en que lo legalizado, lo legal, es un derecho que cuenta con la protección del Estado; mientras que despenalizar no supone que sea legal, ni que el Estado deba protegerla, sino simplemente que, aunque sigue siendo una conducta delictiva, en determinadas circunstancias el Estado no la castiga. El Estado actual debe ser, según el artículo 16, 3 de nuestra Constitución respetuoso con las creencias religiosas de la sociedad española y por ello debe mantener las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y demás confesiones, por lo que es aconfesional, que no es lo mismo que laicista, aunque sí es pluralista y no ligado a ninguna moral propia de una confesión religiosa, siendo su tarea proteger los derechos humanos, derechos que no crea el Estado, sino que son inherentes al ser humano y anteriores a cualquier reconocimiento estatal. La vida humana es siempre un valor en sí, un derecho humano y constitucional fundamental, y este valor debe ser respetado en cualquier circunstancia.

Todas las leyes civiles han de verse desde el punto de vista del bien común o del justo orden público. Está también claro que en los países en los que las leyes civiles no aceptan el aborto, éstas se ven masivamente burladas y que las mujeres de buena posición económica pueden ir a abortar al extranjero con mayores garantías de seguridad e higiene que quienes recurren al aborto clandestino. Es igualmente cierto que las leyes civiles por sí solas son radicalmente insuficientes para cristianizar un país, aparte de que no es esa su misión, y que hay el dato sociológico que en la realización del aborto influye más la ausencia de una práctica religiosa, que el pertenecer a una determinada confesión religiosa, pues lo que realmente influye es el vivir o no un sentido transcendente de la existencia. Hay también el hecho que vivimos en una sociedad pluralista y que muchos no piensan como nosotros que el aborto sea un crimen.
En efecto, quienes reclaman la protección eficaz de la vida son atacados repetidamente con el argumento de que pretenden imponer por la fuerza sus ideas morales a los demás, a aquéllos cuya concepción del hombre es completamente distinta de la suya. En una sociedad pluralista, se sigue diciendo, no se debería hacer una cosa así.

Ante este argumento, hay que responder que es mucho más verdad que las leyes deben servir para proteger los derechos propios y ajenos, que la democracia se basa en la defensa de los derechos humanos y que por ello las leyes ni pueden ni deben ser tolerantes con los que violan los derechos de los demás, por ejemplo ni la tortura, ni la esclavitud, ni la violación, pueden encontrar protección legal, pero aún más importante es el derecho a la vida y por ello no podemos alegar el derecho a la libertad de pensamiento para aprobar una ley que prive a los niños aún no nacidos, aunque estén en las primeras semanas de gestación, de su derecho más fundamental, el derecho a la vida. “La tolerancia legal del aborto o de la eutanasia no puede de ningún modo invocar el respeto de la conciencia de los demás, precisamente porque la sociedad tiene el derecho y el deber de protegerse de los abusos que se pueden dar en nombre de la conciencia y bajo el pretexto de la libertad” (Encíclica de Juan Pablo II, Evangelium vitae, 71). Quienes estamos convencidos de que son seres humanos estamos obligados a luchar por sus derechos, siendo nuestro deber, a través de las vías democráticas, proponer a la sociedad y a las instituciones todo aquello que haga que las condiciones sociales, económicas y políticas favorezcan la procreación y la dignidad humana. Sería preciso tener la seguridad absoluta de que los niños no nacidos no son seres humanos para poder justificar el matarlos. En cuanto a la frase de Bibiana Aído que el feto “es un ser vivo, pero no un ser humano”, es totalmente anticientífica.
En consecuencia, la despenalización del aborto, que priva a los más débiles de su derecho más fundamental, no parece compatible ni con el bien común, ni con el justo orden público. Es una ley injusta y una práctica inmoral.