España Educa en Libertad pide al PP que no haga recortes antifamilia en su nueva ley educativa

Estos días los medios de comunicación en España están anunciando la inminente aprobación de la LOMCE, la nueva ley educativa, en el próximo Consejo de Ministros del 10 de mayo.

La reforma recibía hace unos días el dictamen del Consejo de Estado que concluía remitir el anteproyecto de Ley Orgánica al Consejo de Ministros para su aprobación, tras hacer una serie de observaciones a dicho anteproyecto.

La federación España Educa en Libertad (ESEL), considera, en un comunicado, que "la LOMCE es un paso importante para mejorar la calidad de la enseñanza y garantizar la libertad de educación y los derechos de las familias, aunque aún hará falta concretar más medidas para que estos objetivos sean una realidad".

"Es importante que los retoques, que ya ha anunciado el ministro José Ignacio Wert que se incorporarán al borrador de la ley, no supongan, en ningún caso, un paso atrás", detalla la federación.

Las entidades de ESEL reclaman que se garantice:

- la eliminación definitiva de Educación para la Ciudadanía,

- el derecho de los padres a que sus hijos estudien en castellano como lengua vehicular,

- el respeto de los conciertos a los centros con ideario propio, incluyendo los de educación diferenciada

- la impartición de la asignatura de religión en condiciones equiparables a las demás disciplinas fundamentales (como exige el art. 2 del Acuerdo de España con la Santa Sede)

ESEL recuerda que se trata de "derechos fundamentales consagrados en la Constitución, así como a uno de los compromisos electorales del PP".

"Los anunciados retoques deben ir encaminados a aclarar aquellas cuestiones que a juicio del Consejo de Estado no han quedado suficientemente claras (como la distinción entre asignaturas troncales y específicas, los conciertos con colegios de educación diferenciada o las cuentas de la memoria económica, tal como ya ha adelantado el ministerio)", apunta la federación.

Las entidades de ESEL recuerdan específicamente que la imposición de Educación para la Ciudadanía supuso una enorme polémica social, "por la manipulación que el anterior gobierno hizo" a partir de ciertas recomendaciones europeas.

Congreso en 2008 de jóvenes objetores a Educación para la Ciudadanía

con unos recursos pendientes de resolución en el Tribunal Constitucional, que han presentado abogados de la federación en defensa de los derechos fundamentales de las familias.

"Es importante que se den con agilidad los pasos necesarios para que la Ley Orgánica entre en vigor lo antes posible y se vaya avanzando en la consecución de un sistema educativo de calidad en el que quede garantizada la libertad de educación y de elección de las familias", añaden.