Fiscal pide 66 años para fundador de los miguelianos
Diario El Mundo
Un total de 66 años de prisión como presunto autor de un delito de asociación ilícita, doce contra la integridad moral, cinco de coacciones y tres contra la libertad sexual. Esta es la condena que solicita la Fiscalía de Pontevedra para Feliciano Miguel Rosendo, el líder de la Orden y Mandato de San Miguel Arcángel, la considerada por sus ex adeptos como secta de los Miguelianos.
El Juzgado de Instrucción número 1 de Tui (Pontevedra) que instruyó la causa dio por finalizado el sumario el pasado mes de noviembre, tras tres años de instrucción desde que en el año 2014 se destapó este caso y Miguel Rosendo ingresó en prisión acusado de prácticas como mantener contactos carnales con las llamadas consagradas miguelianas -mujeres que vestían como monjas y ejercían como tales en la asociación- "para purificarlas".
El juez envió el caso a la Audiencia Provincial procesando a 17 personas y atribuyendo a Miguel Rosendo 53 delito, de los que 26 tienen naturaleza sexual. El fiscal ya había pedido la apertura de juicio oral en febrero y ahora acaba de presentar su escrito de acusación pidiendo que se sienten en el banquillo de los acusados solo siete personas.
En concreto, pide que se juzgue al presunto líder y también a los madre y padre generales de la vida consagrada femenina, Ivana Lima y Esteban R.M.; los madre y padre de la buena huella, Iria Quiñones y José Carlos A.M.; la denominada fiscal de la Orden, Dolores E.L.; y a la fiscal provincial de la Comisión Permanente Provincial, Belén E.F.. No incluye en la lista a la que estaba considerada como mano derecha del líder ni a su familia, que también estuvieron investigados en esta causa.
Además, el escrito dirigido a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra que juzgará el caso recoge que considera que en esta causa debe responder como responsable civil el Obispado de Tui-Vigo, en tanto que Orden y Mandato contó durante años "con el apoyo en la religión católica" y encontró "el cobijo del aparato oficial de la Iglesia Católica en el Obispado".
En concepto de responsabilidad civil, el fiscal pide que el acusado y el Obispado indemnicen con 36.000 euros a las doce víctimas del delito contra la integridad moral -3.000 por cabeza- y con 72.000 a las víctimas de los tres delitos contra la libertad sexual -24.000 a cada una de ellas-. Todo para resarcirlas de los "daños morales causados".
El escrito de acusación del fiscal sostiene que Feliciano Miguel, en prisión por esta causa, fundó la asociación en el año 1989 y la mantuvo activa hasta 2012. Durante estos 13 años actuó "con el ánimo de dominar y manipular a sus miembros para someterlos a su voluntad" garantizando su total entrega y disponibilidad "por el uso de violencia o intimidación mediante técnicas de adoctrinamiento".
Le atribuye el fiscal técnicas basadas en la persuasión coercitiva para "quebrantar total o parcialmente la personalidad de los individuos" que iba captando y su capacidad de discernimiento. Lo hacía "bajo la excusa de la religión que profesaban" y para "satisfacer tanto sus deseos sexuales como ejecutar actos de beneficio personal o lucrativo".
Delitos sexuales
Entre los delitos que le atribuye figuran finalmente solo tres contra la libertad sexual: uno continuado de agresión sexual continuado y dos continuados de abuso sexual. Por ellos le pide penas de prisión, pero prohibición de aproximarse a sus víctimas, a sus domicilios, lugares de trabajo o en cualquier lugar en que se encuentren en una distancia inferior a 1.000 metros, así como de comunicarse con ellas por cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal o visual por tiempo de 10 años superior a la pena de prisión.
Además, añade que, para conseguir tales fines, con la colaboración de los otros seis acusados, a los que designó como cargos intermedios. Los seis colaboraban en los actos de adoctrinamiento, vigilancia y control de sus seguidores siempre "a sabiendas de sus técnicas de sometimiento de la voluntad y de anulación de la capacidad crítica".
El fiscal mantiene que hasta la conformación definitiva de Orden y Mandato, los acusados se van integrando en el grupo de manera sucesiva en el tiempo, teniendo como punto de partida el negocio dedicado a herboristería y tratamientos no convencionales que el fundador tenía en cinco locales de Vigo en la década de los 80. Originariamente, los miembros toman contacto con el fundador al acudir a las consultas y servicios profesionales y ahí les va captando.
A estas seis personas, el fiscal las atribuye un delito de asociación ilícita por pertenecer a Orden y Mandato y pide que sean condenados a 2 años de prisión y una multa de 6.480 euros (24 meses con una cuota diaria de 9 euros).
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