Viernes, 10 de enero de 2025

Religión en Libertad

El PSOE pone nombre a quienes protege por sus ofensas a la religión: Wyoming, Dani Mateo, Lalachus

Patxi López.
Patxi López, portavoz del grupo parlamentario socialista, anunció ante los medios en el Congreso de los Diputados el registro de su proposición de ley para despenalizar la ofensa a los sentimientos religiosos.

C.L.

El PSOE presentó este viernes una proposición de ley para suprimir el artículo 525 del Código Penal, que tipifica las ofensas a "los miembros de una confesión religiosa" o a "quienes no profesan religión o creencia alguna", al castigar con multas de ocho a doce meses a quienes "hagan públicamente, de palabra, por escrito o mediante cualquier tipo de documento, escarnio de sus dogmas, creencias, ritos o ceremonias, o vejen, también públicamente, a quienes los profesan o practican".

Al explicar el sentido de esa iniciativa, el portavoz del grupo parlamentario socialista en el Congreso de los Diputados, Patxi López, puso nombre a aquellos a quienes quiere proteger, al poner como ejemplo "el proceso iniciado contra El Gran Wyoming o Dani Mateo por sus comentarios sobre la Cruz del Valle de los Caídos o el último de Lalachus".

El "comentario" al que se refería López no fue un comentario, sino un insulto directo. En 2017, en el programa El Intermedio de laSexta, se refirieron a la Cruz del Valle de los Caídos como "esa mierda". La denuncia planteada contra ambos fue archivada.

La Cruz del Valle de los Caídos está reconocida por el Libro Guinness de los Récords como la mayor del mundo.

En cuanto a Lalachus, el pasado 31 de diciembre, durante las campanadas de fin de año en Televisión Española (cuyo control absoluto tomó recientemente el Gobierno), mostró una imagen ofensiva contra el Sagrado Corazón de Jesús.

Según el portavoz socialista, el artículo 525 "es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico, pero sobre todo a nivel personal, sin fundamento alguno".

Desprotección de un derecho

López intentó encubrir la desprotección de un derecho fundamental que implica la supresión de dicho delito alegando que "si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona, está el delito de injurias, si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos están los delitos de odio, y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal", que castiga a quienes impiden o perturban los actos de culto.

La supresión de un tipo penal, en cualquier caso, implica que deja de ser perseguible el acto tipificado, que en el artículo 525 es distinto y específico respecto a los citados por el dirigente socialista. Por tanto, lo que el PSOE propone es que el "escarnio público" de "dogmas, creencias, ritos o ceremonias" pase a estar amparado por la ley. El "escarnio" es un tipo penal que no impide la crítica, ni siquiera la crítica acerba, pues no busca proteger el objeto (el dogma o el rito), sino el sujeto (la víctima), pues lo que caracteriza al escarnio es "el propósito de afrentar" a la víctima.

La proposición de ley del PSOE ejecuta el acuerdo alcanzado con Sumar en julio de 2024 de eliminar el delito de ofensa a los sentimientos religiosos. Pero ha sido llevado a la práctica en consonancia con la blasfemia de Año Nuevo en la televisión pública, y en el contexto de una operación de entorpecimiento de la actuación judicial en las causas que investigan el entorno político y familiar de Pedro Sánchez por posibles delitos de corrupción.

En concreto, los socialistas buscan que las acusaciones populares no puedan intervenir durante la fase de instrucción de un proceso, que se limitaría a las acusaciones particulares y a la fiscalía... la cual obedece al fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno y actualmente imputado por revelación de secretos coadyuvante con la campaña de Sánchez contra la presidente de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso).

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