Peligro woke en la LOSU del Gobierno: mil profesores piden neutralidad de las universidades públicas

El historiador inglés Paul Johnson, en su libro de 1987 "La historia de los judíos" (950 páginas en Zeta Bolsillo) describe cómo los nazis se apoderaron del ambiente universitario alemán (pág. 696 a 700). Cuando aún eran muy débiles en Alemania, los nazis empezaron a adquirir poder amedrentando a los profesores y alumnos judíos.

El historiador lo escribe así: "Las propias autoridades jamás adoptaron medidas decididas para frenar la prepotencia estudiantil. No es que los profesores fuesen pronazis, pero eran enemigos de Weimar y la democracia, y sobre todo se mostraban cobardes frente a actos estudiantiles que ellos sabían que eran condenables, un presagio de la cobardía más general que la nación demostraría después. En consecuencia, los nazis controlaron de modo efectivo los claustros dos o tres años antes de apoderarse del país".

Así, la Historia enseña que un grupo de activistas suficientemente agresivos puede amedrentar y "controlar de modo efectivo los claustros" si no se defiende la libertad en las universidades, por lo que las universidades públicas no deben tener ideología, han de ser ideológicamente neutras para permitir el debate vigoroso y deben dedicarse a lo académico.

Lo contrario, es permitir que activistas woke, o independentistas, o de extremismos populistas, o de otra corriente ideologizada, tomen el control, impongan un ideario y amedrenten a los que piensan distinto o disienten.

El peligro de la LOSU contra el libre debate

Para evitar que la nueva ley universitaria LOSU que proyecta el Gobierno PSOE-Podemos facilite este peligro, más de mil profesores universitarios españoles han lanzado una Carta abierta a senadores y diputados con el título "Por la neutralidad ideológica de nuestras universidades" (aquí el texto y firmantes).

Los firmantes, "profesores de universidades españolas", explican que "conocido el texto del proyecto de la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) aprobado recientemente por el Congreso, y ante su próximo debate en el Senado", ven con preocupación su artículo 45.2g que establece que los claustros universitarios tienen que “analizar y debatir otras temáticas de especial trascendencia”. Es una adaptación de un texto propuesto por ERC y Bildu (independentistas catalanes y vascos de izquierda radical) que pedía a las universidades “analizar, debatir y posicionarse [el subrayado es nuestro] sobre temáticas de especial trascendencia social, cultural, jurídica, económica o política”.

La diputada Marta Rosique, de 26 años y de las Juventudes de Esquerra Republicana, declaró en el Congreso el 21 de diciembre: “Hasta ahora, universidades como la de Barcelona o la Politècnica de Catalunya eran denunciadas ante los tribunales por posicionarse sobre temas de profunda actualidad política y de afectación en su entorno. Cuando se apruebe esta ley, las universidades podrán analizar y debatir temáticas de actualidad por ley".

En el vídeo, Marta Rosique con 21 años, en 2018, anunciando actos de la campaña "Universidad por la República". Hoy es diputada, entusiasta de la LOSU. El tema no es que universitarios se expresen por una causa (algo que siempre se ha hecho y tiene muchos cauces), sino que el claustro y la universidad en sí asuman una postura en política o ideología y deje así de ser un lugar de libre debate y expresión para todos. 

Proteger la neutralidad ideológica de la universidad pública

Los firmantes recuerdan sentencias (1836/2022, del TSJ de Cataluña; 1536/2022, del Tribunal Supremo) que defienden el derecho de profesores universitarios a su libertad ideológica y de expresión cuando sus universidades han adoptado posturas partidistas en temas controvertidos (por ejemplo, un manifiesto de universidades catalanas criticando las sentencias por el 'procés' en 2019).

El woke grita indignado y haciéndose la víctima busca acallar a los demás, amedrentando y amenazando. En la universidad eso puede permitir imponer una ideología y acallar todas las demás corrientes. Foto de Yogendra Singh en Unsplash.

Las sentencias recordaron que en España "las universidades públicas están sometidas al deber constitucional de neutralidad ideológica, que la libertad de expresión es un derecho individual, y que la autonomía universitaria tiene un carácter instrumental, puesto que se constituye exclusivamente como garantía de la libertad de cátedra".

Los firmantes de la Carta recuerdan que "el claustro no es un órgano de representación política, sino académica. Los claustrales, elegidos mediante un sistema de voto ponderado, y muchos de ellos miembros natos en función de los cargos que ocupan, no están legitimados para articular una voluntad política colectiva".

Los firmantes no llegan a usar el concepto "woke" (que amedranta y silencia al disidente) pero sí señalan que el libre debate en las universidades "se ve amenazado desde varios flancos, como denuncia la reciente Declaración de Stanford sobre libertad académica, “Restoring Academic Freedom”, aprobada a principios de noviembre de 2022 y suscrita por más de mil profesores".

"No es función del claustro posicionarse en temas no académicos"

Los firmantes piden suprimir el artículo 45.2. g de la LOSU, "puesto que no debe ser función del claustro analizar y debatir (y mucho menos “posicionarse” sobre) cuestiones de índole no académica, y para evitar que pueda ser interpretado de manera que redunde en lesiones de la libertad ideológica, la libertad de expresión y la libertad de cátedra".

También piden "que se incorpore al texto de la LOSU una referencia clara a la neutralidad ideológica de los órganos académicos de gobierno y representación, que no es más que la aplicación a la Universidad del más genérico principio de neutralidad de las administraciones públicas".

"Nuestras universidades serán más plurales y más críticas, y contribuirán mejor a la formación de opinión pública, si se abstienen de pronunciarse institucionalmente sobre “temáticas de especial trascendencia” y a cambio se mantienen como espacios de libertad donde todas las “temáticas” puedan ser abordadas y todas las opiniones puedan ser expresadas, sometidas únicamente al tribunal de la razón y no al de la autoridad", finaliza la propuesta.

Entre los firmantes, de diversas tendencias, están los pensadores Fernando Savater, Félix de Azúa; el escritor Félix Ovejero; el economista Jorge Calero o los ex magistrados del Tribunal Constitucional (TC), Manuel Aragón y Alfredo Montoya.

Los profesores universitarios pueden añadir su firma en este formulario online
https://forms.gle/4mmmUatvj55Q8voG8

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